El gobierno, encabezado por Carlos Montes en la negociación, intentó posponer el desalojo con un protocolo firmado en febrero. Pero la mesa técnica fracasó. El Estado ofreció pagar 0,21 UF por metro cuadrado, mientras los dueños pedían 0,4 UF. El desacuerdo parece un asunto técnico, pero detrás está el dilema central: ¿vale más el derecho abstracto de propiedad que el derecho concreto a la vivienda de 10 mil personas?
Por Equipo El Despertar
La crisis habitacional chilena mostró nuevamente su rostro más brutal en San Antonio. Tras meses de negociaciones fallidas, la inmobiliaria dueña del terreno del cerro Centinela decidió reactivar la solicitud de desalojo contra más de 10 mil personas que viven en la llamada “megatoma”. El Ministerio de Vivienda intentó extender los plazos y buscar un acuerdo, pero la empresa se negó a aceptar el precio ofrecido por el Estado. En otras palabras, el derecho a la vivienda de miles de familias depende hoy de una disputa sobre cuántas UF vale un pedazo de tierra.
La empresa fue categórica en su comunicado: “El Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional”. Lo que en el lenguaje empresarial suena a defensa de “legítimos intereses” significa, en términos concretos, que la vivienda de miles de trabajadores se subordina al cálculo de ganancia de dos propietarios: Ricardo Posada y Carlos Solari. La apelación al “Estado de Derecho” no es más que la exigencia de que la policía garantice sus escrituras, aunque eso implique arrasar con la vida de las familias que levantaron sus casas en el cerro.
El gobierno, encabezado por Carlos Montes en la negociación, intentó posponer el desalojo con un protocolo firmado en febrero. Pero la mesa técnica fracasó. El Estado ofreció pagar 0,21 UF por metro cuadrado, mientras los dueños pedían 0,4 UF. El desacuerdo parece un asunto técnico, pero detrás está el dilema central: ¿vale más el derecho abstracto de propiedad que el derecho concreto a la vivienda de 10 mil personas?
Marx lo señaló en El Manifiesto Comunista: “La propiedad privada, en su forma actual, se basa en la explotación de la inmensa mayoría por una minoría insignificante”. Aquí la fórmula se cumple con exactitud: mientras dos individuos reclaman “valores comerciales”, miles de familias se aferran al derecho elemental de tener un techo. El discurso de la inmobiliaria, “no queremos rebajar hasta el absurdo el valor de nuestro terreno”, revela con crudeza la lógica del capital: antes perderlo todo en el abandono que ceder un ápice de rentabilidad.
El rol del Estado es igualmente revelador. Más que garantizar el derecho a la vivienda, el gobierno actúa como mediador entre el hambre y la renta. Montes busca una “salida negociada” para evitar imágenes de desalojo masivo, pero nunca cuestiona el principio que subordina la vida a la propiedad. El Estado no aparece como árbitro neutral, sino como gestor del equilibrio entre los negocios privados y la estabilidad social mínima. Lenin lo dijo con precisión: “El Estado es un aparato de opresión de una clase por otra” (El Estado y la Revolución).
Mientras tanto, en el cerro Centinela la gente vive en la incertidumbre. Los niños que van a la escuela, las madres que trabajan en el comercio informal, los ancianos que levantaron mediaguas, todos saben que su existencia pende de una orden judicial. La megatoma no es un capricho: es la expresión desesperada de un pueblo que quedó fuera del mercado inmobiliario. Como recordaba José Carlos Mariátegui, “el problema de la tierra no es técnico ni jurídico, sino social y político”. Lo mismo vale para el problema de la vivienda en Chile.
El discurso de la inmobiliaria busca instalar que las familias son “usurpadoras” y que la empresa es una víctima. Pero lo que se defiende con uñas y dientes no es un derecho abstracto, sino un modelo de ciudad donde el suelo es mercancía y no espacio de vida. Por eso, aunque el caso de San Antonio parece local, en realidad es un síntoma de la crisis estructural del modelo chileno, donde el déficit habitacional supera las 600 mil viviendas y el mercado manda sobre cualquier política pública.
En definitiva, la “megatoma” no es el problema: es la respuesta popular a un problema creado por el capital. El verdadero dilema es si la sociedad chilena seguirá protegiendo la sacrosanta propiedad privada de unos pocos o si será capaz de poner en el centro el derecho colectivo a la vivienda. Como decía Rosa Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”. Para las familias del cerro Centinela, la barbarie es el desalojo; la esperanza, una salida que ponga la vida por encima de la renta.