El gobierno insiste en que la protesta “altera el orden” y “pone en riesgo derechos”. Pero cuando los precios suben por retirada estatal, el “derecho” del capital a recomponer tasas de ganancia se impone como ley natural. Marx lo dijo sin rodeos: “Entre derechos iguales decide la fuerza”. La fuerza aquí no es solo policía y decreto; es la coacción silenciosa de la necesidad: si el diésel sube, el camión traslada, la canasta encarece, el salario real cae. El mito de la “compensación focalizada” hace de paracetamol para una hemorragia.
Por Equipo El despertar
La administración de Daniel Noboa, en Ecuador, respondió a la protesta social como manda el manual del capital: Decreto Ejecutivo 134, “grave conmoción interna” y suspensión del derecho de reunión por 60 días en siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas). El detonante es claro y material: la eliminación del subsidio al diésel. No se trata de “orden público” abstracto, sino de quién paga la cuenta del ajuste. El Estado lo dice con tecnicismos; el mercado lo traduce en precios de transporte, alimentos y trabajo precarizado.
El mapa no es inocente. Varias de las provincias con restricciones concentran tejido popular e indígena organizado y corredores logísticos donde el diésel es sangre económica: transporte interprovincial, agricultura, pesca, comercio minorista. Quitar el subsidio desplaza renta desde asalariados, campesinos y pequeños productores hacia el bloque acreedor, importador, minero, mientras el Estado promete “normalidad”. ¿Normalidad para quién? Marx y Engels ya lo describieron sin maquillaje: “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto del Partido Comunista, Obras Escogidas, Ed. Progreso, 1980).
La narrativa oficial invoca el derecho a la libre circulación y al trabajo… para limitar la libertad de reunión. El truco es viejo: convertir el conflicto distributivo en un problema policial. En 2019, el “paquetazo” de Lenín Moreno reventó las calles por la misma palanca de los combustibles; hoy, la fórmula vuelve con barniz tecnocrático. El Estado de Excepción no declara toque de queda, pero condiciona el tejido organizativo: disuadir asambleas, cortar movilización, aislar provincias. La inflación que viene por vía logística no será “excepción”, será la regla.
En el trasfondo está la aritmética del capital: el subsidio no es “derroche” moral, es una porción de plusvalía retenida socialmente que ahora se reabsorbe para sanear cuentas externas, cubrir pagos a proveedores y lubricar negocios extractivos. La coincidencia temporal con marchas en defensa del agua y contra la minería en Azuay no es casualidad: la ofensiva combina ajuste tarifario y apertura extractiva, empujando el costo ambiental y social hacia abajo en la pirámide. Cuando se toca a la vez el bolsillo y el territorio, la respuesta popular no es un “exceso”, es lógica de autodefensa.
El gobierno insiste en que la protesta “altera el orden” y “pone en riesgo derechos”. Pero cuando los precios suben por retirada estatal, el “derecho” del capital a recomponer tasas de ganancia se impone como ley natural. Marx lo dijo sin rodeos: “Entre derechos iguales decide la fuerza” (El Capital, Libro I, Obras Escogidas, Ed. Progreso, 1980). La fuerza aquí no es solo policía y decreto; es la coacción silenciosa de la necesidad: si el diésel sube, el camión traslada, la canasta encarece, el salario real cae. El mito de la “compensación focalizada” hace de paracetamol para una hemorragia.
Las fracciones de clase se alinean con nitidez. Beneficiados: importadores de combustibles, banca (que adora el ajuste fiscal), conglomerados extractivos que exigen “seguridad jurídica” y rutas despejadas. Perdedores: transportistas, jornaleros, comerciantes y comunidades que verán mermado el ingreso y, de paso, militarizada su vida cotidiana. El Estado arbitra como siempre: garantizando la circulación de mercancías aunque se estanque la circulación de derechos. “Seguridad” significa, en la práctica, seguridad para la acumulación.
El horizonte inmediato es una ecuación de dos términos: o el costo del ajuste se socializa hacia abajo —con represión jurídica y mediática—, o la relación de fuerzas en las calles obliga a repartir pérdidas con los de arriba. La historia ecuatoriana reciente (levantamientos indígenas, 2019) muestra que cuando la protesta se territorializa y coordina, el precio político del ajuste se dispara. Si el gobierno cree que 60 días bastan para domesticar la contradicción entre salario y ganancia, subestima la persistencia de la lucha de clases: no es una “emoción”, es la forma cotidiana que adopta la economía política.
La conclusión es obvia y poco cómoda para el paladar liberal: no hay neutralidad en el Estado de Excepción. Es una herramienta de la dominación de clase para disciplinar el trabajo vivo y consolidar una transferencia de renta. Llamarlo “orden” no lo hace menos ajuste; llamarlo “grave conmoción” no borra que la conmoción real es la de los hogares que calculan si llenan el tanque o el plato.