En clave de clase, el mapa es obvio: abajo, docentes a contrata y honorarios sin tiempo de preparación remunerado; administrativos con escalas comprimidas; estudiantes con becas insuficientes. Arriba, una casta managerial blindada con bonos, asignaciones y “responsabilidades críticas”. Cuando el Estado exige planillas, estalla la defensa corporativa. Y cuando la defensa corporativa busca rostro, aparece Cubillos con la antorcha de la libertad. “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, Manifiesto, Obras Escogidas): si ese comité no aplica su propia condicionalidad, la “ley” es un póster.
Equipo El despertar
Marcela Cubillos salió en auxilio de 13 universidades privadas (y del G9) que se negaron a entregar planillas de remuneraciones al Mineduc, pese a que la Ley de Presupuestos 2025 fijó esa condicionalidad para quienes reciben fondos públicos. ¿El argumento? La “autonomía universitaria”, la “libertad” y la “protección de datos personales”. Traducido del latín gerencial: cuando entra dinero del Estado por la puerta, que la transparencia salga por la ventana. El detalle pintoresco es que Cubillos vuelve al ruedo un año después del estallido por su propio sueldo en la Universidad San Sebastián (17 millones brutos mensuales), para celebrar que nadie tenga que vivir esa incomodidad otra vez.
Lo esencial no es moral, es material. Estas instituciones chupan de múltiples cañerías públicas: gratuidad, becas y créditos, ANID, convenios de desempeño, arriendos y servicios al Estado. Pesos públicos implican reglas públicas. Quien cobra del erario debe rendir cuentas de quién se apropia del excedente: cuánta parte del presupuesto se va a cúpulas rectorales, vicerrectorías, “calidad” y consultorías, y cuánta baja a aulas, investigación y bienestar estudiantil. Alegar “datos personales” para ocultar rentas de dirección es como tapar un camión con una servilleta. Si hay sensibilidad, se publica por cargo y tramo con metodologías comparables; lo que no se publica no es por derechos, es por poder.
El discurso liberal llama “libertad” a la posibilidad de administrar fondos sin mirar por encima del hombro. Marx lo explicó sin poesía: “Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes” (La ideología alemana, en Obras Escogidas, Progreso, 1980). La idea dominante aquí es que la “autonomía” cubre cualquier cosa, incluso opacar la distribución del ingreso dentro de organizaciones que funcionan, de hecho, como empresas: matriculan “clientes”, tercerizan docencia, precarizan por hora y profesionalizan la gerencia. La autonomía académica (planes, métodos, pensamiento) no incluye patente de corso para ocultar sueldos con financiamiento público.
En clave de clase, el mapa es obvio: abajo, docentes a contrata y honorarios sin tiempo de preparación remunerado; administrativos con escalas comprimidas; estudiantes con becas insuficientes. Arriba, una casta managerial blindada con bonos, asignaciones y “responsabilidades críticas”. Cuando el Estado exige planillas, estalla la defensa corporativa. Y cuando la defensa corporativa busca rostro, aparece Cubillos con la antorcha de la libertad. “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, Manifiesto, Obras Escogidas): si ese comité no aplica su propia condicionalidad, la “ley” es un póster.
“Se viola la privacidad”, repiten. Interesante elasticidad: jamás la invocan para proteger la privacidad salarial de la base académica cuando se publican rankings internos o cuando recursos humanos exprime métricas. La privacidad, al parecer, florece solo por encima de los $8 millones. El truco es convertir un deber de transparencia en un “linchamiento” contra individuos, para eludir lo que importa: estructuras salariales, criterios de evaluación, partes relacionadas y cuánto de cada peso público aterriza en el aula.
El Estado tiene herramientas. La glosa 22 no es un poema; es una palanca. Se aplica con dientes o se entierra con editoriales. Condicionalidad efectiva significa: suspender transferencias a quien no reporte; publicar matrices homologadas (cargo, tramo, bonos, asignaciones, relación con empresas vinculadas); auditar de forma independiente y en formato abierto. ¿Quieren autonomía? Perfecto: renuncien a los fondos públicos y hagan con su plata privada lo que les plazca. Mientras tanto, rigen las reglas comunes.
La universidad no es un templo fuera de la sociedad: es un dispositivo de producción de valor. Si la plusvalía académica la produce el trabajo vivo en salas y laboratorios, el debate sobre sueldos no es chisme: es lucha por la distribución. Cubillos puede envolverlo en celofán liberal; pero “entre derechos iguales decide la fuerza” (Marx, El Capital, Libro I, Obras Escogidas). La fuerza aquí es la del presupuesto: o la usa el Estado para imponer transparencia, o la usan las rectorías para seguir administrando en penumbra.
La conclusión es tan sobria como incómoda: el gesto de Cubillos no defiende libertad; defiende opacidad con recursos del pueblo. Si el Mineduc retrocede, consolidará la doctrina de la autonomía sin cuentas: usted paga, yo dispongo, nadie mira. Si avanza, quizá descubramos por qué hay tanta alergia a un Excel.