En el extremo opuesto, Artés levanta plurinacionalidad con autonomías, restitución y control directo de recursos por parte de los pueblos originarios, retiro de fuerzas estatales y nuevo ordenamiento administrativo. Por primera vez alguien mueve el eje de lo policial a lo político-económico: ¿quién manda sobre el suelo, el agua y el bosque, y quién se apropia del excedente? “La llamada acumulación originaria no tiene nada de idílica” (Marx, El Capital, Libro I, Obras Escogidas): en el sur, esa “no-idilia” se llama despojo, concentración de tierras y enclaves extractivos.
Por Equipo El Despertar
Wall Mapu volvió a ser ring central de la campaña presidencial: Estado de Excepción vigente, comunidades en alerta y consulta indígena en curso. Los candidatos se ordenan en un abanico que va de la mano dura militarizada (Kast, Parisi, Kaiser, con Matthei en versión “integral”) a los parches mixtos (Mayne-Nicholls), pasando por el oficialismo austero de Jara, hasta el giro plurinacional de Artés. Nadie se atreve a decir que no pasa nada; lo que difieren son los sujetos a proteger: ¿la reproducción de la vida o la reproducción del negocio?
El bloque duro ofrece el menú conocido. Kast encierra el conflicto en la palabra “terrorismo” y blinda a policías y FF.AA.; Kaiser pide ocupación “efectiva” y hasta atajos constitucionales; Parisi alucina con ZAGLO: drones, “zona de exclusión operacional” de 150 km, glosa especial para comprar equipo militar sin licitación y hasta barcos-cárcel a 80 millas. Es la economía política del orden: más presupuesto para coerción, más contratos de seguridad, más logística militar en territorios donde la disputa real es por tierra, renta forestal y control de rutas. Marx lo dijo sin maquillaje: “Entre derechos iguales decide la fuerza” (El Capital, Libro I, Obras Escogidas, Progreso, 1980). Aquí la fuerza viene con timbre y decreto.
Matthei envuelve el garrote en powerpoint: “prevenir, proteger, perseguir y preparar respuesta”, reconocimiento constitucional de pueblos indígenas “como parte de una nación una e indivisible”, Comisión Especial de Tierras y, ojo, mecanismos alternativos a la restitución. Traducción: administrar el conflicto sin alterar la estructura de propiedad. Jara evita los grandes pronunciamientos y se refugia en la triada Seguridad-Fiscalía-Obras, sin comprometerse con tierras ni con la Comisión para la Paz y el Entendimiento. El lenguaje cambia, la gramática es la misma: paz como vigilancia.
Mayne-Nicholls propone un empate táctico: apoyo temporal militar, “Iluminar La Araucanía”, internet y lectura del Acuerdo por el Desarrollo y la Paz. Puede bajar tensiones y mejorar accesos, sí; pero si la luz solo ilumina camiones, faenas y servidumbres sin tocar régimen de propiedad, servidumbres forestales y distribución de la renta, será alumbrado público para que la misma película se vea mejor.
En el extremo opuesto, Artés levanta plurinacionalidad con autonomías, restitución y control directo de recursos por parte de los pueblos originarios, retiro de fuerzas estatales y nuevo ordenamiento administrativo. Por primera vez alguien mueve el eje de lo policial a lo político-económico: ¿quién manda sobre el suelo, el agua y el bosque, y quién se apropia del excedente? “La llamada acumulación originaria no tiene nada de idílica” (Marx, El Capital, Libro I, Obras Escogidas): en el sur, esa “no-idilia” se llama despojo, concentración de tierras y enclaves extractivos.
Porque el conflicto no es un misterio metafísico; es estructura de clases. De un lado, el complejo forestal-logístico-asegurador, contratistas y corredores que monetizan cada hectárea y cada peaje de seguridad. Del otro, comunidades mapuche, pequeños agricultores y trabajo precarizado que cargan con incendios, militarización y salarios bajos. El Estado arbitra, como siempre, del lado de la circulación del capital: “el poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, Manifiesto, Obras Escogidas).
El termómetro real de los programas no está en la palabra “paz”, sino en tres verbos que casi nadie conjuga: restituir, gravar, desmilitarizar. Restituir tierras con banco público, catastro transparente y compra prioritaria (o expropiación pagada) de predios estratégicos; gravar la tierra ociosa y la renta de extracción para financiar servicios, agua y caminos bajo cogestión comunitaria; desmilitarizar gradualmente con métricas y verificación social, mientras se desmonta el negocio de los “Estados de Excepción permanentes”. Sin eso, la “paz” será la vieja “seguridad” con mejor relatoría. Y recuerde: “La violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva” (Marx, El Capital, Libro I). Partera hay; lo que falta es la nueva.
En resumen: la campaña ofrece desde mano dura con contabilidad creativa hasta plurinacionalidad con control de recursos. Entre ambos polos, mucha retórica de gestión que evita nombrar lo indecible: propiedad y renta. Sin tocar ese núcleo, Wall Mapu seguirá dando votos, contratos y titulares; lo que no dará es justicia. Y entonces, cuando vuelvan a hablar de “orden”, sabremos que se refieren al orden de siempre.