Mallplaza promete “bienestar de colaboradores y visitantes” mientras congela al proveedor. Pero si el guion corporativo premia “rápida neutralización”, si el staffing busca abaratar costo por hora, si no hay co-respuesta con salud mental ni rutas claras de desescalamiento, la suspensión es un gesto cosmético. Mañana llegará otro operador con el mismo pliego: cámaras, rondas, “capacitación”, y la misma orden implícita de preservar la fluidez del consumo a cualquier costo.
Por Equipo El Despertar
Mallplaza suspendió el servicio de Securitas Chile en su centro comercial de La Florida tras el asesinato de un joven de 27 años reducido por guardias de seguridad. Según la familia, el SML estableció estrangulación como causa de muerte; la Fiscalía Oriente investiga. La empresa emitió su tercer comunicado: apoyo psicológico y legal a la familia, colaboración con la investigación y eventual acción civil “contra todos quienes resulten responsables”. Manual de crisis al pie de la letra: primero aislar el daño, después tercerizar la culpa. ¿Pero quien ese hace responsable?
El fondo es estructural. Los malls son espacios semipúblicos privatizados donde la “seguridad” se compra como servicio y se gestiona con KPIs: minimizar “incidentes”, maximizar “sensación de seguridad” para proteger la renta comercial del metro cuadrado. Se externaliza el riesgo a una contratista de baja rotación y salarios contenidos; se internaliza la plusvalía de la circulación mercantil. Cuando algo estalla, el contrato es cortafuegos: “suspendido el proveedor”.
La pregunta incómoda no es solo quién apretó: es qué protocolos ordenan apretar. En la industria de seguridad privada abunda la formación exprés, la subcontratación en cadena, los turnos extensos y los incentivos equivocados: “controlar” cuerpos considerados disruptivos. En esa topografía, un episodio de desregulación psiquiátrica, la familia habla de esquizofrenia, se lee como “amenaza” antes que como emergencia sanitaria. El resultado es el que vemos: técnicas de reducción que restringen el aire y terminan en tragedia. “Entre derechos iguales decide la fuerza” (Marx, El Capital, Libro I, Obras Escogidas): la fuerza aquí es un brazo, una rodilla y un perímetro comercial que no admite desorden.
Mallplaza promete “bienestar de colaboradores y visitantes” mientras congela al proveedor. Pero si el guion corporativo premia “rápida neutralización”, si el staffing busca abaratar costo por hora, si no hay co-respuesta con salud mental ni rutas claras de desescalamiento, la suspensión es un gesto cosmético. Mañana llegará otro operador con el mismo pliego: cámaras, rondas, “capacitación”, y la misma orden implícita de preservar la fluidez del consumo a cualquier costo.
El Estado aparece cuando todo terminó: carabineros, fiscal, SML. Lo que falta está antes: redes de salud mental con capacidad de respuesta in situ, protocolos interinstitucionales para crisis en espacios de alta afluencia, y una regulación de seguridad privada con dientes: prohibición expresa de maniobras de compresión cervical/torácica, certificación real (no declarativa), responsabilidad solidaria de mandantes frente a muertes en su perímetro y auditorías públicas de incidentes críticos.
La economía política del caso reparte dolor abajo y blinda arriba. Pierde una familia que no verá de vuelta a su hijo; pierden guardias precarizados que cargarán penalmente con decisiones inducidas por el diseño del contrato; gana la cadena de subcontratos que seguirá facturando “prevención” y las marcas que protegen su ticket promedio. Si no se toca la matriz de incentivos, la próxima “neutralización” será solo cuestión de calendario.
Lo mínimo material: paralizar cualquier protocolo que permita llaves que comprometan la vía aérea; co-gestión obligatoria con emergencias de salud mental (duplas especializadas) en malls de alta afluencia; publicación trimestral de incidentes, uso de fuerza y sanciones por centro; seguros obligatorios con cobertura a víctimas y responsabilidad solidaria del mandante; y una reforma que coloque a la seguridad privada bajo estándares públicos de uso de la fuerza. Llamarlo “accidente” no borra que es sistema.