En un acto que desafía la lógica implacable del capitalismo inmobiliario, el pequeño pueblo francés de Ambert ha lanzado una iniciativa audaz: vender casas por el precio simbólico de un euro (apenas mil pesos chilenos). Esta medida, que en la superficie parece una simple solución a la despoblación, es en realidad un poderoso contrapunto a la mercantilización de la vivienda y un ejemplo de cómo la acción colectiva puede priorizar el valor de uso sobre el valor de cambio.
La crisis de la vivienda en muchas partes del mundo no es un accidente, sino una consecuencia inherente del sistema capitalista. La vivienda deja de ser un derecho humano fundamental para convertirse en una mercancía más, sujeta a la especulación y la acumulación de capital. Esto genera plusvalía para los propietarios y desarrolladores, mientras vastos sectores de la población se ven excluidos del acceso a un techo digno, y al mismo tiempo, propiedades enteras quedan vacías como activos a la espera de valorización.
Ambert, con sus alarmantes tasas de desocupación y la amenaza de convertirse en un pueblo fantasma, no ha esperado una “corrección del mercado”. En cambio, su gobierno local ha intervenido de forma directa, expropiando de facto el valor especulativo de estas propiedades y reorientándolas hacia la necesidad social. Al ofrecer estas viviendas a un costo irrisorio y establecer condiciones que exigen residencia y renovación, el pueblo subvierte la lógica de la inversión privada y la transforma en una inversión social y comunitaria.
Esta iniciativa demuestra que, incluso dentro de las limitaciones del sistema existente, es posible implementar políticas redistributivas que desmercantilicen bienes esenciales. No se busca un beneficio individual para el comprador, sino la revitalización del tejido social y económico del pueblo. Se rescatan propiedades ociosas, se atrae fuerza de trabajo y consumo local, y se fortalecen los servicios públicos (escuelas, centros de salud) que son vitales para la reproducción de la vida social.
El caso de Ambert nos invita a reflexionar sobre la contradicción fundamental del capitalismo: la producción para la ganancia versus la producción para la necesidad. Al sacar estas viviendas de la órbita de la acumulación de capital y ponerlas directamente al servicio de la comunidad, Ambert no solo está salvando un pueblo, sino que está sembrando una semilla de alternativa anticapitalista en la forma de entender y gestionar la vivienda, recordándonos que un techo es, ante todo, un hogar y un derecho, no una simple oportunidad de negocio.
Ahora bien, El problema no es nuevo. La historia de Ambert es la misma que se repite por toda Europa rural: cierre de fábricas, concentración de servicios en grandes ciudades, emigración forzada de los jóvenes, y vaciamiento sistemático de la vida comunitaria. Como advirtió Marx:
“Donde quiera que el capital encuentra un obstáculo para su valorización, lo destruye.”
(El Capital, Tomo I)
El mercado no puede ni quiere sostener vida donde no hay plusvalía que extraer. El resultado: casas abandonadas, escuelas cerradas, hospitales sin médicos y trenes que ya no pasan. ¿La solución que proponen? Regalar ruinas. Una casa ya no es un derecho, sino una mercancía que, cuando pierde su valor de cambio, es desechada o rematada. En vez de invertir en reconstruir el tejido social, generar empleos locales, o garantizar servicios públicos de calidad, el municipio opta por convertir la ciudad en una marca barata en el mercado inmobiliario internacional. La narrativa oficial habla de “revitalización”, pero lo que se ofrece no es vida, sino aislamiento rural disfrazado de oportunidad.
Lo de Ambert no es un caso aislado, sino una advertencia global: el capitalismo ha creado un mundo donde todo lo que no rinde ganancias es despojado, subastado y olvidado. Donde las comunidades se reemplazan por transacciones. Y donde la vivienda se vuelve atractiva solo cuando está suficientemente desvalorizada como para parecer “una ganga”.
Mientras unos celebran la posibilidad de “comprar una casa en Francia por mil euros”, nosotros preguntamos: ¿Qué clase de sistema condena a morir a un pueblo entero porque dejó de ser rentable?