Además del recargo, la CNE modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicio, bajando de 12 a 9 horas el tiempo máximo anual de corte permitido, y ajustando los plazos de atención, que pasaron de cuatro a seis horas en sectores rurales —contrario al Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Por Equipo El Despertar
Desde junio de 2024, los clientes residenciales de la luz en Chile están financiando, a través de su boleta mensual, las posibles compensaciones que reciben cuando hay cortes en el suministro eléctrico. Así lo revela una investigación de CIPER, que sostiene que 21 de las 26 distribuidoras activas en el país aplican un recargo de 0,52 % del total de la factura para este fin.
El recargo está incluido en el reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), aplicable por cuatro años. En el período 2020–2024, el reajuste se retrasó 42 meses por desacuerdos entre la Comisión Nacional de Energía (CNE) y las empresas, por lo que se determinó repercutir estos montos en los usuarios, no en las distribuidoras.
De acuerdo con cifras oficiales, los cargos corresponden a dos valores: 0,46 % y 0,06 % de la boleta. En el caso de una cuenta de $100.000, esto representa $520 que van directamente a un fondo de compensaciones.
El cobro es aplicado por 21 distribuidoras en 9 de las 12 Áreas Típicas de Distribución del país. Entre ellas se cuentan gigantes como Enel, CGE, Chilquinta y Saesa.
Además del recargo, la CNE modificó la Norma Técnica de Calidad de Servicio, bajando de 12 a 9 horas el tiempo máximo anual de corte permitido, y ajustando los plazos de atención, que pasaron de cuatro a seis horas en sectores rurales —contrario al Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.
La investigación provocó que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados citara al ministro Diego Pardow y al secretario ejecutivo de la CNE para explicar esta medida. El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) declaró que “es absolutamente inaceptable que sean los propios usuarios… quienes tengan que pagar por una responsabilidad que no es de ellos” y que busca “una alternativa inmediata para terminar con este abusivo cobro”.
El Presupuesto Nacional incorporó en marzo una deuda acumulada con generadoras por congelamiento tarifario: US $91 millones del periodo 1 de julio al 31 de agosto de 2024, que será trasladada al Fondo de Estabilización Tarifaria que paga el usuario. A esto se suman los efectos del retraso de 42 meses en actualizar el VAD, cuya deuda, se estima cercana a US $1.000 millones, aún no ha sido debidamente cuantificada ni definidas sus formas de pago.
La investigación de CIPER revela una curva peligrosa donde los consumidores, sin saberlo, se hacen cargo de financiar sus propias compensaciones por cortes eléctricos. Mientras organizaciones y parlamentarios cuestionan esta práctica, la CNE y las empresas activas deberán enfrentar una agenda urgente de transparencia y responsabilidad para resguardar el bolsillo ciudadano. Una vez más el Estado parecer confirmar la tesis de Marx, funcionando solo como un mero administrador de los negocios de la clase dominante.