La democracia como mascarada

Por Jorge Coulon y Jaime Bravo

Durante décadas nos enseñaron que la democracia era la máxima expresión de la
voluntad popular. Un sistema donde el pueblo elige a sus representantes y ejerce, a
través de ellos, el poder soberano. Pero esa narración, repetida como un mantra cívico,
se va desdibujando ante nuestros ojos. Lo que queda no es una democracia en crisis,
sino una mascarada. Una escenografía cuidadosamente montada para ocultar que el
poder real ya no reside —si alguna vez lo hizo— en la ciudadanía.

¿Cómo confiar en instituciones que han sembrado, cultivado y cosechado la
desconfianza ciudadana? ¿Cómo creer en un sistema de justicia cuando los fiscales y
jueces que persiguen a ciertos líderes populares que se perfilan como alternativa
incómoda —como Enríquez-Ominami, Jadue u Orrego— fueron designados por redes
opacas, donde la legalidad parece subordinada a los intereses de los mandantes de un
tejido de operadores como Hermosilla y sus símiles? ¿Cómo distinguir la lucha contra la
corrupción de una estrategia sistemática de persecución política —usando medios
“legales” (lawfare)— cuando los verdaderos corruptos siguen blindados y manipulando
la justicia y las leyes desde las sombras?

¿Cómo podría sostenerse una democracia sin las garantías republicanas de igualdad ante
la ley, frente a una justicia tuerta que ni siquiera cautela el mínimo estado de derecho?
La democracia electoral —ese ritual cada cuatro o cinco años— se presenta como
garantía de legitimidad. Pero es solo una firma en un contrato que el poder nunca piensa
cumplir. ¿Qué control real tiene el pueblo sobre quienes elige? ¿Qué mecanismos
existen para revocar, condicionar o corregir el rumbo de los mandatados que traicionan
su programa o actúan contra la voluntad popular y el interés de sus electores?

En Francia, Emmanuel Macron gobierna con un respaldo minoritario, y sin embargo su
autoridad no se tambalea; pero hace tambalear a Francia y al mundo. En Reino Unido,
Keir Starmer, el nuevo primer ministro, elegido con un claro mandato de cambio,
desmantela con entusiasmo los restos del Estado de bienestar y contribuye activamente
al desorden global. ¿Dónde está, entonces, la soberanía popular?
La democracia no constituye solo un procedimiento, sino el proceso por el cual se
construye la voluntad popular. Y es esa voluntad la que debiera definir las decisiones
públicas y el régimen político que las encarna.

No estamos ante una democracia en peligro. Estamos ante una democracia que se ha
vuelto peligrosa. Peligrosa porque su máscara vacía desactiva la protesta, canaliza la
rabia en procedimientos estériles y convierte cada intento de transformación en un
callejón sin salida institucional. Peligrosa porque, en su nombre, se justifican guerras,
ajustes, represiones y exclusiones. Peligrosa porque promete representación, pero
produce frustración. Porque ya no es un escudo contra el poder arbitrario, sino una
coartada de ese mismo poder.

Estamos acumulando energía social, como placas tectónicas en tensión. Y si no hay
canales legítimos para que esa energía se exprese, si el sistema democrático bloquea
más de lo que habilita, entonces el terremoto será inevitable. No como estallido
irracional, sino como grito de quienes ya no creen en los disfraces. No para destruir la
democracia, sino para distinguirla de la farsa, y con la esperanza de que alguna vez
cumpla su promesa: que la voluntad popular sea ley, política y justica.