El vocero de la Alianza Territorial Mapuche, Jorge Huenchullán, afirmó que el Estado “sigue utilizando mecanismos coloniales para imponer políticas sobre nuestros territorios”, y advirtió que las comunidades no reconocerán acuerdos alcanzados en un proceso que consideran ilegítimo. También señaló que la política indígena actual prioriza la paz social y el control territorial por sobre la restitución de tierras y la autonomía política.
Por Equipo El Despertar
Diversas comunidades mapuche expresaron este jueves su rechazo a la consulta indígena impulsada por el Gobierno en el marco de la discusión legislativa de la Ley Lafkenche y otros asuntos relacionados con el reconocimiento de derechos territoriales.
Las organizaciones participantes denunciaron que el proceso no cumple con los estándares de consulta previa, libre e informada establecidos por el Convenio 169 de la OIT, acusando que se trató de reuniones poco representativas, con plazos reducidos y sin una entrega completa de información. Para los dirigentes, esto demuestra que la consulta se usó como un trámite administrativo para validar decisiones ya tomadas.
El vocero de la Alianza Territorial Mapuche, Jorge Huenchullán, afirmó que el Estado “sigue utilizando mecanismos coloniales para imponer políticas sobre nuestros territorios”, y advirtió que las comunidades no reconocerán acuerdos alcanzados en un proceso que consideran ilegítimo. También señaló que la política indígena actual prioriza la paz social y el control territorial por sobre la restitución de tierras y la autonomía política.
El conflicto se enmarca en una relación históricamente tensa entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, marcada por la política de despojo y robo de tierras, la militarización de zonas en conflicto, la criminalización de líderes comunitarios y el uso de leyes especiales como la Ley Antiterrorista contra las reclamaciones sobre sus territorios ancestrales. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la consulta previa ha sido sistemáticamente incumplida o reducida a meros formalismos.
Mientras el Gobierno defiende el proceso como un ejercicio de diálogo institucional, las comunidades reiteran que solo una consulta construida de manera horizontal, con garantías de participación real y con poder vinculante, puede considerarse legítima. Para el movimiento mapuche, el reconocimiento de derechos no puede seguir supeditado a los intereses económicos y políticos del Estado y de las empresas que operan en sus territorios.