En términos electorales, el fallo no es neutro: saca de la papeleta a un liderazgo con arraigo popular y reordena la competencia en el D9, mientras erosiona la confianza en el árbitro. El PC apuesta a judicializar el caso en instancias internacionales y a sostener la denuncia política. Jara, en cambio y como ya se ha hecho costumbre, busca proyectar “gobernabilidad neoliberal” desmarcándose de Jadue y del partido que la llevo a la primaria, una jugada que puede sumar en el centro y desmovilizar a una parte de su base.
Por Equipo El Despertar
En la antesala del Tedeum Evangélico, la candidata presidencial Jeannette Jara volvió a desmarcarse del PC por la exclusión de Daniel Jadue del padrón: “hay que respetar lo que los tribunales han determinado” y “era más aconsejable que se dedicara a su defensa”, dijo. La frase sella una línea: respaldo a la decisión del Tricel que deja al exalcalde fuera de la papeleta del 16 de noviembre (distrito 9), aun cuando su causa penal no tiene condena firme. (Fuente: Emol, 14/09/2025; citas de Jara reproducidas por el medio).
El Partido Comunista respondió en sentido contrario: habló de vulneración de derechos humanos, denunció un “acto administrativo, sin revisión judicial” y acusó al Tricel de sesgo político; además, anunció que respaldará a Jadue si recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos lecturas incompatibles del mismo hecho: para Jara, “respeto institucional”; para el PC, inhibición política por la vía administrativa.
Más allá del diferendo, flota la pregunta básica de cualquier Estado de derecho: ¿rigen las garantías para todos o solo para algunos? En la misma contienda hay candidatos acusados o en juicio que siguen en carrera, mientras Jadue es excluido. La presunción de inocencia luce, otra vez, condicionada por la identidad del afectado. Marx y Engels lo dijeron sin filigrana: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Cuando conviene, es principio inviolable; cuando estorba, es trámite.
El oficialismo paga el precio de su equilibrio imposible: cortejar el centro con moralismo legalista mientras contiene a su flanco izquierdo. Gramsci lo describía como alternancia entre consenso y coerción: se invoca la neutralidad institucional para normalizar un estándar de excepción. El libreto regional tiene nombre: lawfare, procesos extensos, filtraciones y medidas “preventivas” que devienen inhabilitaciones de facto. Angela Davis lo resume en clave democrática: “No hay democracia real sin garantías efectivas contra el abuso punitivo del Estado.”
En términos electorales, el fallo no es neutro: saca de la papeleta a un liderazgo con arraigo popular y reordena la competencia en el D9, mientras erosiona la confianza en el árbitro. El PC apuesta a judicializar el caso en instancias internacionales y a sostener la denuncia política. Jara, en cambio y como ya se ha hecho costumbre, busca proyectar “gobernabilidad neoliberal” desmarcándose de Jadue y del partido que la llevo a la primaria, una jugada que puede sumar en el centro y desmovilizar a una parte de su base.
El nudo no es Jadue, sino el estándar: si la regla para restringir derechos políticos no es clara, general y garantista (solo condena ejecutoriada por delitos inhabilitantes definidos en ley), lo que queda es discrecionalidad. Rosa Luxemburg ofrecía una brújula sencilla: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto.” Convertir la sospecha en pena anticipada es lo contrario a esa libertad.
En síntesis: la exclusión del padrón oscurece el terreno democrático y profundiza la fractura en el bloque oficialista. Si la política se limita a “respetar” la sanción sin discutir el criterio, el mensaje a los de abajo es claro: las reglas se mueven según quién seas. La pregunta que sigue abierta no es jurídica, sino de poder: ¿quién define la vara y para quién?