El telón de fondo es doble: la molestia por una reforma previsional que el Gobierno retrocedió parcialmente y un hartazgo con la inseguridad que desangra barrios y rutas. La popularidad de Dina Boluarte está “por debajo del 10%” (Datum), pero el libreto oficial responde con vallas, gases y causas penales. En redes, la ministra de Gobierno distinguió entre “manifestantes” e “infiltrados criminales”, y calificó de “emboscada” un ataque a un convoy. La semántica del poder es vieja: protesta = desorden; ajuste y abandono = gobernabilidad.
Por Equipo El Despertar
La Policía Nacional del Perú dispersó con gases lacrimógenos y balines de goma una nueva protesta en el centro de Lima, la cuarta en una semana contra la dictadura de Boluarte, bautizada como “Marcha de la Generación Z” y a la que se sumó el paro de transportistas contra las extorsiones.
Hubo cientos de jóvenes marchando hacia un Congreso vallado, 18 heridos según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (entre ellos un periodista y un brigadista), y la PNP reportó un efectivo con quemaduras por una molotov.
El telón de fondo es doble: la molestia por una reforma previsional que el Gobierno retrocedió parcialmente y un hartazgo con la inseguridad que desangra barrios y rutas. La popularidad de Dina Boluarte está “por debajo del 10%” (Datum), pero el libreto oficial responde con vallas, gases y causas penales. En redes, la ministra de Gobierno distinguió entre “manifestantes” e “infiltrados criminales”, y calificó de “emboscada” un ataque a un convoy. La semántica del poder es vieja: protesta = desorden; ajuste y abandono = gobernabilidad.
El reclamo de transportistas no es un capricho corporativo: piden trabajar sin miedo en un país donde el Estado ha tercerizado de facto la seguridad a mafias que cobran “cupos”. Si el “monopolio de la violencia legítima” lo ejerce la extorsión en los territorios, disparar gases en el centro de Lima es puro teatro. Engels lo resumió sin perfume: “El Estado moderno no es sino un comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Manifiesto Comunista, Obras Escogidas, Progreso, 1980). Cuando esa administración falla abajo, compensa arriba con represión.
La jornada dejó también agresiones a periodistas, EFE registró golpes, empujones y bloqueo de paso, y detenciones con tipificaciones elásticas (“terrorismo”) que sirven para criminalizar la protesta. El Gobierno promete “diálogo con manifestantes y firmeza con el crimen organizado”, pero en la práctica confunde a unos y otros. Angela Davis lo dijo con puntería: las respuestas punitivas no resuelven los problemas sociales; solo desaparecen personas detrás de atestados y gases.
A los jóvenes les dicen “irresponsables”; su realidad es precariedad: estudios caros, salarios bajos, alquileres impagables y calles capturadas por el miedo. La protesta no es “moda generacional”, es experiencia material. Rosa Luxemburg dejó la brújula: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto”. Si la libertad de disentir se contesta con porras, hablamos de decorado, no de democracia.
Salir de la trampa exige política, no más escudos. Medidas mínimas: alto a la criminalización, garantías para la prensa y protesta segura; plan anticupos que rompa la cadena de extorsión (inteligencia financiera, intervención en rutas, persecución de redes dentro y fuera del aparato estatal); compensaciones frente a la carestía y un rediseño participativo de la reforma previsional. Como recordaba Mariátegui, “no queremos calcos ni copias, sino creación heroica”: seguridad no es más uniformes, es derechos y presupuesto en los barrios que hoy sangran.
La disyuntiva es la de siempre. Gramsci enseñó que cuando el consenso se agota, crece la coerción. Perú camina de nuevo por esa cornisa. Se puede gobernar con gas y titulares, o gobernar contra las causas: mafias que sustituyen al Estado, economía que precariza, política que posterga. Lo primero rinde fotos; lo segundo salva vidas.