El impacto inmediato es conocido: cientos de miles de empleados federales suspendidos o trabajando sin paga; contratistas frenados; servicios “no esenciales” clausurados. Si el cierre se prolonga, la fricción se siente donde duele: aeropuertos (TSA y control aéreo con dotación mínima), parques, investigación, trámites migratorios. En 2019, diez controladores de LaGuardia que se reportaron enfermos bastaron para paralizar vuelos y forzar un acuerdo. La fragilidad no es anecdótica: es estructural.
Por Equipo El Despertar
Estados Unidos activó un shutdown tras fracasar la negociación presupuestaria entre la Casa Blanca y el Congreso: pasada la medianoche del 30 de septiembre, el Gobierno federal comenzó a suspender operaciones en agencias y departamentos “no esenciales”. Los “esenciales”, seguridad, aeropuertos, fuerzas armadas, seguridad social, siguen funcionando, pero sin sueldo hasta nuevo aviso. Para lo que si hay dinero, es para seguir financiando el genocidio en Gaza y la intervención imperial, donde sea necesaria. Es el primer cierre desde el más largo de la historia (35 días), hace casi siete años. (Fuente: DW.)
La aritmética del bloqueo es simple: los republicanos no consiguieron en el Senado los siete votos demócratas que requerían para su financiamiento provisional de siete semanas; los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos necesarios para su paquete, con más recursos en salud. El nudo: los liberales exigen renovar subsidios de Obamacare y revertir recortes sanitarios que los conservadores sólo quieren discutir después de aprobar partidas. Resultado: cierre administrativo como herramienta de presión.
El impacto inmediato es conocido: cientos de miles de empleados federales suspendidos o trabajando sin paga; contratistas frenados; servicios “no esenciales” clausurados. Si el cierre se prolonga, la fricción se siente donde duele: aeropuertos (TSA y control aéreo con dotación mínima), parques, investigación, trámites migratorios. En 2019, diez controladores de La Guardia que se reportaron enfermos bastaron para paralizar vuelos y forzar un acuerdo. La fragilidad no es anecdótica: es estructural.
Políticamente, el shutdown es el teatro preferido del ajuste: se convierte el presupuesto —la contabilidad anual de prioridades— en rehén. Se regatean subsidios de salud mientras se preservan rebajas tributarias y exenciones para el capital. Es el viejo truco de la “responsabilidad fiscal”: apretar abajo y blindar arriba. Lenin lo diría sin rodeos: “La política es la expresión concentrada de la economía.” Aquí, la economía que se expresa es la de los acreedores y los lobbies.
¿Quién paga la factura? Trabajadores públicos sin salario, hogares que dependen de servicios federales, contratistas que no cobran. ¿Quién no paga? Los bonistas, el complejo militar-industrial, que no se detiene, y las corporaciones que ya disfrutaron de rebajas impositivas. Marx y Engels lo escribieron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Un comité que, cuando se pelea, congela sueldos, no dividendos.
La retórica de “servicios no esenciales” oculta lo esencial: salud pública, ciencia, cultura y administración social sostienen la vida cotidiana. Su interrupción disciplinará más que cualquier discurso: precariza el empleo federal, erosiona la legitimidad del sector público y abre mercado a terceros privados. Es acumulación por desposesión (Harvey): convertir una crisis política en oportunidad de negocio.
Salida hay, si hubiera voluntad: continuing resolutions automáticas para evitar cierres; blindaje de salarios en funciones esenciales; negociación de salud y gasto sin rehenes; y, sobre todo, reforma tributaria progresiva que financie derechos sin chantajes. Lo otro es la rutina de siempre: usar el Estado como arma de negociación mientras la vida de los de abajo se pone en pausa. Rosa Luxemburg lo dejó como brújula: “Reforma o barbarie.” El shutdown es barbarie envuelta en lenguaje técnico.