El fallo, con todo, fija criterios útiles: duración de la privación, métodos usados, gravedad de las lesiones, efectos físicos y mentales, y condiciones personales (como la edad) para cuantificar. Que se aplique a escala a miles de causas, sin que las familias deban peregrinar por décadas. La memoria no se honra con un goteo de sentencias simbólicas, sino con política pública que repare y garantice no repetición: archivos abiertos, búsqueda efectiva de detenidos desaparecidos, fin de privilegios carcelarios, educación con historia viva.
Por Equipo El Despertar
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $55.000.000 la indemnización por daño moral que el Fisco deberá pagar a M.M.B.H. y C.R.R.R., detenidos y torturados cuando eran menores de edad, 18 y 20 años a la fecha de los hechos, cuando la mayoría legal era 21, en 1974 y 1973. El circuito represivo quedó nuevamente acreditado: unidades policiales, regimientos, Estadio Chile/Estadio Nacional y recintos clandestinos. El fallo, firmado por los ministros Omar Astudillo, Olaya Gahona y el abogado integrante Nicolás Stitchkin, confirmó la sentencia del 17º Juzgado Civil y aumentó los montos porque la primera instancia no ponderó la minoría de edad.
El tribunal define el daño moral como el menoscabo psíquico y espiritual derivado del ilícito, y pone el acento donde correspondía desde el primer día: la edad agrava la lesividad de la detención, los apremios, la tortura y sus secuelas. No hace falta imaginación: golpes, “paso oscuro” en regimientos, descargas eléctricas en boca y genitales, amenazas de muerte sobre el piso del Estadio, crisis de pánico que vuelven en la noche décadas después. Todo esto contra adolescentes y jóvenes a los que el Estado debía proteger.
El relato judicial recoge con crudeza la práctica de escuela: encapuchados armados que irrumpen, traslados a Puente Alto, Tacna, Tres y Cuatro Álamos, Ritoque, Estadio Chile y Estadio Nacional. Uno de ellos fue liberado “por falta de méritos”; afuera lo esperaba la “segunda prisión”: despidos, estigmas, vidas sesgadas por el trauma. La sentencia lo dice con elegancia jurídica; la realidad habla más claro: terrorismo de Estado al servicio de un proyecto de clase.
Que hoy, 52 años después del golpe, el Poder Judicial vuelva a reconocer y compensar importa. Pero llamemos a las cosas por su nombre: $30 millones para uno y $25 millones para el otro son montos “prudenciales” que no equivalen, ni por asomo, al precio de la vida rota. La “prudencia” sirve de coartada contable cuando no se quiere tocar la responsabilidad estructural ni abrir la puerta a reparaciones integrales. Marx y Engels lo dijeron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Ese comité paga, sí; pero paga barato.
El fallo, con todo, fija criterios útiles: duración de la privación, métodos usados, gravedad de las lesiones, efectos físicos y mentales, y condiciones personales (como la edad) para cuantificar. Que se aplique a escala a miles de causas, sin que las familias deban peregrinar por décadas. La memoria no se honra con un goteo de sentencias simbólicas, sino con política pública que repare y garantice no repetición: archivos abiertos, búsqueda efectiva de detenidos desaparecidos, fin de privilegios carcelarios, educación con historia viva.
El Estadio Nacional no es solo un sitio de dolor; es una escuela cívica. En su césped se ensayó la pedagogía del miedo para derrotar una sociedad que se atrevió a disputar el mando. Frantz Fanon lo explicó para otro mapa, válido aquí: el poder organiza el espacio por la violencia. La dictadura organizó Chile con toques de queda, picanas y decretos. Hoy, cada reparación es una cuña en esa arquitectura.
Los tribunales han tardado, pero avanzan; el Estado paga, pero regatea. Lo mínimo es que la vara que se aplicó hoy, ser menor agrava el daño, se convierta en estándar. Lo justo es que la reparación sea integral: salud mental de por vida, reconocimiento social efectivo, y una cultura institucional que destierre la tentación de la fuerza como atajo. Angela Davis lo dice sin rodeos: sin verdad, justicia y reparación, la violencia estatal se recicla con nuevos nombres.
Que quede claro: esto no es caridad; es deuda. Si el país presume de Estadio remozado, que no olvide su foso. Y si llama “prudencia” a 55 millones por dos adolescencias torturadas, que al menos tenga la decencia de no volver a hacerlo. Rosa Luxemburg dejó la brújula: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto”. La dictadura la aplastó; la democracia, si quiere serlo, debe restituirla con hechos, no con adjetivos.