El plan promete agilizar permisos y endurecer sanciones vía DGA: dos direcciones en tensión. Agilizar suele significar fast track para grandes proyectos; sancionar exige medir, vigilar y castigar a los mismos actores cuando exceden o hurtan caudal. ¿Qué hará primero ese “Estado ágil”: apurar desal y embalses de privados o cortar extracciones ilegales y recuperar caudales ecológicos? Si la prioridad es “garantizar suministro a la población, la agricultura y la producción”, cabe aclarar cuál agricultura y qué producción: no es lo mismo abastecer APR que sostener agroexportación sedienta.
Por Equipo El Despertar
La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó en Machalí (bocatoma del río Cachapoal) su Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Anunció un Sistema de Emergencia Hídrica (alertas tempranas, campañas de ahorro, desaladoras móviles y apoyo a APR), Planes Estratégicos de Gestión en 46 cuencas (más de 1.050 iniciativas: recarga de acuíferos, reúso, obras y proyección de desalación), un Plan Nacional de Desalación y Embalses (plantas multipropósito, 500 desaladoras comunitarias al 2030 y 354 embalses de regulación corta para riego) y la modernización de la DGA para agilizar permisos, fiscalizar y sancionar. “El agua será nuestra prioridad… sin agua no hay vida ni desarrollo”, dijo.
El catálogo luce activo, pero evita la pregunta central: ¿Quién manda sobre el agua? Hablar de “seguridad” sin tocar el régimen de derechos privatizados es prometer llaves nuevas con el candado puesto. David Harvey lo llamó acumulación por desposesión: convertir bienes comunes en activos extractivos. En Chile, ese proceso se hizo ley: se prioriza la oferta (obras) antes que la gobernanza pública del recurso. Resultado probable: más tubos, más bombas, el mismo poder sobre la llave.
La meta de “500 desaladoras comunitarias” en cinco años suena solidaria y logísticamente inverosímil (sitios, energía, salmuera, operación local, O&M). La desalación puede ser última milla para islas y caletas, pero no reemplaza gestión de demanda ni restauración de cuencas. Además, el agua desalada trae su nexo energético: si no es con sistemas de energías renovables firmes, traslada el problema al sistema eléctrico; si no hay gestión de salmuera, lo empuja al mar. Embalsar 354 veces tampoco es inocuo: se fragmentan ríos, se degradan humedales y se subsidia monocultivo aguas abajo. La ingeniería resuelve tuberías; la ecología y la justicia hídrica resuelven vidas.
El plan promete agilizar permisos y endurecer sanciones vía DGA: dos direcciones en tensión. Agilizar suele significar fast track para grandes proyectos; sancionar exige medir, vigilar y castigar a los mismos actores cuando exceden o hurtan caudal. ¿Qué hará primero ese “Estado ágil”: apurar desal y embalses de privados o cortar extracciones ilegales y recuperar caudales ecológicos? Si la prioridad es “garantizar suministro a la población, la agricultura y la producción”, cabe aclarar cuál agricultura y qué producción: no es lo mismo abastecer APR que sostener agroexportación sedienta.
La pieza faltante es política, no técnica: repoblar el agua como bien común. José Carlos Mariátegui lo dijo de la tierra y vale para el agua: “no es un problema técnico ni jurídico, sino social y político”. Hacerlo serio implica: (1) catastro público y en línea de derechos y extracciones por cuenca; (2) prioridad humana y ecosistémica vinculante, con caudales ecológicos exigibles; (3) auditoría y reversión de derechos ociosos/especulativos; (4) empresa pública de agua y saneamiento regional con facultad para desalar donde haga sentido (energía renovable + gestión de salmuera); (5) tarifas escalonadas por huella hídrica (quien lucra con agua paga más); (6) restauración de bosque nativo y control a plantaciones y cultivos “sedientos” en cuencas críticas.
Más “obras” sin cambiar quién decide refuerza la seguridad del que siempre tuvo agua. La retórica de “gotas” y “prioridad” sirve para la foto; la realidad se dirime en APR sin suministro, napas agotadas, camiones aljibe y ríos convertidos en canales privados. Marx lo resumió sin alegorías: el capital tiende a convertir todas las condiciones de vida en mercancía; el agua no es excepción. Si el plan de Matthei no enfrenta ese impulso, la “seguridad hídrica” será seguridad de rentas.
¿Hay algo rescatable? Sí: reúso y recarga de acuíferos son imprescindibles; alertas tempranas ayudan si disparan medidas obligatorias (no meras campañas); fiscalización con dientes importa si cierra llaves, no solo levanta actas. Pero sin democratizar la gobernanza (con comités de cuenca vinculantes, pueblos originarios, APR y municipios) y reordenar la matriz productiva (menos sed, más valor), cualquier plan será una manguera que alimenta el mismo estanque.
En suma: desal, embalses y fast track no son una política de agua; son obras. Una política de agua empieza por recuperar el control público, ordenar la demanda, restaurar cuencas y blindar el derecho humano y los ecosistemas por sobre la cuenta de resultados. Todo lo demás es sequía con marketing.