La complicidad internacional no es retórica. Entre 2020 y 2024, EE.UU. proveyó el 60% del armamento importado por Israel, incluidas bombas guiadas, blindados y aviones de combate; desde 1946, Washington habría transferido US$ 228.000 millones (cifras compartidas en los reportes que acompañan estos balances). Alemania aportó un tercio del armamento en el último lustro (fragatas, torpedos, submarinos, blindados), e Italia siguió exportando a pesar de su legislación. Francia, España y el Reino Unido contribuyeron en porcentajes menores. Samir Amin llamó a este entramado imperialismo colectivo: cuando el centro necesita “orden”, el derecho se administra al ritmo de las armas.
Por Equipo El Despertar
A dos años del inicio del genocidio israelí sobre la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud palestino reporta 67.173 muertos y 169.780 heridos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 20.179 niños, 10.427 mujeres y 4.813 ancianos. La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza añade que el total de mártires y desaparecidos supera las 76.600 personas, con 9.500 aún bajo escombros o no localizadas, y que la mayoría de las víctimas son mujeres y menores. No son números: es la contabilidad de una política de exterminio que ha convertido la vida civil en objetivo militar.
El sistema sanitario colapsó. De 38 hospitales, 25 están fuera de servicio y 13 operan parcialmente bajo condiciones extremas; la ocupación hospitalaria supera el 225%; faltan 55% de los medicamentos esenciales y 66% de los insumos (según las autoridades sanitarias locales). Han sido asesinados 1.701 trabajadores de la salud y 362 permanecen detenidos o desaparecidos; 103 centros de atención primaria y 25 plantas de oxígeno han sido destruidos. UNICEF estima que cada 17 minutos muere un niño en Gaza; cada hora es asesinada una mujer o una niña. A la ofensiva militar se suma el silencioso cerco sanitario.
La destrucción urbana es sistémica: más de 300.000 edificios residenciales han sido destruidos total o parcialmente —cerca del 90% de la infraestructura urbana—; barrios como Rimal, Tal al-Hawa y Shuja’iyya son escombros. El Ministerio de Obras Públicas de Gaza calcula 60.000 unidades demolidas por completo y 150.000 inhabitables; 1,9 millones de personas, 85% de la población, están desplazadas internas, en carpas o ruinas. El bloqueo total empuja a la hambruna: se registran 460 muertes por inanición o malnutrición, 154 de ellas niños; 51.000 menores de cinco años padecen desnutrición severa.
Todo esto ocurre pese a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (enero de 2024) que ordenaron a Israel evitar actos de genocidio y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. El patrón de ataques a hospitales, escuelas y refugios designados —Al-Ahli, Al-Fakhoura, Rafah, Nuseirat, Al-Maghazi— desmiente la narrativa del “daño colateral” y exhibe la lógica del castigo colectivo. Frantz Fanon lo formuló sin eufemismos: el colonialismo organiza el espacio por la violencia; en Gaza, esa organización se llama asedio.
La complicidad internacional no es retórica. Entre 2020 y 2024, EE.UU. proveyó el 60% del armamento importado por Israel, incluidas bombas guiadas, blindados y aviones de combate; desde 1946, Washington habría transferido US$ 228.000 millones (cifras compartidas en los reportes que acompañan estos balances). Alemania aportó un tercio del armamento en el último lustro (fragatas, torpedos, submarinos, blindados), e Italia siguió exportando a pesar de su legislación. Francia, España y el Reino Unido contribuyeron en porcentajes menores. Samir Amin llamó a este entramado imperialismo colectivo: cuando el centro necesita “orden”, el derecho se administra al ritmo de las armas.
También se mata el derecho a informar: Gaza es hoy el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo —más de 250 periodistas y comunicadores han sido asesinados, según los conteos locales—, mientras se interrumpe deliberadamente la conectividad para oscurecer la escena. Marx y Engels lo advirtieron en clave de poder: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Llamar “operación” a lo que el terreno muestra como destrucción planificada es precisamente eso: voluntad de fuerza revestida de legalidad.
¿Y ahora qué? Las salidas están escritas desde hace décadas y sistemáticamente ignoradas: alto el fuego inmediato, fin del asedio, corredores humanitarios independientes y verificables, embargo de armas a las partes que violen el DIH, sanciones a los cómplices logísticos y militares, jurisdicción universal y cooperación efectiva con CIJ/CPI. Restituir capacidad a UNRWA, proteger a personal médico y de prensa, y garantizar la reconstrucción bajo estándares internacionales con control ciudadano. Lo demás es administrar la barbarie.
Este no es un conflicto entre abstracciones: es la vida contra un régimen de exterminio sostenido por alianzas y negocios. Rosa Luxemburg dejó la brújula sin maquillaje: “Socialismo o barbarie”. En Gaza, traducido a lo inmediato: derecho a vivir o administración del asedio. No hay neutralidad posible: o se está del lado de la vida —con hechos, no con condolencias—, o se es parte del problema.