En el Congreso, el presidente de la Comisión de Energía y Minería, Jaime Mulet (FRVS), calificó el hecho de “extremadamente grave” y advirtió que, si el informe definitivo confirma el doble reajuste, corresponde la renuncia del ministro. Recordó, además, que el alza acumulada de las cuentas ya venía en torno a 75–80% promedio nacional y que en algunas ciudades se subió por encima de lo que la ley permite. Este flanco no solo fortalece la crítica opositora: erosiona la narrativa oficial de “protección” ante el costo de la vida y complica la agenda energética del propio gobierno.
Por Equipo El Despertar
La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que en 2024 y 2025 se cobró de más en las cuentas de la luz por una inconsistencia metodológica en el precio de nudo promedio, índice que determina la porción de energía dentro de la tarifa. El informe detectó una duplicación del efecto inflacionario: se aplicó IPC y, además, la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, que ya incorpora inflación esperada. Resultado: sobreindexación de saldos y boletas más altas de lo permitido por ley.
El origen técnico del problema remite a la resolución exenta N°342 (09/09/2021), dictada en el gobierno anterior, que instruyó reajustar el déficit semestral de las distribuidoras por interés corriente y que “todos los montos” fueran reajustados por IPC. Pero el daño político recae hoy en el Ejecutivo: este gobierno aplicó los mecanismos de estabilización sin detectar por meses cómo se estaban tratando los saldos. “Afortunadamente la CNE lo determinó”, dijo el académico Humberto Verdejo (Usach). La frase salva el diagnóstico; no despeja la responsabilidad de la conducción sectorial.
El ministro de Energía, Diego Pardow, presentó el giro como un “cambio metodológico” respecto de “algo que se venía haciendo desde 2017” y proyectó una rebaja promedio del 2% en las cuentas a partir de enero, todavía con carácter preliminar y sujeto a observaciones de las empresas. Verdejo estima que en la RM las caídas podrían ir entre –1% y –9%, y en Copiapó, alrededor de –7%. Bien que bajen; pero el punto toral sigue pendiente: ¿cómo y cuándo se devolverá lo cobrado en exceso a hogares y pymes durante 2024–2025?
En el Congreso, el presidente de la Comisión de Energía y Minería, Jaime Mulet (FRVS), calificó el hecho de “extremadamente grave” y advirtió que, si el informe definitivo confirma el doble reajuste, corresponde la renuncia del ministro. Recordó, además, que el alza acumulada de las cuentas ya venía en torno a 75–80% promedio nacional y que en algunas ciudades se subió por encima de lo que la ley permite. Este flanco no solo fortalece la crítica opositora: erosiona la narrativa oficial de “protección” ante el costo de la vida y complica la agenda energética del propio gobierno.
El caso deja dos urgencias. La primera es operativa: una auditoría independiente que precise el sobrecobro por zona y empresa, la aplicación automática de créditos en boleta (con interés) y sanciones regulatorias si hubo aprovechamiento o falta de diligencia de agentes. La segunda es institucional: blindar las reglas para impedir dobles indexaciones, usar tasas reales cuando corresponda y simplificar una tarifa cuyas capas (dólar, UF, IPC local y externo, estabilizaciones) terminan siendo opacas para el usuario y funcionales a que nadie responda cuando algo sale mal.
También hay un aprendizaje político. Llamar “cambio metodológico” a lo que el ciudadano vive como cobro indebido es subestimar el daño. Si el gobierno quiere recuperar control de la agenda, necesita devoluciones explícitas, plazos y responsables. Y, de cara al futuro, separar la protección social de la tarifa —que no debe transformarse en deuda con intereses— y financiarla con fuentes generales y criterios progresivos, no con cargos futuros que recaen otra vez en los mismos.
Que la CNE haya hecho el diagnóstico es un paso; volver a fojas cero en confianza exige algo más que una rebaja promedio de –2%. Pasa por restituir lo cobrado de más y por asumir el costo político de un error que ocurrió bajo normativas heredadas, sí, pero que se ejecutó y prolongó bajo la mirada del ministro. Si no se corrige así —con reparación y responsabilidades—, la cuenta no solo la pagará el usuario: la pagará el propio gobierno en credibilidad.