La Fiscalía formaliza este viernes a tres abogados en el caso “Muñeca Bielorrusa”: Gonzalo Migueles —pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco—, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Al primero se le imputan cohecho y lavado de activos; a Vargas y Lagos, soborno reiterado y lavado de activos. El Ministerio Público pide prisión preventiva para los tres ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Vivanco no es formalizada por ahora: cuando ocurrieron los hechos era jueza suprema y cualquier imputación requiere que un tribunal de alzada acoja una querella de capítulos.
En audiencia, el fiscal Marcos Muñoz (Fiscalía Regional de Los Lagos) conectó el caso con el entramado del “Caso Audio” que tiene a Luis Hermosilla como imputado. Entre los antecedentes:
- El OS7 incautó el teléfono de Ángela Vivanco y, tras las pericias, “mensajes no hay, fueron borrados”. Según la fiscalía, habría registro de una oferta previa para “eliminar todos los antecedentes” del aparato, “cosa que así ocurrió”.
- La investigación mapea viajes: Mario Vargas habría volado a Buenos Aires en fechas y vuelos coincidentes con Vivanco y Migueles; se mencionan también salidas a Brasil.
- Del levantamiento autorizado sobre el teléfono de Hermosilla emergen conversaciones con la exministra Verónica Sabaj, removida recientemente, donde se consigna: “súper cercano Mario Vargas a Vivanco, fueron juntos a Buenos Aires”. Hermosilla agrega que Vivanco “subió fotos a Instagram de ese viaje”.
La exministra no está en el banquillo hoy, pero su entorno sí. Y los indicios —borrado de mensajes, coincidencias de itinerarios, chat que refuerza vínculos— apuntan a un mismo lugar: la economía política de las redes que hicieron del Poder Judicial un nodo de influencias. No es un desliz individual: es estructura. Marx y Engels lo escribieron sin barniz: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía.” En su variante local, ese comité se reúne por WhatsApp, viaja a Buenos Aires y borra historiales cuando la cosa se calienta.
Lo que está en juego
- Obstrucción y cadena de custodia: la “oferta” de blanqueo del celular y la eliminación de mensajes no prueban delito por sí mismos, pero debilitan la prueba y sugieren conciencia de ilicitud. El tribunal tendrá que ponderar si eso agrava el peligro de obstrucción al momento de revisar cautelares.
- Reincidencia sistémica: tras el empate 7–7 que salvó al ministro Ulloa, la remoción de Sabaj y la caída de Vivanco, el patrón se repite: contactos con Hermosilla, intermediaciones, viajes compartidos, pruebas que desaparecen. No es “manzana podrida”; es una red que trenza negocios, nombramientos, favores y defensas.
- Legitimidad judicial: cada episodio erosiona la confianza en que los fallos no son moneda de cambio. La absolución por “plazo razonable” en SQM y la danza de casas fiscales para sueldos dorados completan el cuadro: derecho severo abajo, complaciente arriba.
Lo que falta por hacer (más allá de esta audiencia)
- Transparencia obligatoria de agendas y reuniones de todos los niveles del Poder Judicial, con registro público de intermediarios.
- Régimen estricto de lobby judicial y enfriamiento (cooling-off) para ministros y sus entornos: nada de “puertas giratorias” ni “asesorías” a estudio amigo.
- Trazabilidad digital de dispositivos y copias espejo bajo custodia independiente para evitar sorpresas (“no hay mensajes”).
- Comisión de integridad con autonomía para auditar nombramientos, viajes, patrimonios y conflictos de interés en el sistema de justicia.
- Sanciones efectivas por obstrucción y destrucción de evidencia, no solo administrativas.
El cuadro completo
La fiscalía acusa a Migueles por cohecho y lavado; a Vargas y Lagos por soborno reiterado y lavado. Pide prisión preventiva para los tres. Del lado de Vivanco, se activará —si prospera la querella de capítulos— un carril distinto por su antigua investidura. Pero el juicio verdadero excede a los nombres propios: ¿seguiremos enterándonos por goteo de una red que opera a la vista y paciencia de todos, o habrá reforma que cierre las canillas por donde se escapa la independencia?
Por ahora, el teléfono borrado habla más fuerte que los discursos. Y recuerda lo obvio: cuando no hay mensajes, la política —y la justicia— deberían gritar. Porque si el sistema se limita a encoger los hombros, no habrá cautelar que alcance para contener la sensación de que la ley sigue siendo, como decía el clásico, una larga vara para los de abajo y una pluma liviana para los de arriba.