El embajador Judd afirma que las críticas de Boric “dañan a los chilenos”. Lo que daña a los chilenos es que un representante extranjero insinúe preferencias de gobierno y sugiera que la cooperación depende del color ideológico y de cuán “woke” sea la política pública. Eso sí es tutelaje. Y además es torpe: la presión abierta tiende a unir a un país en la defensa de su decisión soberana. “Entre derechos iguales decide la fuerza” (Marx, El Capital, t. I, Obras Escogidas, Progreso, 1980). La fuerza aquí no es militar: son reglas claras, protesta diplomática firme y unidad nacional frente a la injerencia.
Por Equipo El Despertar
La Casa Blanca de Trump desempolvó el catecismo de la cruzada cultural: instruyó a sus embajadas en la región a identificar y reportar gobiernos que promuevan aborto, eutanasia, derechos de diversidad y lo que etiqueta como “woke”. La respuesta de Gabriel Boric no tardó: “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”. La frase llega mientras La Moneda envió nota de protesta por las declaraciones del embajador designado Brandon Judd, quien, antes de presentar credenciales, criticó al Presidente chileno por sus reparos a la agenda medioambiental de Trump y deslizó preferencias sobre la elección Jara–Kast.
Cancillería fue clara: intervención en asuntos internos. Y tenía que serlo. Cuando una embajada se arroga la potestad de registrar “conductas ideológicas” de gobiernos y, de paso, opina sobre procesos electorales ajenos, no estamos ante protocolo: es política de poder. El mensaje es transparente: alineamiento o costo. “El Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx & Engels, Manifiesto, Obras Escogidas, Progreso, 1980). En versión 2025, esa junta viene con portaaviones en el Caribe y formularios de “vigilancia” moral desde las embajadas.
El contexto importa. EE.UU. es el segundo socio comercial de Chile, con agenda en digital, seguridad y crimen organizado. Precisamente por eso, marcar límites no es gestualidad; es defensa mínima de soberanía. Si Washington condiciona la relación a la persecución de derechos y a guiños a su preferido electoral, el precio no lo paga un gobierno: lo pagan trabajadores, mujeres y disidencias cuyo campo de derechos se vuelve moneda de cambio. Como enseñó Lenin, el imperialismo no se limita a cañones; ordena valores, mercados y gobiernos.
El embajador Judd afirma que las críticas de Boric “dañan a los chilenos”. Lo que daña a los chilenos es que un representante extranjero insinúe preferencias de gobierno y sugiera que la cooperación depende del color ideológico y de cuán “woke” sea la política pública. Eso sí es tutelaje. Y además es torpe: la presión abierta tiende a unir a un país en la defensa de su decisión soberana. “Entre derechos iguales decide la fuerza” (Marx, El Capital, t. I, Obras Escogidas, Progreso, 1980). La fuerza aquí no es militar: son reglas claras, protesta diplomática firme y unidad nacional frente a la injerencia.
Que no se confunda el plano. Chile puede, y debe, discutir con dureza su hoja de ruta en aborto, cuidados, diversidad, seguridad y desarrollo. Esa deliberación es nuestra. Lo inadmisible es que se monitoree como si fuésemos un protectorado moral. La Moneda hace bien en elevar el estándar: relaciones estrechas sí, condicionamientos no. Si Washington quiere cooperación, que sea sobre bases horizontales, no sobre listas negras ideológicas.
Esto no es “pelea de Twitter”, es la vieja doctrina de tutela disfrazada de guerra cultural. La autonomía real se mide en capacidad de decidir políticas de clase sin pedir permiso: derechos reproductivos, laborales y de diversidad; transición productiva; y política exterior no alineada. Soberanía no se declara: se ejerce.