En segundo lugar, se instala el fin o modificación profunda de la indemnización por años de servicio que sugiere su programa, junto con la revisión de la Ley de 40 horas. La combinación habría generado incertidumbre laboral entre millones de trabajadores ante la posibilidad de perder una protección clave al momento del despido.
Por Equipo El Despertar
Cunde el optimismo en el comendo de Jara. Diversos analistas sostienen que el candidato José Antonio Kast habría perdido apoyo con rapidez en los últimos días, a medida que se instaló la idea de que su programa implicaría retrocesos en derechos sociales. Serían cinco los factores que, en su lectura, explican el viraje de parte del electorado hacia Jeannette Jara o, en menor medida, hacia el voto en blanco/nulo.
El primer punto es la polémica por la conmutación de penas a reos de edad avanzada y enfermos terminales, planteada por el diputado José Carlos Meza (vicepresidente del Partido Republicano). La tesis de permitir esa vía incluso para condenados por delitos gravísimos, como violación de menores, fue defendida en nombre de la “humanidad”. El editorial reprocha que Kast no la desmintiera ni rechazara, lo que habría activado una fuga de votos y reavivado la idea de un “indulto por la puerta de atrás” ligado al deseo de liberar a internos de Punta Peuco.
En segundo lugar, se instala el fin o modificación profunda de la indemnización por años de servicio que sugiere su programa, junto con la revisión de la Ley de 40 horas. La combinación habría generado incertidumbre laboral entre millones de trabajadores ante la posibilidad de perder una protección clave al momento del despido.
El tercer eje cuestionado es la agenda migratoria y de seguridad, en especial la promesa de expulsar masivamente a alrededor de 330 mil personas en situación irregular. El editorial señala que no se ha presentado un plan operativo ni financiamiento detallado que haga viable una operación de esa escala, y recuerda cambios de versión sobre quién financiaría los pasajes (los propios migrantes o los empleadores), lo que retrata como un eslogan sin sustento técnico.
El cuarto factor es el recorte del gasto público: un ajuste de US$ 6.000 millones en 18 meses. De acuerdo con economistas citados por múltiples medios en días previos, un recorte de ese tamaño difícilmente evitaría impactos en salud, educación, pensiones, subsidios y programas sociales, lo que se percibe describe como pérdida de derechos conquistados.
Finalmente, se plantea un riesgo medioambiental por la orientación desreguladora: flexibilizar permisos, eliminar “guías” de resguardo y facilitar megaproyectos extractivos en minería, salmonicultura e industrias costeras. A juicio de fuentes del comando, esto debilitaría controles en zonas sensibles y podría crear nuevas “zonas de sacrificio”.
El balance es negativo para la derecha y optimista para la centro izquierda: por la combinación de estas controversias y la forma en que fueron comunicadas o defendidas, Kast habría activado costos políticos entre votantes moderados que, una semana atrás, todavía lo consideraban su primera opción. Como toda columna de opinión, la lectura es disputable; lo que sí confirma es que, en un final de campaña reñido, agenda social, seguridad y economía son los temas que hoy deciden adhesiones y rechazos.