A las 15:00, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén votará de nuevo las solicitudes de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) que abarcan 620 mil hectáreas. El asunto se creía zanjado a comienzos de 2024, la CRUBC rechazó, pero la Corte Suprema ordenó repetir la votación, corrigiendo vicios procedimentales. Lo que se decide hoy no es propiedad ni “entrega” de mar a particulares: es si se reconocen derechos de uso consuetudinario y gobernanza indígena sobre ciertas franjas del borde costero, con reglas de compatibilidad de usos que la propia Ley Lafkenche contempla. Aun así, la antesala se instaló en tono de catástrofe: “se congela la inversión”, “se destruye empleo”, “se entrega la soberanía”.
La Multigremial Nacional lo graficó como “congelar más de 600 mil hectáreas” y “condenar a la región al estancamiento”; Salmón Chile habló de una norma “desvirtuada” que “bloquea actividades productivas”, con 103 solicitudes vigentes que totalizan 4 millones de hectáreas a nivel país. En cifras, el gremio estima que los ECMPO de Aysén “afectarían” unas 300 concesiones acuícolas (el 45% de las existentes en la región y el 25% de la capacidad productiva nacional). Ese cuadro, y la advertencia de que 620 mil hectáreas equivalen al 40% de la Región Metropolitana, se repite sin el matiz fundamental: un ECMPO no expropia concesiones vigentes, no asigna propiedad privada a comunidades y debe compatibilizar usos. Lo que sí cuestiona es un patrón histórico de ocupación del borde costero que priorizó rentas extractivas y acceso exclusivo por sobre el uso tradicional y el interés común.
También hay voces críticas dentro del mundo indígena. Blanca Guenten, de la asociación Wapi Huichas, acusó que “es inconcebible entregar ese inmenso territorio a tan pocas personas”, alegó falta de consulta a vecinos y dijo no saber “si vamos a poder seguir ejerciendo nuestra actividad”. Ese malestar expone otra cara del problema: la tramitación de ECMPO requiere consulta previa y gobernanza clara en el territorio, no carpetas construidas a espaldas de comunidades que conviven en la práctica. Si la promesa es reconocimiento y orden, debe empezar por procesos transparentes, plan de manejo y reglas de convivencia que den certezas a todos los actores locales, pescadores artesanales, buzos, turismo, comunidades, no solo a los grandes concesionarios.
Lo que sí está nítido es el encuadre: cuando se toca el borde costero, el lobby económico responde con la política del miedo: empleo vs. comunidades, desarrollo vs. “entrega”, certidumbre vs. “parálisis”. Es una táctica vieja en territorios donde el Estado ha operado como garante de negocios y no como árbitro del interés público. Por eso conviene despejar tres cosas:
- Qué decide hoy la CRUBC: no es un cheque en blanco ni un “congelamiento” automático. La Ley Lafkenche reconoce usos consuetudinarios y crea un marco para compatibilizar actividades. Toda aprobación debe ir acompañada de delimitaciones, planes de uso y consultas; toda negativa debe estar fundada. La orden de la Suprema fue justamente votar bien, no votar “a favor”.
- Qué significa “afectar concesiones”: un ECMPO no invalida concesiones legales, pero sí puede condicionar nuevas y obligar a ajustar prácticas en zonas sensibles, con reglas para protección cultural y ambiental. En regiones donde la acuicultura se expandió sobre estuarios, canales y mitos de “mar infinito”, un orden que ponga límites no es estancamiento; es planificación.
- Qué se requiere para dar certezas: un ordenamiento marino-costero robusto, con información pública de todas las concesiones —vigentes, caducadas, en trámite—; plazos y estándares para ECMPO; mesas de gobernanza con participación real de comunidades, pesca artesanal, sindicatos, municipios y servicios; y mecanismos de resolución de conflictos que no dependan del músculo del más grande.
Si de verdad preocupan el empleo y la inversión, la salida no es caricaturizar los ECMPO ni saltarse a la Suprema, sino hacer bien la tarea: consulta previa de buena fe, delimitaciones serias, compatibilidades explícitas, planes pesqueros y de turismo claros, monitoreo ambiental independiente, piso social para comunidades y reconversión donde corresponda. Para los gremios, eso implica cumplir en lugar de vetar; para el Estado, dejar de administrar sobresaltos y planificar con criterio público; para las comunidades, abrir sus postulaciones al escrutinio y al diálogo con los vecinos del mar.
Hoy Aysén no decide “contra” nadie: decide si da un paso hacia un borde costero con reglas que reconozcan a quienes han vivido de él antes del salmón y después del salmón. Si la votación vuelve a reducirse a gritos de “entrega” y “estancamiento”, perderá la región entera. Si se usa para ordenar —con justicia y con rigor—, puede ser el comienzo de algo que esta franja del país lleva décadas esperando: convivir donde el Estado antes solo concedió.