El momento y los anexos lo explican mejor que cualquier comunicado. Al mismo tiempo que se gestiona la designación, el Gobierno peruano admite que evalúa un memorando sobre “minerales críticos” propuesto por EE.UU., y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense trabaja en la ampliación del puerto del Callao, con una inversión estimada de US$ 3.000 millones. Es la doble vía típica: seguridad para blindar la extracción, puertos para mover mercancías y tropas, narrativa de crimen organizado para justificar la penetración. El senador Marco Rubio —elevado a secretario de Estado— ya marcó la agenda de su visita en 2026: “desmantelar” redes criminales, minerales y “cooperación en seguridad”.
Por Equipo El Despertar
Estados Unidos notificó al Capitolio que pretende declarar a Perú “aliado principal no miembro de la OTAN” (MNNA, por su sigla en inglés). El canciller Hugo de Zela lo celebró como un “gesto político” y enumeró las “ventajas”: acceso preferente a cooperación militar y financiamiento, licencias aceleradas para exportación de material, proyectos conjuntos de I+D… y —la frase que revela la sustancia— la posibilidad de preposicionar en Perú “existencias de reserva de guerra” de propiedad estadounidense.
La etiqueta MNNA no es integración a la OTAN ni garantía de defensa mutua; es un marco unilateral de Washington para priorizar a ciertos socios en la cadena de suministros militar y en la logística regional. En la práctica, abre puertas para armas con descuento, convenios de entrenamiento, acuerdos de estatus para personal y equipos, y para stockpiles que convierten al territorio en hub de contingencias ajenas. La seguridad “cooperativa” es, también, infraestructura para la guerra.
El momento y los anexos lo explican mejor que cualquier comunicado. Al mismo tiempo que se gestiona la designación, el Gobierno peruano admite que evalúa un memorando sobre “minerales críticos” propuesto por EE.UU., y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense trabaja en la ampliación del puerto del Callao, con una inversión estimada de US$ 3.000 millones. Es la doble vía típica: seguridad para blindar la extracción, puertos para mover mercancías y tropas, narrativa de crimen organizado para justificar la penetración. El senador Marco Rubio —elevado a secretario de Estado— ya marcó la agenda de su visita en 2026: “desmantelar” redes criminales, minerales y “cooperación en seguridad”.
Desde una lectura materialista, no hay misterio: el Estado actúa como director de los negocios de su clase dominante en el sistema mundial. El sello MNNA abarata el acceso a armamento y abarata la subordinación: prepara el terreno jurídico para preposicionar medios, condicionar compras, estandarizar doctrinas y alinear al socio a operaciones que no decide. A cambio, se ofrece “previsibilidad” a quienes invierten en cobre, litio, tierras raras o infraestructura. Donde se invoca “crimen organizado”, a menudo se opera contrainsurgencia de baja intensidad para disciplinar territorios que estorban la circulación de mercancías.
Hay, además, una asimetría que conviene decir en voz alta. La designación MNNA no compromete a EE.UU. a defender a Perú; sí empuja a Perú a comprar, alojar y acompañar. La “financiación militar extranjera” y los “préstamos de material” son negocio para el complejo militar-industrial; la promesa de capacitación trae consigo reglas de uso, acuerdos de estatus (SOFA) y exenciones que erosionan soberanía. Y el preposicionamiento de “reservas de guerra” —dicho en limpio: armas y pertrechos de otro— introduce en el territorio riesgos y objetivos que hoy no existen.
Si el Gobierno insiste en avanzar, el mínimo democrático no son fotos ni tuits; son contratos y textos completos sobre la mesa: ¿habrá acuerdos de inmunidades para personal estadounidense?, ¿qué controles parlamentarios y judiciales se activarán?, ¿qué límites a ejercicios, tránsito y almacenamiento?, ¿cómo se blindará la no participación en conflictos ajenos?, ¿qué cláusulas ambientales y laborales regirán los proyectos de “minerales críticos”?, ¿habrá consulta previa a comunidades afectadas por corredores, puertos y minas?, ¿quién auditará la expansión del Callao y con qué estándares de transparencia?
También hay alternativa. Cooperación en seguridad sí, pero subordinada a derechos sociales y soberanía popular: seguridad para cuidar vidas y territorios, no para asegurar rentas; puertos para comercio justo, no para proyección de poder; minerales para industrializar y diversificar la economía, no para repetir extractivismos que dejan deuda y pobreza. Y, sobre todo, parlamentar y deliberar en abierto antes de amarrar al país a una arquitectura que, como enseña la región, es fácil de firmar y difícil de desatar.
El expediente MNNA se vende como “confianza” y “beneficios”. Leído sin humo, es la puerta de entrada a un entramado de seguridad que se activa cuando los intereses lo requieren. En tiempos en que las grandes potencias reordenan cadenas y esferas de influencia, vale recordar que la seguridad también es un negocio. Y que el primer deber de un país con pueblo es no hipotecar su territorio para que otros duerman tranquilos.