El movimiento en Manta no es aislado. Forma parte de una malla regional que hoy muestra tres nodos: Caribe militarizado (operaciones, portaaviones y “reservas de guerra” preposicionadas), Paraguay, que acaba de reforzar un acuerdo de cooperación e inmunidad para personal estadounidense, y Perú, cuyo Congreso autorizó la presencia de militares de EE.UU. todo 2026, integrándolos a operaciones conjuntas con fuerzas especiales y unidades policiales. En palabras del secretario de Estado Marco Rubio: “Paraguay es uno de nuestros aliados más fuertes… buscamos operar juntos”. El guion es conocido: “apoyo” y “cooperación” para institucionalizar una presencia que subordina agendas y crea inercias.
Por Equipo El Despertar
Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en Manta (Manabí) para operar “temporalmente” junto a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el marco de una estrategia bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. El arribo choca con un dato político duro: el 60,82% de la ciudadanía rechazó la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, mandato que los gobiernos han invocado desde hace años para sostener la no presencia de fuerzas foráneas.
El presidente Daniel Noboa saludó el despliegue: “activamos una operación temporal… que permitirá identificar y desarticular rutas y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país”. La etiqueta de “temporalidad” y el vocabulario de “rutas” y “desarticulación” son ya estándar en la diplomacia de la “guerra contra las drogas”: permiten preposicionar medios, llegar con personal y equipos y, sobre todo, normalizar un esquema donde el Estado cede espacio soberano en nombre de la seguridad. Verónica Silva, excandidata presidencial, lo resumió del otro lado: “No hay paz posible sin soberanía. América Latina se respeta”.
El movimiento en Manta no es aislado. Forma parte de una malla regional que hoy muestra tres nodos: Caribe militarizado (operaciones, portaaviones y “reservas de guerra” preposicionadas), Paraguay —que acaba de reforzar un acuerdo de cooperación e inmunidad para personal estadounidense— y Perú, cuyo Congreso autorizó la presencia de militares de EE.UU. todo 2026, integrándolos a operaciones conjuntas con fuerzas especiales y unidades policiales. En palabras del secretario de Estado Marco Rubio: “Paraguay es uno de nuestros aliados más fuertes… buscamos operar juntos”. El guion es conocido: “apoyo” y “cooperación” para institucionalizar una presencia que subordina agendas y crea inercias.
Desde una mirada materialista, el problema no es solo jurídico; es de estructura. Las fuerzas armadas de la potencia no llegan por altruismo: llegan para asegurar corredores, puertos y recursos (hoy rebautizados como “minerales críticos”), para estandarizar doctrinas y alinear compras y operaciones. La etiqueta de “crimen organizado” —real y letal en nuestros barrios— funciona como llave que abre contratos (seguridad, telecom, logística) y legitimidades. La “seguridad” se vuelve un mercado; el miedo, un insumo.
Que Manta sea el punto de entrada no es casual. La ciudad ya albergó, entre 1999 y 2009, un Puesto de Operaciones Avanzadas de EE.UU.; su salida se transformó entonces en símbolo de autonomía. Volver ahora con el rótulo de “operación temporal” es, de hecho, probar el cerrojo político: si no hay costo inmediato, la temporalidad se renueva, el dispositivo se normaliza y el país desliza de la cooperación a la dependencia.
Las preguntas que la ciudadanía debería exigir en texto completo y a la vista son simples y decisivas:
- ¿Qué acuerdo habilita la operación? ¿Se firmó un SOFA (estatus de fuerzas) con inmunidades para personal y contratistas?
- ¿Qué reglas de enfrentamiento y límites de uso de equipos y datos rigen? ¿Quién audita?
- ¿Hay preposicionamiento de “existencias de reserva de guerra” (armas, pertrechos) en territorio ecuatoriano?
- ¿Cuál es el calendario y criterio de “temporalidad”? ¿Qué sucede con ampliaciones?
- ¿Cómo se resguardan derechos y debido proceso en interdicciones y operaciones conjuntas?
- ¿Cómo se evita que el mapa de la seguridad sea el mapa de intereses (corredores, puertos, minas) de terceros?
En paralelo, es imprescindible desmercantilizar la seguridad y democratizar su control: no hay garantía de vida sin política social que quite clientela al delito (empleo, escuelas abiertas, barrios con servicios), sin policía profesional con control civil ni sin inteligencia financiera que golpee a los patrimonios criminales (y a sus cómplices en el Estado). El atajo de “más bota extranjera” no resuelve la trama que financia y protege las economías ilegales; solo externaliza decisiones y alquila soberanía.
La historia enseña que estas “temporalidades” se miden más por la persistencia de los intereses que por la duración del comunicado. Entre tanto, la foto de Manta entra en un álbum más grande: Paraguay, Perú, Caribe. Un arco que proyecta poder sobre el continente, en un momento en que empresas y agencias disputan minerales, puertos y cielos. Si Ecuador aceptará ser un nodo más o afirmará el mandato de ese 60,82% dependerá menos de la retórica y más de lo que se publique, delibere y controle en los próximos días. Porque donde la seguridad se negocia en secreto, lo que se pierde no es solo autonomía: es la posibilidad misma de construir paz con justicia desde aquí adentro.