La respuesta social llegó rápido. La autopista La Paz–El Alto se bloqueó ante el alza de pasajes “de hecho”. La CSUTCB, el Magisterio Urbano y la Federación de Mineros se pronunciaron contra el “gasolinazo”. La COB —en ampliado— decretó huelga general indefinida con movilizaciones escalonadas, exigiendo la abrogación del decreto. Su ejecutivo, Mario Argollo, fue directo: no es intransigencia, es defensa del poder adquisitivo y de la vida; y si el Gobierno quiere dialogar, debe derogar primero la medida. En realidad, el decreto no solo sube precios: rompe cualquier negociación colectiva en curso, porque todo convenio firmado hace semanas queda desfasado por una inflación que no estaba en la mesa.
Por Equipo El Despertar
Bolivia amaneció con bloqueos, huelgas del transporte y una convocatoria a paro general indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB). El motivo: el Decreto Supremo 5503 del gobierno neoliberal de Rodrigo Paz, que elimina los subsidios a los combustibles y disparó los precios en un solo día. La nafta especial pasó de 3,79 a 6,96 Bs (+86%), la premium de 7,22 a 11 Bs (+52%) y el diésel de 3,72 a 9,80 Bs (+164%). En cadena, los pasajes urbanos en La Paz duplican sus tarifas y el costo de alimentos y básicos empieza a rebotar. Traducido a economía política: el decreto rebaja por decreto el salario real y traslada el costo de la crisis al bolsillo de quienes viven de su trabajo.
Los subsidios a la energía no son un “favor”; hace décadas operan como salario social indirecto: abaratan transporte, alimentos y producción, sostienen la reproducción de la vida en un país con ingresos frágiles y una geografía que encarece todo. Suprimirlos de la noche a la mañana no corrige “distorsiones”; desata una transferencia de ingresos desde los hogares hacia empresas con capacidad de marcar precios (combustibles, logística, supermercados) y hacia recaudaciones que nunca se cargan arriba. La devaluación “no oficial” publicada por el Banco Central —tipo de cambio referencial oscilando entre 8,30 y 10 Bs por dólar— funciona como combustible adicional: todo lo importado sube; todo lo dolarizado se reetiqueta.
El Gobierno ofreció ”contrapesos”: un 20% de alza del salario mínimo (hasta 3.300 Bs desde el 2 de enero), aumento de la Renta Dignidad (hasta 500 Bs mensuales) y del bono Juancito Pinto (hasta 300 Bs anuales). Pero son parches nominales frente a una remarcación que opera todos los días en transporte, alimentos y servicios. Mientras tanto, el propio paquete incluye alivios impositivos para arriba —eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)—. No es un error de calibración: es un programa de clase. Se quita con una mano donde hay millones y se devuelve con la otra donde hay decenas.
La respuesta social llegó rápido. La autopista La Paz–El Alto se bloqueó ante el alza de pasajes “de hecho”. La CSUTCB, el Magisterio Urbano y la Federación de Mineros se pronunciaron contra el “gasolinazo”. La COB —en ampliado— decretó huelga general indefinida con movilizaciones escalonadas, exigiendo la abrogación del decreto. Su ejecutivo, Mario Argollo, fue directo: no es intransigencia, es defensa del poder adquisitivo y de la vida; y si el Gobierno quiere dialogar, debe derogar primero la medida. En realidad, el decreto no solo sube precios: rompe cualquier negociación colectiva en curso, porque todo convenio firmado hace semanas queda desfasado por una inflación que no estaba en la mesa.
Conviene poner nombres exactos a las cosas. Los subsidios mal diseñados pueden favorecer ineficiencias y subsidios cruzados a sectores con capacidad de pago; corregirlos es legítimo. Pero hacerlo de golpe y sin red en vísperas de navidad, con devaluación y alzas anunciadas en transporte y alimentos, mientras se perdonan impuestos a los de arriba, no es “modernización”: es ajuste clásico. Y el Estado, lejos de árbitro neutral, se confirma como lo que advirtieron los viejos manuales: comité que administra los negocios comunes de su clase dirigente. Ese negocio —hoy— se llama energía a precio de mercado y mano de obra abaratada.
¿Hay alternativa? Sí, si la decisión política es no cargar todo abajo:
- Transición gradual y segmentada de subsidios, con tarifas diferenciadas para transporte público, pequeños productores y hogares vulnerables; nocturnidad y geografía a la vista.
- Canastas de combustibles y logística con precios pactados para alimentos básicos por un período transitorio, fiscalizados con poder real y sanciones.
- Escala móvil de salarios (cláusulas gatillo) que ajusten según canasta familiar, no solo inflación promedio.
- Impuestos de emergencia a grandes patrimonios y rentas extraordinarias para financiar la transición; suspensión de beneficios impositivos a los de arriba mientras dure el ajuste.
- Monitoreo ciudadano y sindical de remarcaciones y márgenes en cadenas clave (combustibles, transporte, alimentos), con apertura de libros para evitar la especulación.
- Plan de inversión pública en transporte masivo y eficiencia energética (flotas, electrificación, logística regional) para salir del corsé de importaciones caras.
El Gobierno eligió otra ruta: decretar, pedir paciencia y anunciar sumas que no compran el pan y el pasaje mañana. La unidad que reclama la COB es más que consigna: sin asambleas en centros de trabajo, barrios y mercados, la protesta se agota en paros aislados que el poder espera. Con organización —transporte, mineros, magisterio, campesinado— se puede forzar una mesa con dos puntos claros: abrogación del 5503 y plan de transición con quién paga qué, por escrito.
No se trata de negar la crisis ni de romantizar subsidios eternos. Se trata de recordar una aritmética sencilla: cada boliviano de más en el litro es una hora menos de comida en la mesa de alguien. Y que el Estado que hoy aprieta abajo y desgrava arriba está dando una señal peligrosa: venía por el salario real y se lo está llevando. La calle ya empezó a responder. La pregunta es si lo hará con la disciplina y la inteligencia que la ocasión merece para doblar un decreto que, de mantenerse, convertirá el fin de año en el comienzo de un empobrecimiento programado.