Con este resultado, Simpértigue queda inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. La decisión llega tras meses de escándalos que expusieron las costuras de la élite judicial y a una verdadera asociación ilicita, dentro y fuera del poder judicial: intervención en causas donde actuaban abogados cercanos, como los imputados por cohecho y lavado Eduardo Lagos y Mario Vargas, omisión del deber de abstención, y viajes recreativos con partes interesadas, incluido un crucero por Europa posterior a resoluciones favorables en el caso Fundamenta. El Senado zanjó lo que la calle veía con inquietud: no hay imparcialidad posible cuando un ministro del máximo tribunal diluye las fronteras entre su investidura y redes privadas de influencia.
Por Equipo El Despertar
En una votación sin precedentes por su amplitud, el Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, por “notable abandono de deberes”. El primer capítulo, centrado en la trama bielorrusa (caso Belaz Movitec) y las faltas al deber de probidad, abstención e imparcialidad, se aprobó por unanimidad: 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El tercer capítulo, referido al caso Fundamenta y a viajes compartidos con abogados litigantes, obtuvo 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. El segundo capítulo, sobre conflicto de interés en nombramientos notariales (designación de su hijastro como notario interino en San Miguel), no alcanzó el umbral y fue rechazado (18 a favor, 3 en contra, 19 abstenciones).
Con este resultado, Simpértigue queda inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. La decisión llega tras meses de escándalos que expusieron las costuras de la élite judicial y a una verdadera asociación ilicita, dentro y fuera del poder judicial: intervención en causas donde actuaban abogados cercanos, como los imputados por cohecho y lavado Eduardo Lagos y Mario Vargas, omisión del deber de abstención, y viajes recreativos con partes interesadas, incluido un crucero por Europa posterior a resoluciones favorables en el caso Fundamenta. El Senado zanjó lo que la calle veía con inquietud: no hay imparcialidad posible cuando un ministro del máximo tribunal diluye las fronteras entre su investidura y redes privadas de influencia.
El debate fue nítido. “La vida privada de un juez deja de ser estrictamente privada cuando se entrelaza con intereses”, dijo David Sandoval (UDI), marcando que la ética judicial no solo exige imparcialidad real, sino también su apariencia objetiva, como subrayó Carmen Gloria Aravena (IND). Iván Flores (DC) apuntó que la no inhabilitación en causas con vínculos evidentes “revela una conducta incompatible con la independencia”. En la misma línea, Claudia Pascual (PC) calificó de “máxima gravedad” compartir viajes con abogados litigantes y votar en sus causas. “La justicia no es un privilegio, es un deber”, remató Karim Bianchi (IND). Votaron a favor senadores de todo el arco: Rojo Edwards, Alejandra Sepúlveda, Luciano Cruz-Coke, Gustavo Sanhueza, Juan Ignacio Latorre, Juan Luis Castro, Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Rodrigo Galilea, Felipe Kast, entre otros. Pedro Araya (PPD) y Francisco Chahuán (RN) se inhabilitaron.
Simpértigue, que llegó a la sesión afirmando que “no merezco lo que me pasa” y que “actué de buena fe”, negó irregularidades: “Todas las cosas que pasaron fueron parte de la normalidad”. Pero la normalidad que describió es, justamente, lo que el Senado repudió: una cultura de privilegios donde asados, cruceros y favores se confunden con el ejercicio de la jurisdicción. La señal es clara: esa normalidad ya no vale.
Para una izquierda que lleva años denunciando la captura corporativa del Estado, la destitución es un paso mayor: una cúpula acostumbrada a la impunidad recibe, por fin, un límite institucional. Pero no alcanza con un nombre. Si no hay reformas que desarmen las condiciones que hicieron posible estas tramas, opacidad, puertas giratorias, lobby encubierto, vacíos disciplinarios, el sistema reciclará nuevos Simpértigue.
Agenda mínima para que el gesto no se diluya:
- Transparencia activa obligatoria de agendas, reuniones y viajes de ministros y ministras; registro público de lobby y “gestiones de interés” en el Poder Judicial, con fiscalización externa.
- Enfriamiento real (cooling-off) y prohibición de vínculos con abogados litigantes; reglas de inhabilitación automática ante mínimos vínculos.
- Elección popular y auditoría ciudadana y de Contraloría sobre nombramientos (notarías, conservadores, fiscales judiciales) y fallos sensibles; publicación de votos y fundamentos.
- Sanciones penales y administrativas por ocultar conflictos, falsas declaraciones de interés y beneficios indebidos; persecución patrimonial cuando corresponda.
- Consejo de la Magistratura con composición plural y dientes para evaluación y disciplina, sin cooptación corporativa.
La acusación contra Simpértigue no repara lo ocurrido en Belaz Movitec ni en Fundamenta, pero restaura un mínimo: no todo vale en la cúpula que se supone última garantía de derechos. Hacer de este caso un punto de inflexión, y no un paréntesis, depende de que el Congreso y la sociedad movilizada empujen las reglas que faltan. Sin justicia limpia no hay país justo: no es una frase de la tribuna; es un programa que empieza por limpiar la casa y sigue por abrirla a control democrático. Aquí, al menos por una vez, se dio el primer paso. Ahora hay que caminar.