En este cuadro aterriza Kast, que en Buenos Aires posó con la motosierra de Milei como emblema de recortes y privatizaciones, y que ahora ofrece “corredores humanitarios” para deportaciones masivas, el mismo lenguaje que convierte a personas en carga logística. Ese corredor, vendido como coordinación virtuosa entre países, implica acuerdos opacos, traslados forzados, recursos que irán a seguridad y no a integración, y un mensaje político de orden por sobre derechos. La sintonía Kast–Noboa no es retórica: se inscribe en la misma gramática neoliberal que promete paz con más mercado y más policía, y que oculta bajo apuros legislativos, y fotos de agenda internacional, la postergación de salarios, viviendas, cuidados y servicios públicos.
Por Equipo El Despertar
El presidente electo chileno, José Antonio Kast, aterriza en Quito para la foto de rigor con Daniel Noboa, y el símbolo no podría ser más claro: el eje que promueve motosierra, “mano dura” y negocios rebautizados como “libertad” intenta afirmarse en una región herida.
Ecuador, entretanto, no está para escenografías. En apenas siete meses, el Gobierno de ultraderechas que revalidó mandato en abril con el 56% entró en caída libre: perdió un referéndum que buscaba habilitar nueva Constitución, recortar Congreso, quitar financiamiento público a partidos y, sobre todo, abrir la puerta al retorno de bases militares extranjeras; enfrentó un mes de protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel; y exhibe una violencia que no cede pese a decretos de excepción y declaraciones de “conflicto armado interno”.
La derrota del 16 de noviembre no fue un voto ideológico sino un plebiscito sobre la falta de resultados: seguridad, salud y empleo no mejoran con anuncios ni consultas, y la gente lo dejó claro. El oficialismo apostó a un atajo político pensando que la consulta le regresaría impulso; encontró una pared. La aprobación presidencial retrocede, hoy bordea el 44%, y la desaprobación supera el 50%. El mensaje de las encuestas no es enigmático: no hay créditos de confianza infinitos cuando se multiplica la sensación de abandono, y la inseguridad se ha convertido en el centro de gravedad del malestar.
La violencia, que el Gobierno prometió frenar con más militares en la calle y una “mega cárcel” como réplica del modelo Bukele, crece. Hasta octubre se contaban 7.553 homicidios, más que en todo 2024; ACLED ya ubica a Ecuador entre los países más peligrosos del mundo para 2026, después de haber llegado a figurar entre los más seguros bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana.
El diagnóstico es público: disputa territorial entre bloques narco, fragmentación de bandas tras caídas de jefes, cárceles fuera de control, expansión de economías ilícitas, extorsión, minería de oro ilegal, y un Estado que llega tarde, mal y poco a los barrios. El resultado concreto es el desplazamiento interno de más de 130 mil personas desde 2021 y la salida del país de más de 400 mil en el mismo periodo. Cuando la respuesta es solo punitiva, más armas, más rejas, más contratos de seguridad, el negocio florece y la vida se achica.
En paralelo, el ajuste disfrazado de “racionalidad” aprieta abajo. La eliminación de subsidios al diésel disparó pasajes y alimentos; los salarios reales, ya erosionados por la inflación, vuelven a perder. La protesta indígena —un mes de bloqueos y movilizaciones— no fue un capricho: fue la reacción de quienes viven al día y de quienes ponen el hombro para mover el país con camiones, buses, canastas campesinas. El Gobierno respondió con uniformes, no con política; convocó a “orden” donde hacía falta escuchar, segmentar, transitar con criterios de justicia social.
En este cuadro aterriza Kast, que en Buenos Aires posó con la motosierra de Milei como emblema de recortes y privatizaciones, y que ahora ofrece “corredores humanitarios” para deportaciones masivas, el mismo lenguaje que convierte a personas en carga logística. Ese corredor, vendido como coordinación virtuosa entre países, implica acuerdos opacos, traslados forzados, recursos que irán a seguridad y no a integración, y un mensaje político de orden por sobre derechos. La sintonía Kast–Noboa no es retórica: se inscribe en la misma gramática neoliberal que promete paz con más mercado y más policía, y que oculta bajo apuros legislativos, y fotos de agenda internacional, la postergación de salarios, viviendas, cuidados y servicios públicos.
Si de verdad se busca virar el rumbo, la receta está al alcance de la mano, pero exige abandonar el guion del atajo. Seguridad, sí, pero con derechos: policía profesional bajo control civil y evaluación pública, inteligencia financiera para golpear patrimonios criminales y no solo cadenas débiles, cárceles recuperadas para la ley y no para las bandas. Salario y trabajo, ya: ingreso y empleo de emergencia en barrios y puertos, inversión en transporte público y en servicios que devuelvan tejido a las ciudades y al campo. Diálogo y política con el movimiento indígena: revertir las alzas súbitas y construir una transición energética que no rompa estómagos. Y soberanía: cooperación sin tutelas, ni bases ni inmunidades foráneas; la seguridad del país no puede ser moneda de cambio en el mercado regional de influencias.
Noboa todavía está a tiempo de dejar de ser un eslogan y reconectar con su pueblo. Lo que no va a comprarse con consultas ni con giras es la legitimidad que solo dan resultados tangibles: bajar los homicidios, mejorar la atención en salud, abrir caminos de empleo sin despojar derechos. Si la foto con Kast confirma la apuesta por motosierra y punitivismo, Ecuador se hundirá un poco más en el laboratorio del miedo. Si el Gobierno decide, en cambio, el camino menos amable para los de arriba —más impuestos a los que más tienen, más inversión social, más control al negocio de la seguridad—, habrá una posibilidad. No se recupera credibilidad con enemigos de ocasión ni con “corredores humanitarios”; se recupera donde se perdió: en la mesa, en la fila de la posta, en la esquina donde las balas gobiernan.