La propuesta de Kast apunta exactamente en la dirección contraria: blindar la renta inmobiliaria, incluso cuando se trata de patrimonios millonarios. El ejemplo que da Velasco es revelador: una persona que compró un terreno por US$50 mil y hoy posee un activo de US$1 millón no es “clase media vulnerable”, es capitalista rentista. Eximirla del impuesto por el solo hecho de vivir allí, o por tener cierta edad, no es justicia social, es transferencia regresiva de recursos.
Por Editor El Despertar
La propuesta de José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda expone una verdad incómoda para la derecha chilena: no existe justificación económica ni social para eximir del impuesto a la propiedad, salvo la defensa ideológica de la renta y el privilegio. Cuando incluso un economista liberal, exministro de Hacienda y exreferente de la “responsabilidad fiscal”, califica la idea como “una estupidez sin nombre”, lo que queda al desnudo no es solo una mala política pública, sino un gesto populista al servicio de los propietarios más ricos del país.
Desde una perspectiva marxista, el problema es aún más claro. Las contribuciones no gravan el trabajo ni el esfuerzo productivo, sino la propiedad del suelo y la renta inmobiliaria, una de las formas más clásicas de apropiación de riqueza sin trabajo. La vivienda, especialmente en comunas como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, no se valoriza por mérito individual, sino por inversión pública, planificación urbana, infraestructura estatal y segregación social. El propietario captura esa valorización como renta privada. El impuesto territorial es, en ese sentido, uno de los pocos mecanismos que permiten socializar parcialmente esa renta.
La propuesta de Kast apunta exactamente en la dirección contraria: blindar la renta inmobiliaria, incluso cuando se trata de patrimonios millonarios. El ejemplo que da Velasco es revelador: una persona que compró un terreno por US$50 mil y hoy posee un activo de US$1 millón no es “clase media vulnerable”, es capitalista rentista. Eximirla del impuesto por el solo hecho de vivir allí, o por tener cierta edad, no es justicia social, es transferencia regresiva de recursos.
La derecha intenta vender esta exención como alivio para adultos mayores, pero eso es un pretexto emocional. Como bien señala Velasco, existen múltiples instrumentos, postergación del pago, cobro a herencia, hipoteca inversa, que permiten resolver situaciones de liquidez sin desmantelar un impuesto clave para el financiamiento municipal y la redistribución territorial. Lo que Kast propone no es una solución focalizada: es una amnistía tributaria generalizada para propietarios, con cargo a menos recursos para los municipios, para servicios locales y políticas públicas. Y lo más grave, a costa de los municipios más pobres ya que el impacto es distinto en aquellos municipios en donde el per cápita comunal es superior al millón de pesos por persona, donde el dinero sobra, que en aquellos que se baten con menos de 250.000 pesos por habitante al año y parte fundamental de sus ingresos vienen precisamente de la distribución de las contribuciones de las comunas más ricas.
Desde el marxismo, hay un principio básico de tributación que aquí se cumple al revés: se debe gravar aquello que no depende del esfuerzo individual y que no puede “huir”, como la tierra. El capital inmobiliario no tiene ruedas, no se va del país, no reduce su “oferta” si paga impuestos. En cambio, eliminar contribuciones obliga a compensar con impuestos al trabajo, al consumo o con recortes del gasto social. Es decir, termina pagando el que vive de su salario, no el que vive de su patrimonio.
Por eso esta propuesta no es solo técnicamente mala: es políticamente reveladora. En un país con crisis habitacional, con generaciones que no pueden acceder a una vivienda y con comunas pobres financiando a comunas ricas vía transferencias fiscales, la eliminación de contribuciones es una señal clara de para quién gobierna la derecha. No para los que arriendan, no para los endeudados, no para los sin casa, sino para quienes ya acumulan propiedad y capital.
Lo que viene en Chile es un debate de fondo: ¿seguirá el Estado protegiendo la renta y el privilegio, o comenzará a gravar seriamente la riqueza improductiva? La propuesta de Kast responde sin ambigüedades a la primera opción. Y si incluso un liberal como Velasco lo llama “populismo puro”, es porque la máscara tecnocrática ya no alcanza para ocultar lo esencial: la derecha no quiere menos impuestos, quiere menos impuestos para los ricos.