El informe —según lo conocido— apunta a vacíos de control y coordinación en políticas públicas sensibles. No es la primera vez. En Chile, la Contraloría ha venido señalando reiteradamente problemas que no son “errores de implementación”, sino efectos previsibles de un Estado fragmentado, tercerizado y debilitado por décadas de reformas pro-mercado. Ministerios con funciones superpuestas, servicios sin dientes, compras y convenios externalizados, y una cadena de responsabilidades diluida hasta volverse inubicable.
Por Editor El Despertar
La reacción de La Moneda frente al informe de la Contraloría General de la República, que advierte falencias de control, coordinación y responsabilidad en la gestión estatal, no es un episodio técnico ni un roce burocrático. Es un síntoma político. Cuando el Ejecutivo “golpea la mesa” ante un órgano fiscalizador, lo que asoma es una tensión más profunda: la fragilidad del Estado chileno para gobernar procesos complejos en un marco de alta captura privada y debilidad estructural.
Desde una perspectiva marxista, la discusión no puede reducirse a si la Contraloría “excedió” o no sus atribuciones, ni a si el Ejecutivo “respondió con firmeza”. La pregunta de fondo es qué tipo de Estado tenemos y a quién sirve. Marx lo planteó con claridad: “El Estado moderno no es sino un comité para administrar los negocios comunes de la burguesía”. Cuando ese comité es interpelado por un órgano de control que evidencia desorden, superposición o ausencia de conducción, la reacción defensiva no sorprende: se expone el límite material del poder estatal en una economía neoliberal.
El informe —según lo conocido— apunta a vacíos de control y coordinación en políticas públicas sensibles. No es la primera vez. En Chile, la Contraloría ha venido señalando reiteradamente problemas que no son “errores de implementación”, sino efectos previsibles de un Estado fragmentado, tercerizado y debilitado por décadas de reformas pro-mercado. Ministerios con funciones superpuestas, servicios sin dientes, compras y convenios externalizados, y una cadena de responsabilidades diluida hasta volverse inubicable.
La respuesta política de La Moneda busca cerrar filas en nombre de la gobernabilidad. Pero aquí conviene una advertencia gramsciana: “La crisis consiste precisamente en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. El Ejecutivo intenta gobernar con herramientas heredadas de un Estado diseñado para no intervenir demasiado, mientras enfrenta demandas sociales que exigen capacidad real de dirección, control y ejecución. Cuando la Contraloría señala que eso no está ocurriendo, el problema no es el informe: es el modelo de Estado.
Hay, además, un punto incómodo: la asimetría del control. La Contraloría suele ser implacable con municipios, servicios y funcionarios de menor rango, pero el corazón de la captura privada —concesiones, grandes contratos, asociaciones público-privadas, lobby empresarial— rara vez recibe el mismo escrutinio estructural. Esta selectividad no es casual: expresa el equilibrio de fuerzas dentro del Estado. Lenin lo decía sin rodeos: “Mientras exista el Estado, no hay libertad; cuando haya libertad, no habrá Estado”. En Chile, el Estado controla con rigor a los eslabones débiles y negocia con los fuertes.
Por eso, la polémica actual debería abrir un debate más honesto: ¿queremos un Estado capaz de planificar, ejecutar y controlar políticas públicas en función del interés social, o uno que administre contratos y apague incendios? Si la respuesta es lo primero, entonces los informes de Contraloría no son una molestia: son una radiografía. Y la reacción no debería ser defensiva, sino transformadora.
Lo que viene en Chile —en materia de seguridad social, salud, vivienda, cuidados, infraestructura— exige un salto cualitativo del Estado. Más capacidad, más control público, menos tercerización, más responsabilidad política y menos coartadas técnicas. Si el Ejecutivo responde a las alertas con gestos de autoridad pero sin cambios estructurales, el conflicto se repetirá. Y cada repetición erosionará un poco más la confianza en las instituciones.
En última instancia, esta controversia recuerda una verdad básica: no hay política pública eficaz sin poder estatal real, y no hay poder estatal real cuando el Estado está diseñado para no incomodar al capital. Golpear la mesa puede servir para la foto; reconstruir el Estado es la tarea histórica. Y esa tarea no se resuelve con comunicados, sino con una decisión política que asuma —de una vez— que la “normalidad institucional” neoliberal ya no alcanza para gobernar una sociedad en crisis.