El mensaje es claro: los derechos no se suspenden, aun cuando el cerco económico de Estados Unidos, endurecido con medidas coercitivas unilaterales, limita el acceso a créditos, combustibles, insumos y materias primas. Desde una perspectiva marxista, este punto es central. El bloqueo es una forma contemporánea de violencia estructural, diseñada para quebrar la reproducción material de una sociedad que decidió sustraer sectores estratégicos al control del capital estadounidense.
Por Equipo El Despertar
Mientras buena parte del mundo naturaliza las sanciones como herramienta legítima de política exterior, Cuba sigue viviendo bajo una guerra económica permanente que no busca reformas ni “democratización”, sino asfixia social y disciplinamiento político. En ese escenario, el recorrido del presidente Miguel Díaz-Canel por proyectos productivos y comunitarios en La Habana no es un gesto comunicacional: es una afirmación política de que, incluso bajo bloqueo, la vida social no se abandona al mercado ni a la caridad internacional.
El mensaje es claro: los derechos no se suspenden, aun cuando el cerco económico de Estados Unidos, endurecido con medidas coercitivas unilaterales, limita el acceso a créditos, combustibles, insumos y materias primas. Desde una perspectiva marxista, este punto es central. El bloqueo es una forma contemporánea de violencia estructural, diseñada para quebrar la reproducción material de una sociedad que decidió sustraer sectores estratégicos al control del capital estadounidense.
Marx señalaba que “la violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva”. En el caso cubano, la violencia no adopta solo la forma de invasiones o sabotajes, sino la del castigo económico sistemático. Impedir importaciones, encarecer transacciones, aislar financieramente a un país entero es una manera de atacar la vida cotidiana: el alimento, la energía, el transporte, la salud. El bloqueo apunta al metabolismo social de la Isla.
Frente a ello, la apuesta del Estado cubano por proyectos locales, soberanía alimentaria, recuperación de infraestructura social y cadenas productivas nacionales expresa una lógica opuesta a la del neoliberalismo regional. Mientras en otros países la crisis se “resuelve” recortando gasto social, despidiendo trabajadores y entregando servicios al mercado, Cuba intenta —con enormes dificultades— sostener lo esencial. No porque ignore la escasez, sino porque prioriza la vida por sobre la rentabilidad.
Díaz-Canel habló de “ejemplos inspiradores”. No se trata de triunfalismo. Se trata de mostrar que, incluso bajo condiciones extremas, la planificación social y la organización comunitaria pueden generar respuestas propias. Gramsci advertía que en las crisis “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Cuba vive esa tensión todos los días: defender conquistas sociales en un mundo dominado por finanzas, sanciones y cadenas globales controladas por grandes potencias.
La insistencia del Gobierno cubano en que la resistencia económica es también un ejercicio de soberanía apunta al núcleo del conflicto. No es solo una disputa económica, sino política y simbólica: ¿puede un país pequeño sostener un proyecto social propio sin someterse al orden imperial? La respuesta cubana, con todas sus contradicciones, sigue siendo afirmativa. Y eso es precisamente lo que el bloqueo busca negar.
En América Latina, donde gobiernos de derecha aplican ajustes brutales en nombre del “realismo económico”, el caso cubano incomoda porque recuerda algo elemental: las crisis no se enfrentan siempre del mismo lado. Se puede elegir que pague el pueblo o se puede elegir proteger derechos, aun en condiciones adversas. Cuba eligió —y sigue eligiendo— lo segundo.
Por eso, cada proyecto social que se mantiene en pie bajo el bloqueo no es solo una política pública: es un acto de desobediencia histórica frente a un orden mundial que castiga a quien no se arrodilla. Y mientras el cerco continúe, la pregunta no es si Cuba resiste por ideología, sino por qué el mundo sigue tolerando una política que, desde cualquier estándar democrático, constituye un castigo colectivo contra un pueblo entero.