Lo que hay detrás es una disputa de proyecto. Republicanos blanquean, de antemano, la criminalización de la disidencia para pavimentar una agenda de recortes “modernizadores”: reforma laboral regresiva, privatización de facto de la seguridad y desregulación ambiental al servicio de los mismos de siempre. Ante eso, la definición del PC y, en rigor, de toda oposición social, es obvia: reconstruir presencia territorial, capacidad de convocatoria y unidad con sindicatos, feminismos, estudiantes, poblaciones. No es “desorden”; es una condición mínima para que la mayoría social tenga voz. Rosa Luxemburg lo dijo con precisión que incomoda: “La libertad es siempre la libertad del que piensa distinto”. Sin esa libertad, lo que queda es obediencia.
por Equipo El Despertar
La escena quedó trazada: mientras el Partido Comunista definió, tras su Comité Central, volver a las calles con trabajo de masas y fechas emblemáticas, 8 de marzo, 1 de mayo, para defender derechos ante un gobierno entrante que promete motosierra, el Partido Republicano respondió con un libreto conocido: “severas consecuencias”, “mano dura” y la idea de que toda protesta es un desafío a la democracia. Su presidente, Arturo Squella, habló de “llamados encubiertos a desafiar la democracia” y advirtió que cualquier acción “al margen de la ley” será castigada “tal como se planteó en campaña”. En la misma línea, el diputado Stephen Schubert amplificó: “los chilenos votaron por orden, Estado de Derecho… quien se manifieste tendrá que hacerlo de forma pacífica”.
El punto de partida importa: el derecho a reunión y manifestación pacífica existe y no requiere permiso previo. Lo consagra el artículo 19 N° 13 de la Constitución vigente, y lo refuerza el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Chile ha ratificado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Protesta y Derechos Humanos” (2019), advierte que los Estados deben facilitar la protesta, no disuadirla con amenazas abiertas; y los Principios Básicos de la ONU sobre uso de la fuerza y armas de fuego (1990) fijan que la fuerza es último recurso, proporcional y sujeto a rendición de cuentas. Lo contrario, equiparar protesta a “orden público” sin matices, no cuida la democracia: la encoge.
Lo que hay detrás es una disputa de proyecto. Republicanos blanquean, de antemano, la criminalización de la disidencia para pavimentar una agenda de recortes “modernizadores”: reforma laboral regresiva, privatización de facto de la seguridad y desregulación ambiental al servicio de los mismos de siempre. Ante eso, la definición del PC y, en rigor, de toda oposición social, es obvia: reconstruir presencia territorial, capacidad de convocatoria y unidad con sindicatos, feminismos, estudiantes, poblaciones. No es “desorden”; es una condición mínima para que la mayoría social tenga voz. Rosa Luxemburg lo dijo con precisión que incomoda: “La libertad es siempre la libertad del que piensa distinto”. Sin esa libertad, lo que queda es obediencia.
En ese contexto, la advertencia del periodista Juan Andrés Lagos no es una provocación sino un recordatorio histórico: Chile ya vivió un país donde tres personas juntas eran sospecha, y la ciudadanía está cansada de la prepotencia. “Si van a empezar el gritoneo… yo siento que va a haber un descontento muy fuerte”, señaló. La experiencia reciente lo confirma: la ley “antibarricadas” (Ley 21.208, 2020) y otras fórmulas punitivas no resolvieron malestares; enturbiaron el ejercicio de derechos y abrieron espacio a abusos que el INDH documentó con detalle tras 2019 (más de 400 traumas oculares, decenas de muertes y miles de denuncias). “Orden” sin justicia social no es paz, es silencio comprado.
Toca también poner la discusión en su lugar: protesta pacífica no equivale a “vandalismo”; y el Estado tiene herramientas para diferenciar, y sancionar, delitos sin arrasar con el derecho a expresarse. El propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, debió recordarlo: “libertad de expresión, sí; siempre pacíficamente”. La oposición social haría bien en blindar esa premisa: logística, cuidado, rutas, protocolos de no confrontación y brigadas de derechos humanos. Y el gobierno entrante, si no quiere repetir el manual de la brutalidad, debería asumir estándares internacionales antes de que haya heridos y querellas.
La derecha habla de “mandato de urnas” para justificar la fuerza. Pero ningún mandato autoriza a arrasar con garantías ni a decretar sospecha sobre quien marcha. Gramsci enseñó que la hegemonía se sostiene tanto en consenso como en coerción; cuando lo segundo reemplaza a lo primero, lo que hay no es autoridad sino autoritarismo. Si La Moneda decide gobernar a palos, y los republicanos, desde el Congreso, auspician ese camino, no será la “turba” la que ponga en riesgo la convivencia, sino el Estado de excepción permanente.
Para las fuerzas de izquierda, la tarea no es solo “volver a las calles”: es volver a la vida material. Protestar por salario, vivienda, cuidados, salud, seguridad con derechos y territorio, y convertir esa protesta en programa, proyecto de ley, fiscalización, presupuesto. Que la unidad no sea solo foto, sino método: parlamentaria, social y comunicacional. Y que el 8M, el 1 de mayo y cada fecha no sean “jornadas aisladas”, sino estaciones de un plan de lucha paciente e inteligente. Marx lo escribió sin épica: los derechos se conquistan y se sostienen con organización.
“Mano dura” o represión inteligente son la misma trampa: convertir la democracia en un perímetro estrecho donde solo cabe la aprobación. La advertencia es clara: habrá vigilancia y habrá protesta, como corresponde a un pueblo que no está dispuesto a entregar, sin pelear, lo que costó décadas. Si el gobierno entrante confunde eso con “amenaza”, estará reconociendo —antes de empezar— que su proyecto no soporta ni siquiera el aire de la plaza.