Que Monckeberg diga que lo entendería si lo dijeran la DC, el PPD o el PS, pero no si lo dice el PC, revela el núcleo del problema: no le incomoda la movilización; le incomoda quién la conduce y qué proyecto social la inspira. Una oposición “aceptable” para la derecha es la que se limita a los acuerdos institucionales, la que protesta sin tocar el poder económico, la que reclama sin organizar. Una oposición con trabajo de base y horizonte transformador, en cambio, se vuelve intolerable.
Por Daniel Jadue
La derecha chilena ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: criminalizar la organización popular. Bastó que el Partido Comunista hablara de un “trabajo de masas sistemático” frente a un eventual gobierno de José Antonio Kast para que figuras como Cristián Monckeberg lo calificaran como “una amenaza clara”. Y para que el presidente republicano, Arturo Squella, insinuara el libreto de siempre: si hay encapuchados o barricadas, “ya sabrán a quién responsabilizar”. No hay sorpresa alguna, es el viejo método: convertir la política social en sospecha y la protesta en delito.
Lo primero es poner las palabras en su lugar. “Trabajo de masas” significa algo muy simple: organización en sindicatos, territorios, federaciones estudiantiles, juntas de vecinos, colectivos de mujeres, movimientos sociales. Es decir, el corazón de cualquier democracia viva. Gramsci lo decía con claridad: la política no se reduce al parlamento; se disputa en la sociedad civil, en la cultura, en el sentido común. Cuando una fuerza anuncia que hará trabajo de masas, está diciendo que se preparará para resistir y disputar hegemonía en el terreno donde se decide la vida cotidiana.
Que Monckeberg diga que lo entendería si lo dijeran la DC, el PPD o el PS, pero no si lo dice el PC, revela el núcleo del problema: no le incomoda la movilización; le incomoda quién la conduce y qué proyecto social la inspira. Una oposición “aceptable” para la derecha es la que se limita a los acuerdos institucionales, la que protesta sin tocar el poder económico, la que reclama sin organizar. Una oposición con trabajo de base y horizonte transformador, en cambio, se vuelve intolerable.
Detrás de este escándalo fingido hay una estrategia política transparente: preparar el terreno para la represión preventiva. Si se instala que “trabajo de masas” equivale a violencia, entonces cualquier huelga, toma, marcha o protesta puede ser presentada como parte de un plan subversivo. Lenin describía este mecanismo con precisión: el Estado burgués necesita presentarse como neutral, pero en la práctica funciona como aparato de coerción para defender un orden social. Por eso la derecha tiende a confundir “orden público” con “orden de propiedad”.
La paradoja es que el propio Monckeberg reconoce que “no corresponde relacionar inmediatamente la movilización en la calle con el PC”, pero de inmediato añade que se están “dejando huellas claras” de lo que ocurrirá. Es decir: no acusa directamente, pero sugiere; no prueba, pero insinúa; no argumenta, pero estigmatiza. La insinuación cumple su objetivo: sembrar sospecha sobre toda organización popular antes de que el gobierno de Kast siquiera empiece.
En el fondo, la derecha teme lo que siempre temió: un pueblo organizado. Porque un pueblo organizado no solo protesta: exige derechos. Y cuando exige derechos, empieza a tocar lo que el capital considera intocable: salarios, pensiones, propiedad, recursos estratégicos, privatizaciones, monopolios. La historia chilena es clara: las mayores conquistas sociales —jornada laboral, sindicalización, derechos estudiantiles, mejoras salariales— no nacieron del consenso parlamentario, sino de presión social organizada.
“Trabajo de masas sistemático” no es amenaza. Es lo mínimo. Es la condición para que la democracia no sea un ritual de urna cada cuatro años, sino participación real. La verdadera amenaza no es que el pueblo se organice; la amenaza es un gobierno que ya anuncia que gobernará por la vía administrativa, que habla de orden como castigo y que prepara el terreno para criminalizar la protesta.
Si Kast llega a La Moneda, lo que vendrá no será “paz social”, sino conflicto social administrado con mano dura. Y ahí la pregunta no es si habrá movilización; la pregunta es si la movilización tendrá la fuerza, la claridad y el tejido social para resistir sin ser aplastada. El trabajo de masas no es una amenaza: es una tarea histórica. Lo que está amenazado no es el país; lo que está amenazado es el monopolio de las élites sobre la política.