La Corte resolvió el 26 de diciembre que su libertad constituía un peligro para la sociedad y ordenó la prisión preventiva. Sin embargo, el imputado había sido dejado en libertad el 24 de diciembre, lo que abrió una indagatoria para determinar responsabilidades.
Por Equipo El Despertar
Diputados de Renovación Nacional (RN) pidieron la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la remoción del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, luego de que se conociera un nuevo caso de liberación por error de un imputado que debía mantenerse privado de libertad.
El caso corresponde a Mathias Fuentes Rojas, formalizado por maltrato de obra a personal de la PDI y microtráfico, quien quedó en libertad pese a que, posteriormente, se dictó prisión preventiva.
La cronología del error: orden de prisión y salida el 24 de diciembre
De acuerdo con los antecedentes difundidos por Emol y Bío Bío Investiga, Fuentes fue formalizado el 23 de diciembre. Ese día la Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero el tribunal la rechazó inicialmente; el fiscal apeló, por lo que el imputado quedó “en tránsito” recluido en Santiago 1, a la espera de lo que resolviera la Corte.
La Corte resolvió el 26 de diciembre que su libertad constituía un peligro para la sociedad y ordenó la prisión preventiva. Sin embargo, el imputado había sido dejado en libertad el 24 de diciembre, lo que abrió una indagatoria para determinar responsabilidades.
Gendarmería, por su parte, reconoció que la orden “no fue ejecutada” por el personal a cargo y anunció que el funcionario responsable fue sancionado y apartado de sus funciones, además de dar aviso al Ministerio Público.
RN acusa “negligencia” y exige responsabilidades políticas
En una declaración pública, la bancada RN sostuvo que este episodio “deja a la vista” un nuevo caso de negligencia en el sistema penitenciario y que termina “boicoteando” los esfuerzos del Estado contra la delincuencia. En ese marco, atribuyeron responsabilidad política al ministro de Justicia por su rol de supervigilancia y coordinación con Gendarmería.
El texto de RN también vinculó este hecho con otros episodios recientes, mencionando la fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández (imputado por el homicidio del “Rey de Meiggs”) desde Santiago 1 y otras evasiones registradas durante 2025.
Corrupción y sobrecarga: el trasfondo del sistema penitenciario
La ofensiva política ocurre mientras el sistema penitenciario enfrenta cuestionamientos por corrupción interna. La Operación Apocalipsis, causa de la Fiscalía Occidente investigada con la PDI, contempla 71 imputados, de los cuales 45 son gendarmes, por una red que operaba en los penales de San Joaquín y Santiago 1, con resolución de cautelares fijada para el 30 de diciembre.
En paralelo, reportajes de investigación han descrito la penetración del crimen organizado en recintos como Santiago 1, incluyendo pesquisas sobre decenas de funcionarios indagados por facilitar ingresos irregulares y circulación de bienes ilícitos.
Desde la propia institución, Rubén Pérez ha planteado que el problema también se explica por una presión estructural: en los últimos cuatro años, dijo, la población penal creció en más de 23.000 internos (sobre 30%) sin un aumento equivalente de dotación, en un escenario de mayor complejidad carcelaria.
Más allá del intercambio de acusaciones, el episodio vuelve a poner en el centro una tensión de fondo: el Estado penal aparece como respuesta preferente a la “seguridad”, pero funciona sobre una base material frágil (sobrecarga, precariedad y redes de captura/corrupción), lo que abre espacio tanto a fallas como a disputas políticas que suelen reducirse a sanciones individuales o a promesas de “mano dura”, sin abordar la estructura que reproduce el problema.