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Beyer califica de “preocupante” informe de seguimiento de Contraloría sobre el SAE y acusa respuesta “insuficiente” del Mineduc

Dic 31, 2025
Foto La tercera

Además, se identificaron casos de matrículas simultáneas (233 estudiantes con doble inscripción), junto con problemas de gestión y trazabilidad asociados a la falta de interoperabilidad entre sistemas (SIGE, SAE y la plataforma web), y al hecho de que “Anótate en la Lista” es administrada por un proveedor externo, lo que dificultaría seguir el rastro completo de postulaciones y resultados.

Por Equipo El Despertar

El economista y exministro de Educación Harald Beyer calificó como “preocupante” el nuevo informe de seguimiento de la Contraloría General de la República sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y su registro público “Anótate en la Lista”, y apuntó a que las acciones del Ministerio de Educación (Mineduc) para corregir observaciones previas han sido “bastante insuficientes”.

En entrevista con EmolTV, Beyer subrayó que no se trata de un diagnóstico por primera vez, sino de un seguimiento a observaciones hechas más de un año antes, donde ya se habían identificado “incongruencias”, falta de procedimientos claros y déficits de orientación para madres, padres y apoderados durante el proceso. A su juicio, un año después persisten problemas como estudiantes que no quedan seleccionados ni matriculados y un mecanismo posterior “lento” y poco formalizado.

Entre los puntos más críticos señalados por la Contraloría, se reporta la existencia de 31.531 estudiantes que obtuvieron un cupo en un establecimiento público sin haber pasado por todo el proceso obligatorio del registro digital, es decir, con matrículas validadas “por fuera” del sistema.

El informe también advierte que, al 15 de mayo de 2024, se contabilizaban 4.521 niños, niñas y adolescentes sin matrícula asignada pese a haber participado en el proceso regular, complementario o en el registro público, lo que, según la propia Contraloría, implicó que no pudieran cursar sus niveles regulares en el período considerado.

Además, se identificaron casos de matrículas simultáneas (233 estudiantes con doble inscripción), junto con problemas de gestión y trazabilidad asociados a la falta de interoperabilidad entre sistemas (SIGE, SAE y la plataforma web), y al hecho de que “Anótate en la Lista” es administrada por un proveedor externo, lo que dificultaría seguir el rastro completo de postulaciones y resultados.

Beyer sostuvo que la disputa por si el universo afectado es de “29 mil” o “31 mil” no sería lo central. Para él, el punto de fondo es que el Ministerio no tendría “indicadores” ni “acciones demostradas” suficientes para asegurar que el sistema se gestione adecuadamente y que los casos pendientes se resuelvan con rapidez, advirtiendo también el impacto educativo que tiene la ausencia de matrícula y la inasistencia en los aprendizajes.

Desde el gobierno, el ministro Nicolás Cataldo afirmó que existen “dudas razonables” respecto de las cifras reportadas, señalando que en la revisión habrían detectado registros de niveles parvularios y también de personas jóvenes y adultas, grupos que, según su planteamiento, no formarían parte del SAE, lo que a su juicio introduce “incongruencias” en el informe.

En paralelo, parlamentarios de distintos sectores expresaron preocupación por las fallas y anunciaron oficios y solicitudes de información al Mineduc, en un debate que reabrió la discusión sobre ajustes al sistema y responsabilidades administrativas.

El conflicto no es solo técnico: toca un nudo político de fondo. Un mecanismo de admisión que se presenta como “ordenador” y “transparente” termina operando como dispositivo administrativo que regula el acceso a un derecho social en condiciones de escasez territorial (cupos, infraestructura, dotación). En clave materialista, la fricción aparece cuando la promesa de igualdad formal (un registro, un procedimiento) choca con desigualdades reales (capacidad de navegar el sistema, tiempos, redes, información), y cuando las fallas del aparato estatal se traducen directamente en interrupción de trayectorias educativas para familias trabajadoras.

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