La Séptima Sala declaró admisibles todos los capítulos por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. La defensa evalúa apelar a la Corte Suprema, mientras la Fiscalía de Arica queda habilitada para pedir audiencia de formalización una vez que el fallo quede firme.
Redacción Judicial | El Despertar de los Trabajadores
En medio de la profunda crisis que vive el sistema judicial chileno, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra Fuenzalida, en una resolución que despeja el camino para que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota avance hacia una formalización penal en su contra por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, todos asociados a importantes personeros de la derecha chilena.
El fallo, dictado por la Séptima Sala e identificado como causa rol 5.615-2025, sostuvo que se cumplen los requisitos para dar curso al antejuicio y, por tanto, habilitar la persecución penal conforme a las reglas generales. La sala estuvo integrada por las ministras Maritza Villadangos, Sandra Araya y el ministro Mauricio Rettig, según informó el propio Poder Judicial.
La querella de capítulos es un procedimiento especial que funciona como filtro judicial previo cuando se busca perseguir penalmente a jueces y fiscales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Su propósito no es declarar culpabilidad, sino determinar si existen antecedentes suficientes para autorizar que la investigación pase a una etapa penal formal, incluido el control judicial propio de una formalización.
En el caso de Guerra, la resolución deja a la Fiscalía de Arica en condiciones de solicitar audiencia de formalización una vez que el fallo quede ejecutoriado. Bío Bío informó que la defensa cuenta con cinco días para recurrir ante la Corte Suprema.
En su comunicado, el Poder Judicial detalló que la Corte consideró relevante que Guerra, como fiscal regional, ejercía potestades decisorias con efectos externos en investigaciones penales y decisiones procesales. La resolución menciona, entre otras, decisiones sobre salidas alternativas, reformalización de imputaciones, exclusión de hechos previamente formalizados, conducción “personal y exclusiva” de causas y definiciones estratégicas que habrían incidido en la posición procesal de imputados y querellantes.
El tribunal también aludió a causas “de alta connotación pública”, todas ligadas políticamente a la derecha, en las que se cuestionan decisiones del exfiscal, incluyendo referencias a Penta, Iván Moreira y Exalmar–Dominga, entre otras, y señaló que en esta etapa preliminar se aportaron elementos como resoluciones judiciales, informes y correos internos, declaraciones de fiscales y funcionarios, y comunicaciones electrónicas que permitirían sostener provisoriamente la plausibilidad de los hechos denunciados.
La Corte resolvió además hacer extensivos los efectos de la admisibilidad a querellas adherentes presentadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza, y por la Municipalidad de Vitacura, en lo que resulte compatible con los capítulos declarados admisibles.
La investigación contra Guerra se instaló públicamente tras la divulgación de conversaciones y antecedentes asociados al Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla. En agosto de 2024, la Fiscalía Nacional informó que el fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, para conducir la indagatoria por el presunto intercambio de información con Hermosilla en causas de alta connotación, entre ellas Penta, Dominga, Exalmar y la causa contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.
De acuerdo con varios informes de prensa, la investigación también considera el supuesto flujo de información sobre causas específicas y, en paralelo, la revisión de antecedentes financieros vinculados a otras aristas que salpican al entorno del caso Hermosilla.
Una de las líneas que ha alimentado el caso es el análisis sobre ingresos y patrimonio del exfiscal tras su salida del Ministerio Público (2021). Reportajes de CIPER han descrito incrementos relevantes en ingresos y patrimonio entre 2022 y 2023, con remuneraciones asociadas, entre otros, a su trabajo como profesor en la Universidad San Sebastián.
En otra arista, CIPER informó que el exfiscal recibió transferencias por $19,5 millones desde cuentas vinculadas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas (y una colaboradora de su oficina) cuando ya no era fiscal, pagos detectados en el marco de la investigación conocida como “arista bielorrusa”, distinta de la causa principal que dirige Arica pero mencionada en coberturas como antecedente que también está siendo observado por el Ministerio Público.
Tras conocerse la resolución, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo y reiteró que el siguiente paso depende de que la sentencia quede firme: si se recurre a la Corte Suprema, se deberá esperar esa etapa antes de avanzar a formalización y eventual solicitud de medidas cautelares. Emol+1
Del lado de la defensa, el abogado Felipe Polanco señaló que deben estudiar la resolución en detalle y que evaluarán interponer el recurso ante la Corte Suprema dentro del plazo legal.
Con la querella de capítulos acogida, el caso entra en su fase decisiva. Si la defensa no apela, o si la Corte Suprema confirma, la Fiscalía quedará en posición de solicitar una audiencia de formalización, instancia donde se comunicarán cargos y se debatirán eventuales medidas cautelares.