El presidente electo José Antonio Kast volvió a instalar desde Perú su principal promesa migratoria de campaña: que las personas en situación migratoria irregular en Chile, en su mayoría, según el reporte, venezolanos, disponen de “63 días” para abandonar el país y, eventualmente, reingresar por vía regular. La afirmación se dio en el marco de su visita a Lima y declaraciones posteriores a actividades bilaterales, en un momento en que la incursión ilegal de EE.UU y el secuestro del Presidente Nicolas Masuro y su esposa, la Diputada Cilia Flores,. han tensionado el escenario regional.
Según distintos analistas la postura evidencia un “doble registro”: en Chile, Kast habría moderado el tono en medio de la incertidumbre regional; en cambio, en el exterior volvió a reiterar el plazo y su enfoque más duro en control migratorio recurriendo a la misma estrategia de siempre, que los indignados por la precariedad de sus propias vidas apunten hacia abajo y no hacia los verdaderos responsables, la clase dominante..
Kast hizo estas declaraciones desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, antes de regresar a Chile, señalando que quienes ingresaron irregularmente deben salir y “volver a solicitar el ingreso como corresponde”.
En Lima, Kast también planteó al presidente peruano José Jerí la idea de un “corredor humanitario” regional para facilitar el retorno de migrantes a Venezuela, asociándolo a una eventual reapertura de condiciones de transporte y coordinación interestatal.
Tanto medios peruanos como agencias internacionales recogieron que Kast matizó el alcance inmediato de esa propuesta: afirmó que por ahora no puede concretar acuerdos formales con gobiernos de la región porque aún no asume el 11 de marzo, y que su rol actual sería “plantear inquietudes” y tender puentes para acuerdos posteriores.
Según expertos, la incertidumbre regional hace difícil proyectar la viabilidad de un corredor de este tipo en el corto plazo.
El episodio muestra cómo la migración entra al centro de la agenda regional tratada como problema de seguridad y orden, en un contexto donde la crisis en varios países de la región, mayoritariamente gobernados por la derecha, sigue empujando desplazamientos y presiona a los Estados receptores. En clave materialista, la discusión tiende a desplazar el foco desde las causas estructurales (crisis económica, coerción geopolítica, deterioro de condiciones de vida) hacia la administración punitiva del movimiento de fuerza de trabajo, con el riesgo de convertir a la población migrante, normalmente los mas vulnerables, en chivo expiatorio, variable de ajuste y blanco de disputa política interna.