Uno de los ejes fue el diagnóstico de que existirían US$12.000 millones en proyectos detenidos por tramitación y permisos, y el compromiso de encauzarlos con plazos definidos. Según relató, su equipo convocará a resolver esa situación en 45 días, y se propuso que las inversiones ingresadas hace más de dos años queden resueltas “en el curso del año siguiente”.
Por Equipo El Despertar
En una presentación ante empresarios en Icare, el futuro ministro de Hacienda Jorge Quiroz delineó las primeras prioridades económicas del gobierno entrante, centradas en acelerar inversión, simplificar regulación y elevar el crecimiento, una agenda que fue recibida con entusiasmo por dirigentes gremiales y ejecutivos del gran empresariado.
“Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”, afirmó Quiroz, al fijar el tono de su próxima gestión. En la misma intervención, planteó una meta de alto impacto comunicacional: “Sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”.
Uno de los ejes fue el diagnóstico de que existirían US$12.000 millones en proyectos detenidos por tramitación y permisos, y el compromiso de encauzarlos con plazos definidos. Según relató, su equipo convocará a resolver esa situación en 45 días, y se propuso que las inversiones ingresadas hace más de dos años queden resueltas “en el curso del año siguiente”.
Quiroz sostuvo que utilizarán el marco actual para simplificar procesos y, en casos, eliminar permisos. En construcción, anunció una intervención administrativa de gran escala: eliminar 15.000 instructivos de obras municipales y reducir 1.500 circulares a 11, con el objetivo declarado de liberar inversión en vivienda. “¿Cómo se eliminan? Con una circular”, afirmó.
En minería, agregó que con proyectos ya identificados sería posible aumentar producción en 12 a 24 meses en al menos 10%.
Quiroz aseguró que el equipo viene preparándose hace tiempo y que el 11 de marzo llegarán con proyectos legislativos ya redactados, en línea con su intención de acelerar medidas en los primeros meses.
En el plano laboral, propuso avanzar hacia un crédito tributario a la contratación, orientado tanto a trabajadores de menores remuneraciones como a quienes prestan servicios al exterior, presentándolo como una “oportunidad espectacular” de empleo juvenil.
Las reacciones del mundo empresarial fueron mayoritariamente favorables. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó un punto de partida “en buen pie” por inflación más controlada y precio del cobre, y valoró el énfasis en agilizar inversión. Desde la CChC, Alfredo Echavarría afirmó que el planteamiento estuvo en línea con lo que el sector promueve y dijo estar “esperanzado” en que se acelere la actividad. En tanto, José Ignacio Escobar (Colbún) planteó que las urgencias de los primeros 90–100 días estarían claras y que la recuperación se juega en empleo, inversión, desarrollo y seguridad.
La hoja de ruta presentada se ordena alrededor de una apuesta clásica de política económica pro-mercado: remover fricciones regulatorias para acelerar la acumulación de capital (inversión, minería, construcción) y, desde ahí, empujar empleo y crecimiento. En términos de economía política, el apoyo explícito del empresariado sugiere que el “destrabe” de permisos y la simplificación normativa se leen como una transferencia de capacidad de decisión desde instancias públicas y territoriales hacia los agentes privados que invierten y ejecutan proyectos, con el Estado actuando como facilitador del ciclo de negocios.