La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió al presidente del régimen de Estados Unidos, Donald Trump, sostener un “diálogo directo y franco” sobre el proceso electoral hondureño, acusando que sus pronunciamientos en redes sociales a favor del candidato Nasry “Tito” Asfura influyeron negativamente en el desarrollo de los comicios.
En el mismo mensaje, Castro explicó por qué sancionó el Decreto Legislativo N.º 58-2025, aprobado por el Congreso, que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar el conteo de votos y actas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Según lo expuesto por la mandataria , el CNE se habría negado “injustificadamente” a escrutar 4.774 actas, que representarían 1.558.689 votos, lo que —a su juicio— vulnera la soberanía popular y la Constitución.
Castro también afirmó que quedaron 292 impugnaciones sin resolver, con denuncias de inconsistencias, adulteración de actas, votos sin respaldo biométrico y eventuales alteraciones del sistema de transmisión preliminar (TREP), además de cuestionar el rol del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en decisiones sobre urnas específicas.
La presidenta reiteró que su mandato concluye el 27 de enero de 2026 “ni un día más ni un día menos”, en medio de una crisis política que sigue tensionando la transición.
La controversia ocurre tras una elección marcada por retrasos, problemas técnicos y acusaciones cruzadas. Reuters reportó que el candidato Salvador Nasralla presentó una impugnación formal ante el TJE luego de que el CNE declarara ganador a Asfura el 24 de diciembre, con una diferencia menor al 1%.
En paralelo, los países gobernados por aliados de extrema derecha de Trump, (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana) emitió un comunicado que viola la no injerencia en asuntos internos de otros países, rechazando el decreto, afirmando que afecta la “institucionalidad democrática” y reiterando el reconocimiento al resultado proclamado por el órgano electoral competente.
El choque expone una tensión estructural centro–periferia. Por un lado, una potencia que interviene políticamente (según denuncias y reportes sobre respaldos públicos) en un proceso electoral de un país dependiente; por otro, un Estado que invoca soberanía popular para exigir “conteo total” frente a instituciones electorales cuestionadas. En términos materiales, la disputa no es solo “procedimental”: es también por quién controla la legitimidad, la transición y el aparato estatal en un país soberano, atravesado por crisis de representación, presión externa y conflicto interno de larga data.