El fallo aterriza una tensión material clásica en servicios públicos municipales: ¿quién paga el “déficit”? La respuesta de la Corte apunta a que no puede resolverse trasladando el costo directamente al salario de una parte de la fuerza de trabajo. En términos de economía política, el conflicto expone un mecanismo recurrente de ajuste: cuando la gestión entra en crisis, se intenta “cuadrar” por la vía de disciplinar el gasto laboral, pero eso choca con el principio de que el salario es parte de la reproducción cotidiana de quienes sostienen el servicio (consultorios, laboratorios, atención primaria) y no una variable disponible para recortes unilaterales.
Por Equipo El Despertar
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió por unanimidad un recurso de protección presentado por 452 trabajadores y trabajadoras de la Atención Primaria de Salud (APS) contra el Municipio de Viña del Mar y su Corporación Municipal, y ordenó revertir la rebaja de sueldos aplicada a funcionarios de las categorías A y B.
La medida, aprobada en julio por el Concejo Municipal, fue considerada por el tribunal como arbitraria, al estimar que se adoptó “por la sola voluntad” de la autoridad recurrida y “sin un razonamiento suficiente y serio”. En su decisión, la Corte sostuvo que no resulta aceptable que el déficit presupuestario sea soportado por los trabajadores, y cuestionó que el ajuste se concentrara en solo una parte del personal (categorías A y B), mientras otras remuneraciones no se reducían e incluso se incrementarían.
El fallo también relevó que la forma en que se habían construido históricamente las escalas de remuneraciones, mediante negociaciones entre las partes, constituía una práctica consolidada por más de 20 años, configurando un “derecho adquirido”. En ese marco, enfatizó la irrenunciabilidad de remuneraciones en el ámbito laboral y la improcedencia de una reducción injustificada y no acordada con el afectado.
El municipio informó que apeló a la Corte Suprema, argumentando que existe una diferencia de interpretación respecto del alcance del fallo, particularmente en torno a la legalidad del procedimiento administrativo y la noción de derechos adquiridos sobre la escala salarial. La alcaldía señaló que busca que el máximo tribunal zanje el conflicto.
El fallo aterriza una tensión material clásica en servicios públicos municipales: ¿quién paga el “déficit”? La respuesta de la Corte apunta a que no puede resolverse trasladando el costo directamente al salario de una parte de la fuerza de trabajo. En términos de economía política, el conflicto expone un mecanismo recurrente de ajuste: cuando la gestión entra en crisis, se intenta “cuadrar” por la vía de disciplinar el gasto laboral, pero eso choca con el principio de que el salario es parte de la reproducción cotidiana de quienes sostienen el servicio (consultorios, laboratorios, atención primaria) y no una variable disponible para recortes unilaterales.