El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Crespo del delito de apremios ilegítimos, sosteniendo que su conducta quedó amparada por legítima defensa y que no se acreditó dolo ni infracción a protocolos en los términos planteados por la acusación. El tribunal también criticó la estrategia de la Fiscalía por introducir tardíamente normativa no incluida en la acusación.
Por Equipo El Despertar
La absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el Caso Gatica abrió un nuevo flanco de tensiones dentro del oficialismo. Las criticas más fuertes vinieron de la bancada del Partido Comunista, con un fuerte háganse responsables. Incluso la cineasta Isabel Orellana, hermana de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó una publicación del Frente Amplio y apuntó directamente al Presidente Gabriel Boric por no haber vetado la Ley Naín-Retamal.
Tras conocerse el veredicto, el Frente Amplio publicó que “hoy la justicia le falló” a Gustavo Gatica y calificó el fallo como una señal de impunidad. A ese mensaje, Isabel Orellana respondió recordando que “el Presidente tenía la opción de vetar la ley”, y añadió un reproche político a la conducción del partido: “guárdense el posteo y hagan mejor política”, en referencia a la ley que hoy se volvió parte del debate.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Crespo del delito de apremios ilegítimos, sosteniendo que su conducta quedó amparada por legítima defensa y que no se acreditó dolo ni infracción a protocolos en los términos planteados por la acusación. El tribunal también criticó la estrategia de la Fiscalía por introducir tardíamente normativa no incluida en la acusación.
En el oficialismo, la discusión se concentró en que el tribunal mencionó la Ley Naín-Retamal (promulgada en 2023) como marco normativo aplicado en el juicio, lo que derivó en recriminaciones cruzadas: sectores del PC y del propio FA remarcaron que esa ley refuerza la protección legal de policías y FF.AA. cuando usan la fuerza, y que fue parte de los acuerdos de seguridad de la administración Boric.
La disputa refleja un choque de fondo: cuando el Estado amplía los márgenes jurídicos de la fuerza (leyes “de seguridad”), esas herramientas tienden a operar como blindaje del aparato coercitivo y luego reordenan el campo político, incluso contra quienes las impulsaron o toleraron por “gobernabilidad”. El debate sobre el veto, más que un detalle procedimental, aparece como disputa por responsabilidad política frente a un fallo que reabre la fractura entre orden e impunidad en la memoria del estallido.