El giro del caso tensiona dos planos que suelen cruzarse en conflictos territoriales: disputa por tierra/recursos y fracturas sociales internas. Lo que se judicializa no es solo un hecho penal grave, sino también un territorio atravesado por presión económica, precariedad y conflictividad histórica, donde la verdad judicial termina operando como parte de la disputa por legitimidad, protección y control del espacio.
Por Equipo El SDespertar
A 432 días de la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura (72), la Fiscalía de Los Ríos y Carabineros concretaron las primeras detenciones del caso: tres hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, imputados por parricidio, y un yerno, Bermar Flavio Bastías Bastidas, imputado por homicidio calificado con la agravante de alevosía.
El Ministerio Público también informó que los cuatro serán formalizados además por un robo con violencia e intimidación cometido contra un adulto mayor de 90 años.
La investigación se originó tras la desaparición de Chuñil el 8 de noviembre de 2024, cuando salió desde su cabaña en el sector Huichaco (Máfil) para buscar animales. La familia y su entorno habían sostenido públicamente que estaba ligada a la defensa de bosque nativo en disputa con intereses del rubro forestal.
Según la fiscal regional Tatiana Esquivel, se trata del resultado de una investigación “compleja, sigilosa y reservada” que permitió reunir antecedentes para solicitar órdenes de detención, las que fueron concedidas por el tribunal y ejecutadas por Carabineros.
En el trasfondo del caso, la Fiscalía había explorado una posible arista económica, incluyendo un contrato de compraventa del 30 de octubre de 2024 por 2,9 hectáreas a favor de uno de los hijos, con usufructo vitalicio para Chuñil.
Contexto internacional: el caso tuvo proyección más allá de la región. En julio de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares e instó al Estado a redoblar esfuerzos para determinar la situación y paradero de Chuñil.
El giro del caso tensiona dos planos que suelen cruzarse en conflictos territoriales: disputa por tierra/recursos y fracturas sociales internas. Lo que se judicializa no es solo un hecho penal grave, sino también un territorio atravesado por presión económica, precariedad y conflictividad histórica, donde la verdad judicial termina operando como parte de la disputa por legitimidad, protección y control del espacio.