La dirigenta también abordó el rol de la Ley Naín-Retamal y dijo que las críticas del FA a la figura de legítima defensa privilegiada, que fue aprobada por otros miembros de la coalición pertenecientes al Partido Socialista y al PPD y gozo de una promulgación express por parte del ejecutivo, siguen “muy vigentes”, porque, según su evaluación, puede generar incentivos a la impunidad cuando el uso de la fuerza es innecesario o desproporcionado.
Por Equipo El Despertar
La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, que en otro tiempo afirmaba creer mucho en las instituciones, reiteró sus cuestionamientos al veredicto que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo en el Caso Gatica y afirmó que, al escuchar el fallo oral, percibió “un sesgo político” por parte de la jueza, debido a interpretaciones sobre el carácter del estallido social y el marco desde el cual se evaluó el uso de la fuerza.
En entrevista radial, Martínez dijo que aún falta conocer la sentencia completa, pero que lo expuesto en audiencia le dejó preocupación por una lectura “restrictiva” de la responsabilidad individual del agente y por el impacto que ese enfoque podría tener en juicios futuros vinculados al uso de la fuerza estatal.
Martínez sostuvo que el proceso “nunca fue contra Carabineros” como institución, sino contra “un agente individual del Estado”, subrayando que, desde su mirada, el problema es que la conclusión del fallo instala la sensación de que “no hay justicia” y de que la responsabilidad recae en la propia víctima.
La dirigenta también abordó el rol de la Ley Naín-Retamal y dijo que las críticas del FA a la figura de legítima defensa privilegiada, que fue aprobada por otros miembros de la coalición pertenecientes al Partido Socialista y al PPD y gozo de una promulgación express por parte del ejecutivo, siguen “muy vigentes”, porque, según su evaluación, puede generar incentivos a la impunidad cuando el uso de la fuerza es innecesario o desproporcionado.
Consultada por responsabilidades políticas, Martínez planteó que “tiene que haber una autocrítica del Gobierno y también una autocrítica del sector respecto de esa legislación, descartando que el debate pueda descargarse solo en el Congreso o solo en La Moneda.
El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Crespo, en un caso emblemático de las violaciones a derechos humanos denunciadas durante el estallido social. El tribunal sostuvo que no se acreditó el delito imputado en los términos de la acusación y enmarcó la actuación en legítima defensa y cumplimiento del deber, mencionando la Ley Naín-Retamal, aplicada de manera retroactiva, como parte del marco jurídico aplicable.
El conflicto vuelve a tensar dos nociones en disputa: “orden” y responsabilidad estatal por la violencia. Cuando el Estado, y en este caso el gobierno de Boric, amplía márgenes legales para el uso de la fuerza (blindajes, presunciones, “defensa privilegiada”), se reconfigura el equilibrio entre coerción y control democrático: lo que Lenin llamaba el monopolio estatal de la fuerza aparece menos limitado por normas y más protegido por el derecho, y eso fortalece el carácter de instrumento de dominación, que posee el estado e incide en cómo tribunales y actores políticos interpretan la revuelta social y sus consecuencias.