Con el Partido Socialista congelando su participación en la alianza y la discusión reactivada por el fallo del Caso Gatica, el ministro del Interior afirma que el Presidente “se la ha jugado” por ampliar el bloque progresista. Pero la disputa deja al desnudo una tensión más profunda: la política de unidad se vuelve frágil cuando la agenda de seguridad refuerza el aparato coercitivo del Estado.
Por Equipo El Despertar
La fractura en el oficialismo, que venía tensionándose desde hace semanas, subió un peldaño a raíz de un debate que mezcla dolor social, disputas de poder y cálculo político: la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el Caso Gatica y la reaparición de la Ley Naín-Retamal como símbolo de una política de seguridad que el progresismo aprobó con la nariz tapada y ahora discute como si hubiera sido ajena. En ese cuadro, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defender al Presidente Gabriel Boric ante los reproches de la timonel socialista, Paulina Vodanovic, quien acusó que hubo cuatro años para construir una coalición de izquierda más amplia y que eso no se hizo, reduciendo la relación gobierno-partidos a una rutina de comité político.
Elizalde respondió con una tesis clara: si hay alguien que apostó por la unidad, sostiene, es el Presidente. Lo argumenta en dos planos. Primero, en el diseño del poder: Boric habría buscado “ampliar la base de apoyo” desde el primer gabinete y mediante sucesivos cambios para sostener gobernabilidad. Segundo, en la estrategia electoral y parlamentaria: el Gobierno —dice— empujó una candidatura unitaria mediante primarias y trabajó por una lista única, aunque “dos partidos” no se sumaron a ese esfuerzo. El ministro insistió en que, en medio de la tensión, lo decisivo es que exista “voluntad de diálogo y entendimiento”, porque “la unidad es necesaria” para un proyecto con vocación de mayoría.
La réplica tiene un objetivo inmediato: desactivar la idea de que La Moneda “se desentendió” de la construcción política. Pero, al mismo tiempo, reconoce el punto débil del momento: la unidad no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta, y hoy esa práctica está erosionada por recriminaciones públicas, por el desgaste de la derrota electoral y por el costo que tuvo para el progresismo asumir una agenda de seguridad en un país donde el miedo se instaló como sentido común.
En esa misma línea, Elizalde buscó relativizar la polémica que desató Carolina Tohá —quien cuestionó al FA y al PC por “no aprender nada”— diciendo que no es lo mismo el rol del Gobierno que el de dirigentes o exautoridades: cada cual actúa desde posiciones distintas. El Gobierno, sostuvo, seguirá trabajando por una “unidad amplia” del progresismo, pero con una condición: respeto recíproco. Más que señalar culpables, pidió asumir que existe un “proyecto común” y que el método no puede ser “apuntarse con el dedo”.
Donde el debate se vuelve más delicado es en el corazón del conflicto: la Ley Naín-Retamal. Elizalde defendió su racionalidad política en un contexto que él describe como excepcional: se buscaba “modernizar herramientas” ante una coyuntura marcada por homicidios de carabineros y una presión social intensa por seguridad. Sobre el punto más controvertido —la legítima defensa privilegiada— precisó que, según la historia de la ley, se concibió como una presunción simplemente legal, es decir, que admite prueba en contrario. El argumento, en síntesis, es este: antes, dice, existía una situación en que se imputaba a funcionarios por el solo hecho de usar sus armas; ahora, la norma no debiera impedir investigar ni acreditar hechos para determinar si la conducta está dentro de la hipótesis legal.
Hasta aquí, el relato es institucional. Pero la controversia revela una grieta más estructural: cuando la política se organiza alrededor de la demanda de orden, el Estado tiende a reforzar su brazo coercitivo, y ese refuerzo tiene efectos que se devuelven como boomerang en tribunales, en la calle y dentro del propio bloque gobernante. En términos clásicos, Marx y Engels advertían que el Estado moderno opera como “comité” que administra los asuntos comunes del orden social existente; y cuando ese orden se siente amenazado, ese comité suele reaccionar blindando su capacidad de coerción. Lenin lo dijo con crudeza: el Estado descansa en “destacamentos especiales de hombres armados”. En el Chile post-estallido, la discusión sobre seguridad y protocolos no ocurre en el vacío: ocurre en una sociedad con fractura de legitimidad y memoria reciente de violencia estatal.
Por eso, la pelea sobre si Boric “pudo vetar” o si la ley era “del Congreso” no es un tecnicismo, sino una disputa por responsabilidad política frente a un dilema que atraviesa a toda la centroizquierda latinoamericana: ¿cómo sostener gobernabilidad en un ciclo de crisis sin que el precio sea ampliar márgenes de impunidad para el uso de la fuerza? Cuando la unidad se construye solo como aritmética parlamentaria, y no como articulación social real, la agenda de seguridad se convierte en una zona donde las contradicciones explotan: unos sienten que la ley era inevitable para evitar el colapso del orden; otros sienten que se legitimó una arquitectura que puede terminar justificando abusos y debilitando el control democrático.
Elizalde, en el fondo, intenta mantener juntas dos piezas que hoy se repelen: una política de unidad “amplia” y una política de seguridad que demandó concesiones. Su llamado al diálogo busca recomponer el bloque antes del cambio de mando, pero el episodio deja una enseñanza: la unidad no se decreta, se construye; y se vuelve frágil cuando el progresismo aparece defendiendo —o “haciendo suya” por momentos— una ley que amplía el margen de acción del aparato coercitivo, justo en el mismo período en que pide justicia y verdad frente a hechos del estallido. Esa tensión no se resuelve con declaraciones: se resuelve con una línea política capaz de enfrentar el crimen organizado sin convertir la excepción en norma, y sin dejar que el “orden” termine reemplazando a la democracia como horizonte.