A semanas del anuncio del gabinete, medios y actores políticos describen un diseño con fuerte presencia de altos ejecutivos y redes corporativas en carteras estratégicas. Más que un problema “de nombres”, la discusión apunta a un punto estructural: qué intereses quedan sentados en la mesa donde se define política exterior, fiscalidad, regulación y justicia.
Por Equipo El Despertar
A una semana del anuncio formal del gabinete de José Antonio Kast (previsto para el 20 de enero), empezó a consolidarse una señal política que inquieta incluso dentro de la derecha: el peso directo que tendrían figuras vinculadas a grandes conglomerados en ministerios clave. En un reportaje, El Mostrador lo describió como un “festival” potencial de conflictos de interés, en la medida en que el nuevo gobierno se armaría con ejecutivos y asesores de grupos con negocios, litigios y regulaciones pendientes tanto en Chile como en el exterior.
El punto no es menor porque toca el corazón del Estado: cuando el gabinete se vuelve una extensión del directorio, se desdibuja la frontera entre interés público e interés privado. No se trata solo de ética personal; es un problema de estructura: quién define prioridades, qué se regula, qué se “desregula”, qué se negocia y para quién. Por eso, la propia derecha ha empezado a discutir, en privado y en medios, si la apuesta por un equipo “tecnócrata” y empresarial reduce el peso de los partidos y desplaza la política hacia una administración orientada por el clima de negocios.
En este contexto, el caso más simbólico es el de la Cancillería. Diversos medios han reportado que Francisco Pérez Mackenna, histórico CEO de Quiñenco (holding del grupo Luksic), asoma con fuerza para encabezar Relaciones Exteriores. La Tercera y Diario Financiero han perfilado su trayectoria empresarial y la probabilidad de que deje la gerencia para asumir el cargo, lo que ha intensificado la discusión sobre compatibilidad entre intereses corporativos globales y conducción diplomática del Estado. En la lectura crítica que recoge El Mostrador, el riesgo no está solo en “quién” es el canciller, sino en qué conflictos internacionales podrían cruzarse con inversiones y litigios de grandes grupos, en un momento además de alta tensión geopolítica y de disputa por minerales estratégicos.
En Hacienda, el nombre más asentado en la prensa es el del economista Jorge Quiroz, presentado ante empresarios y ya citado por medios como futuro ministro. Reuters reportó que Kast planea designarlo, y la prensa económica ha descrito su programa de crecimiento acelerado y desregulación. El debate, sin embargo, no se limita a su perfil técnico: El Mostrador remarca su historial de consultorías y vínculos con grupos económicos en conflictos regulatorios y de competencia, lo que alimenta la sospecha de que la política fiscal y regulatoria podría quedar alineada con intereses corporativos que, por definición, buscan maximizar rentabilidad, minimizar cargas y acelerar permisos.
La polémica alcanza también a Justicia. La posible nominación del abogado Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos ha generado controversia en Chile por su trayectoria profesional y por su cercanía con el mundo jurídico pinochetista, según reportes de La Tercera y BioBioChile. Aquí el conflicto de interés no es “empresarial” en el sentido clásico, sino político-institucional: qué tipo de doctrina y de redes se instalan en una cartera que supervisa el sistema penal, la relación con Gendarmería y la política de derechos humanos, en un país que viene de tensiones por orden público y justicia transicional.
En medio de este cuadro, el episodio de Johannes Kaiser funcionó como confesión involuntaria del problema. El líder libertario se bajó de la integración al gobierno alegando que Kast estaría armando un gabinete “esencialmente tecnócrata” y con mayor representación empresarial que política. Más allá de su disputa por cupos, lo relevante es el subtexto: si la derecha llega al gobierno con un “equipo de mercado”, los partidos quedan como fusibles —pagan costos, pero no controlan el timón—, y la conducción del Estado se reordena hacia una lógica gerencial.
Leído desde una perspectiva materialista, lo que está en juego es la relación entre Estado y clase dominante. Marx lo formuló sin eufemismos: el gobierno moderno tiende a operar como “un comité que administra los negocios comunes” de la clase propietaria (Manifiesto Comunista). En la práctica, cuando grandes ejecutivos se convierten en ministros, no hace falta imaginar conspiraciones: basta mirar cómo se alinean incentivos, prioridades y lenguajes. “Permisos”, “inversión”, “confianza”, “competitividad” aparecen como gramática oficial; la pregunta es qué ocurre con lo que no entra en esa gramática: precariedad laboral, acceso a vivienda, desigualdad territorial, derechos sociales, regulación ambiental.
Por eso, el debate de los “conflictos de interés” no es un tecnicismo. Es una disputa por el sentido del Estado. Un gabinete con fuerte presencia corporativa tiende a transformar políticas públicas en “condiciones habilitantes” para la acumulación: acelerar autorizaciones, reducir fiscalización, priorizar infraestructura funcional a la exportación, usar política exterior para abrir mercados y proteger inversiones. Ese camino puede producir crecimiento en indicadores, pero suele concentrar beneficios y socializar costos: ciudades más caras, trabajo más inseguro, territorios más presionados, y un Estado que responde rápido a la rentabilidad y lento a la vida cotidiana.
Nada de esto está cerrado: el gabinete aún no se anuncia oficialmente y varias nominaciones se mantienen en el plano de trascendidos y reportes. Pero el patrón que describen medios de distintos sectores es consistente: un diseño con músculo empresarial en carteras estratégicas. Si se confirma, el primer conflicto del gobierno de Kast no será solo con la oposición, sino con un dilema de legitimidad: cómo convencer de “bien común” cuando los principales puertos de mando del Estado parecen ocupados por quienes, por trayectoria y redes, representan intereses particulares.