La crisis no es solo un choque burocrático: expone una disputa por el control político del sistema de justicia. Mientras el Departamento de Justicia empuja pesquisas contra el entorno de la víctima, se cuestiona la falta de una investigación independiente sobre el uso de fuerza letal en el marco de la ofensiva migratoria de Trump.
Por Equipo El Despertar
Seis fiscales federales vinculados a la Fiscalía federal del Distrito de Minnesota presentaron su renuncia en medio de un conflicto abierto con el Departamento de Justicia (DOJ): según diversos reportes, los fiscales se negaron a iniciar una investigación penal contra Becca Good, viuda/pareja de Renee Nicole Good, mientras objetaban que el gobierno federal no impulsara con la misma decisión una indagatoria sobre el tiroteo en el que Renee Good murió durante un operativo de ICE en Minneapolis.
El episodio, lejos de quedarse en un diferendo interno, escaló a un síntoma político. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó públicamente que las renuncias alcanzaron “al menos seis” fiscales, incluyendo a Joe Thompson, y enmarcó el hecho como una señal de politización del DOJ: sostuvo que Trump estaría expulsando a profesionales “no partidistas” para reemplazarlos por “leales” políticos.
El caso se produce en un clima de alta polarización por el despliegue migratorio federal. Desde el Ejecutivo, la muerte de Renee Good fue rápidamente incorporada al lenguaje de “seguridad”: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó como “terrorista doméstica”, y el vicepresidente JD Vance y la portavoz de la Casa Blanca defendieron la actuación del agente como “autodefensa”, atribuyendo el foco crítico a una “campaña” mediática contra ICE.
En paralelo, el conflicto tocó un punto especialmente sensible para el sistema penal estadounidense: quién investiga. Reportes señalan que la investigación sobre el hecho pasó a manos del FBI, y que autoridades estatales —incluida la oficina de investigación criminal de Minnesota— habrían quedado sin acceso a material y diligencias clave, tras un cambio de curso informado por la propia autoridad local.
Los nombres de los fiscales que dimitieron empezaron a circular por medios estadounidenses. Entre los mencionados como parte de las renuncias figuran Joseph H. Thompson, Harry Jacobs, Melinda Williams y Thomas Calhoun-Lopez, citados como fiscales de carrera con trayectoria en el sistema federal.
La historia, sin embargo, no termina en la renuncia: según Fox News, el DOJ formalizó posteriormente el despido de cinco fiscales tras haber presentado su aviso de renuncia, en lo que el medio describió como una respuesta directa del Departamento de Justicia ante las discrepancias internas por el enfoque del caso.
Qué se está disputando, más allá del expediente
En superficie, el conflicto se presenta como un desacuerdo técnico: si corresponde o no investigar penalmente a la viuda de la víctima y bajo qué marco se debe investigar el uso de la fuerza por parte de un agente federal. Pero el subtexto es más profundo: quién decide las prioridades del castigo, y con qué objetivo político.
En toda coyuntura de “mano dura”, el aparato judicial tiende a convertirse en una bisagra: puede actuar como contrapeso (exigiendo estándar probatorio y autonomía), o como instrumento disciplinario (ampliando la persecución a redes, familias, solidaridades). La presión para investigar a la viuda, sin que se transparenten fundamentos sólidos en la esfera pública, se lee como un mensaje de advertencia hacia el entorno social: no basta con lamentar una muerte; también se puede perseguir a quien la denuncia, la acompaña o la politiza.
Desde una mirada materialista, el episodio se inserta en una dinámica conocida: cuando el Estado intensifica una política de control (en este caso, la ofensiva migratoria), necesita legitimarla y blindarla. Y, si esa legitimidad se resquebraja por un hecho traumático, aparece la tentación de correr el foco desde el agente armado hacia el “entorno” y la “amenaza”. La frase atribuida a la viuda —“teníamos silbatos; ellos tenían armas”— condensa esa asimetría sin necesidad de panfleto: el monopolio de la fuerza está de un lado.
Marx lo dijo en una línea que sigue siendo útil para leer estos choques entre legalidad y poder: “entre derechos iguales decide la fuerza” (El Capital). En contextos de crisis, la igualdad formal ante la ley se tensiona: el aparato estatal que se presenta como neutral aparece, en la práctica, tomando partido por la preservación de su propia autoridad coercitiva. Ese es el sentido político de una renuncia colectiva: una forma de decir que el derecho no puede reducirse a obediencia jerárquica cuando la justicia se vuelve selectiva.
Lo que queda abierto
A corto plazo, el punto de quiebre es doble. Por un lado, si se consolidará una investigación federal que deje fuera a instancias estatales y reduzca el escrutinio externo. Por otro, si el DOJ insistirá en expandir el caso hacia la viuda y posibles redes de observación ciudadana (“ICE Watch”), transformando la protesta o la vigilancia comunitaria en material de persecución penal.
Y a mediano plazo, el caso instala una pregunta política mayor: si el Departamento de Justicia será un espacio de profesionalismo institucional o una extensión de la lógica de “enemigo interno” que suele acompañar campañas de seguridad. Cuando un gobierno busca gobernar por choque —y convertir disidencia en sospecha—, el primer terreno que intenta reordenar es el judicial. El hecho de que fiscales renuncien (o sean despedidos) por resistir esa reorientación indica que la disputa no es marginal: es una disputa por el carácter mismo del Estado.