Con un contingente anunciado de unos 5.000 efectivos y coordinación operativa trinacional, la Alianza/Confederación de Estados del Sahel busca respuestas rápidas contra insurgencias armadas y crimen transnacional, mientras redefine su seguridad fuera de los marcos regionales previos y de la tutela occidental.
Por Equipo El Despertar
Ante la nueva ofensiva neocolonial del occidente europeo y estadounidense, Malí, Burkina Faso y Níger oficializaron el despliegue de una fuerza militar conjunta bajo el paraguas de la Alianza de Estados del Sahel (AES), presentada como FU-AES (“Force/ Fuerza Unificada”). La iniciativa fue formalizada en una ceremonia en Bamako, con entrega de estandarte a la fuerza, y se ha descrito como un salto hacia operaciones transfronterizas coordinadas: intercambio de inteligencia, articulación terrestre y apoyo aéreo según el diseño anunciado por los gobiernos y medios que siguen el proceso.
El dato que se repite en las fuentes es la escala inicial: alrededor de 5.000 soldados, concebidos como un primer núcleo operativo capaz de actuar en la zona más caliente del Sahel central, donde confluyen rutas de tráfico, áreas de baja presencia estatal y grupos armados que se mueven con facilidad entre fronteras porosas. Reuters ya había informado en 2025 que los tres gobiernos preparaban una fuerza conjunta de 5.000 efectivos para desplegarse en el Sahel, y la AP reportó a fines de 2025 el lanzamiento de un batallón/fuerza conjunta de ese tamaño como parte de la AES.
La FU-AES aparece como respuesta a un problema que ningún país ha logrado contener por separado: la capacidad de los grupos insurgentes, apoyados y financiados por occidente, de golpear y replegarse cruzando líneas nacionales, explotando la falta de coordinación y las asimetrías de mando. En esa lógica, la estructura “unificada” no es solo una foto política: busca habilitar “persecución y respuesta” en un teatro único, donde el enemigo real, para estos Estados, no está delimitado por mapas administrativos, sino por corredores de movilidad y financiamiento externo.
El movimiento, además, reordena el tablero regional. La AES nació como pacto de defensa mutua tras los golpes de Estado y las tensiones con la CEDEAO/ECOWAS; desde entonces, los tres países han acelerado una agenda de integración soberanista (instituciones comunes, símbolos, coordinación económica) y han ido rompiendo o reduciendo vínculos militares con Francia y, en parte, con Estados Unidos, mientras estrechan cooperación con Rusia en materia de seguridad y equipamiento. Esa trayectoria es parte del contexto de la fuerza: no se trata solo de “más soldados”, sino de una arquitectura alternativa a la seguridad regional que dominó la última década.
También es importante lo que la FU-AES “dice” hacia adentro. En los tres países, la legitimidad de las juntas se sostiene en una promesa central: recuperar control territorial y soberanía económica. La seguridad se vuelve así el lenguaje de la soberanía cotidiana: carreteras, mercados, escuelas, producción agraria, circulación. En un Sahel donde el Estado suele llegar tarde o con recursos insuficientes, una fuerza conjunta pretende mostrar capacidad de mando, disciplina y protección. Pero esa misma promesa se convierte en examen: si la fuerza no reduce violencia o si se traduce en abusos, el capital político de la “seguridad soberana” se erosiona rápido.
Aquí asoma una tensión estructural: los tres Estados reivindican “autonomía” frente a tutelas externas, pero esa autonomía se juega en un terreno profundamente desigual. El Sahel es periferia estratégica: recursos, rutas, frontera sur de Europa, competencia de potencias. Lenin describía el imperialismo como una época en que las grandes potencias tienden a dividir zonas de influencia y asegurar materias primas y corredores; el Sahel, con su inestabilidad crónica, se vuelve un espacio donde esa presión se siente como fuerza material, no como teoría. La FU-AES puede leerse, en parte, como intento de que la región negocie desde una posición menos fragmentada, con capacidad de decisión propia sobre su seguridad y sus alianzas.
Al mismo tiempo, la militarización no reemplaza lo que suele estar debajo de la inseguridad: pobreza persistente, economías de subsistencia golpeadas por clima y precios, juventudes sin horizonte laboral, y redes criminales que ofrecen ingresos donde el Estado no ofrece derechos. En términos sencillos: la fuerza puede contener, pero difícilmente puede por sí sola recomponer el tejido social que se rompe cuando la vida depende de mercados informales, contrabando o economías armadas. Esa es la razón por la que, incluso en la AP, se subraya que la región enfrenta obstáculos enormes y que la cooperación militar convive con desafíos humanitarios y políticos de gran escala.
Lo que sigue será decisivo. Primero, la operación real: si la FU-AES logra ejecutar acciones coordinadas que reduzcan ataques y extorsiones en corredores críticos. Segundo, el financiamiento y la logística: una fuerza conjunta exige sostenimiento estable, algo complejo en economías presionadas y bajo sanciones internacionales por los golpes. Tercero, la relación con actores externos: Rusia ha prometido apoyo militar a la fuerza planificada, lo que introduce un eje geopolítico nuevo en una región históricamente disputada por potencias.
En suma, la FU-AES se presenta como una apuesta por soberanía operativa en el Sahel central: tres Estados que, tras romper con el viejo andamiaje regional, intentan construir una capacidad propia para enfrentar una guerra difusa y transnacional. La pregunta de fondo es si ese “músculo” servirá para proteger a las mayorías —campesinos, trabajadores urbanos, comunidades desplazadas— o si terminará reproduciendo la lógica conocida del “orden” sin justicia social. Esa es, al final, la prueba que define si una alianza militar se convierte en base de estabilidad o en otro capítulo del mismo círculo de violencia.