El presidente del PPD sostiene que el progresismo llegará dividido al cambio de mando y que la fractura golpea directamente la aspiración de Boric de consolidar un bloque amplio. El conflicto por la Ley Naín-Retamal y el Caso Gatica deja una señal: la unidad no se desarma solo por diferencias ideológicas, sino por cómo se administran costos políticos cuando el Estado refuerza su carácter de instrumento de dominación de clase a traves de su aparato de seguridad.
A menos de dos meses de que José Antonio Kast asuma la presidencia (11 de marzo de 2026), el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, adelantó que la oposición que se configure desde entonces no será una sola: habrá “dos oposiciones” y “probablemente una nueva coordinación”. Su lectura parte de un hecho ya consumado: el quiebre del oficialismo en el tramo final del gobierno de Gabriel Boric, precipitado por la disputa interna tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el Caso Gatica y el reventón político alrededor de la Ley Naín-Retamal.
La afirmación es una constatación de la correlación de fuerzas dentro del progresismo: el PS congeló su participación en la alianza gubernamental tras recibir críticas desde el PC y el Frente Amplio, que responsabilizaron al Gobierno y a quienes aprobaron la Naín-Retamal, incluidos parlamentarios socialistas y del PPD, por haber reforzado herramientas legales que favorecen la impunidad en casos de violencia estatal y violaciones a los DDHH. En esa grieta, Quintana, el mismo que salió a apoyar el genocidio en Palestina, intenta fijar una línea: si la tensión sigue, el gobierno terminará “en estas condiciones” y se complejiza la construcción de una oposición coherente frente a Kast.
Quintana subrayó algo que en política suele pesar más que las diferencias programáticas: el momento. “Políticamente esto es un golpe a una de las aspiraciones importantes que tiene el Presidente”, dijo, porque una cosa es no haber logrado una coalición única y otra es que la coalición se fracture antes de que termine el mandato. En esa frase asoma un daño doble: se debilita la salida del gobierno y se debilita el punto de partida de la oposición. El problema no es solo “cómo nos alineamos frente a Kast”, sino “con qué autoridad política lo hacemos” después de una ruptura pública a partir de los resultados evidentes de un gobierno que termina a la baja..
El senador del PPD también apuntó a un factor organizativo: criticó que La Moneda “hace ya rato que no se toma en serio” el Comité Político Ampliado, el espacio que reúne al Presidente con ministros clave y dirigentes de partidos para coordinar. En su diagnóstico, una coordinación debilitada deja que los conflictos se acumulen sin mediación y estallen cuando ya no hay margen. Dicho sin eufemismos: la política no falla solo por ideas; falla por métodos y por ausencia de conducción de La Moneda en conflictos internos.
La lectura materialista de esta crisis permite comprender por qué la Naín-Retamal se volvió un detonante tan potente. Las coaliciones progresistas suelen articularse en torno a una promesa de derechos y reformas; pero cuando el clima social se ordena por la demanda de seguridad, el Estado desplaza energía hacia el aparato coercitivo y obliga a sus aliados a tomar posiciones costosas. Si apoyas la agenda de seguridad, eres acusado de avalar un “blindaje” policial; si la rechazas, se te acusa de desentenderte del miedo social. Esa pinza rompe la unidad porque no es un debate académico: es un debate ideológico que en tiempos de ausencia de la izquierda en la base social, se traduce en votos, en legitimidad y en costos simbólicos inmediatos.
Aquí aparece, casi por debajo del titular, el problema de fondo: el Estado es un terreno de disputa, pero también un dispositivo de reproducción del orden. Marx lo insinuaba al describir cómo el poder político tiende a administrar las condiciones de existencia del sistema; y Lenin lo volvió directo cuando habló del Estado como monopolio de la fuerza organizada. Cuando el progresismo gobierna sin alterar estructuras profundas, y con una sociedad tensionada por desigualdad, precariedad y miedo, termina como ahora, administrando esa fuerza en vez de transformarla. Y cuando esa administración se expresa en leyes o doctrinas que amplían presunciones a favor de quienes portan armas, el conflicto vuelve como un boomerang interno: los partidos se disputan quién “cargará” con la responsabilidad moral y política del resultado, y el resultado hoy es impunidad..
La idea de “dos oposiciones”, en ese sentido, no es solo una diferencia de estilos. Puede terminar siendo una división de funciones: una oposición que privilegie el eje institucional-parlamentario, la negociación y los acuerdos puntuales; y otra que apueste más a la movilización social, al conflicto abierto y a marcar una frontera ética fuerte respecto del aparato de seguridad. No necesariamente serán bloques cerrados, pero sí lógicas distintas. Y en un Senado sin mayorías claras, esa diferencia puede ser decisiva: la oposición que “coordine” votos puede definir la viabilidad de reformas regresivas; la oposición que “coordine” calle puede definir el clima político del período.
Quintana, al advertir el golpe a Boric, también reconoce algo que viene pesando desde el inicio del ciclo: el progresismo no solo perdió la elección; perdió parte de su capacidad de construir un sujeto político común. En esa pérdida se juega el futuro: si la oposición llega fragmentada al 11 de marzo, Kast se encontrará con un escenario donde la resistencia se dispersa, y la gobernabilidad se construye más fácil desde la derecha, no porque sea “más fuerte” por esencia, sino porque la fragmentación del adversario reduce costos de imposición.
En suma, el anuncio de “dos oposiciones” es la forma política de una contradicción material: un bloque que gobernó con límites, y que hoy discute cómo enfrentará un gobierno abiertamente conservador, debe decidir si su unidad se construye desde la administración del orden o desde la reconstrucción de un proyecto de mayorías. Y esa decisión no se resolverá con declaraciones: se resolverá en la práctica, en el Congreso, en el territorio y en la capacidad de convertir la autocrítica en estrategia.