En medio de evacuaciones masivas y condiciones extremas de calor y viento, La Moneda informó un salto abrupto en la cifra de víctimas fatales y evitó difundir ubicaciones mientras trabajan policías y fiscalía. La tragedia vuelve a exponer una combinación letal: crisis climática, modelo forestal de alta combustibilidad y precariedad territorial.
Por Equipo El Despertar
La emergencia por incendios forestales en el sur entró este domingo en una fase crítica. Tras el COGRID nacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que durante la mañana se registraban 15 fallecidos en la región del Biobío, además del deceso reportado el día anterior en Bulnes (Ñuble), llevando el total oficial a 16 víctimas fatales en ese momento. La autoridad sostuvo que el Gobierno conoce la zona exacta de los hallazgos, pero que no la divulgará “por prudencia”, mientras la policía trabaja en el lugar.
A la par, se reportaron 19 personas lesionadas, con 14 en Ñuble y 5 en Biobío, según el balance entregado por Interior. En Penco, el alcalde Rodrigo Vera añadió un dato que dimensiona el impacto local: relató que en una reunión con la PDI, Bomberos y Conaf se le confirmó de manera preliminar que habría 14 fallecidos solo en su comuna, distribuidos en sectores como Punta de Parra, Geo Chile y Río de Chile. En el Gobierno insistieron en que el catastro está en curso y puede actualizarse conforme avance el acceso seguro a zonas comprometidas por el fuego.
El incremento de víctimas ocurre en un cuadro de rápida propagación del fuego. El Presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en Ñuble y Biobío, anunciando despliegue de recursos y confirmando un viaje a la zona afectada. Conaf reportó 24 incendios activos a nivel nacional durante la mañana, con los focos más destructivos en esas dos regiones, y Senapred informó cerca de 20.000 evacuados y al menos 250 viviendas destruidas, además de una superficie quemada cercana a 8.500 hectáreas en las áreas más golpeadas.
Las autoridades han insistido en que las condiciones meteorológicas están jugando en contra: vientos fuertes y temperaturas que pueden alcanzar hasta 38°C entre Santiago y Biobío, bajo alertas de calor extremo, han facilitado la expansión y dificultado el trabajo de brigadas y bomberos. Esta dimensión climática no es un telón de fondo: es el combustible invisible que convierte cualquier chispa en catástrofe cuando coincide con sequedad acumulada, vegetación inflamable y alta exposición humana en la interfaz urbano-rural.
Hasta aquí, el relato es el de una emergencia que se administra con logística, evacuaciones y control del territorio. Pero, si uno mira el patrón que se repite en Chile —una y otra vez—, aparece una pregunta que no cabe solo en el parte policial: ¿por qué estos incendios se vuelven tan devastadores cuando se combinan con el modelo territorial existente? No basta con decir “el clima”, así como no basta con decir “la intencionalidad” cuando aún se investigan causas. La estructura importa.
En Biobío y Ñuble, el fuego se desplaza con especial velocidad por una geografía donde la matriz forestal y el uso del suelo han sido organizados durante décadas para maximizar rendimiento exportador: grandes superficies continuas de monocultivos y zonas de transición donde se expanden asentamientos y viviendas con infraestructura limitada. En ese marco, el incendio deja de ser “un accidente natural” y pasa a funcionar como un riesgo sistémico: se acelera la combustibilidad, se multiplica la exposición y se vuelve más difícil contenerlo con recursos públicos que suelen llegar tarde o fragmentados.
No es casual que, cuando el Estado se ve obligado a declarar catástrofe, su primera tarea sea reconstituir algo básico: presencia efectiva y coordinación en terreno. En condiciones normales, esa presencia suele estar mediada por privatización de servicios, subcontratos, municipios con capacidades dispares y un aparato de prevención que depende del ciclo presupuestario más que del ciclo ecológico. Y ahí aparece la dimensión de clase: quienes viven más cerca de los focos de riesgo —trabajadores rurales, poblaciones periurbanas, familias sin seguros ni redes de respaldo— son los primeros expuestos y los últimos en recuperar lo perdido.
La tragedia también muestra el límite de una política que se concentra en la respuesta y no en la prevención estructural. En emergencias, el Estado “llega” con helicópteros, brigadas y mensajes de evacuación; pero la prevención exige decisiones menos vistosas y más conflictivas: regulación del uso del suelo, cortafuegos reales, estándares de construcción y planificación, fiscalización del manejo de plantaciones, infraestructura hídrica y eléctrica resiliente, y un sistema robusto de protección civil con recursos permanentes. Eso choca, inevitablemente, con intereses económicos y con la lógica de corto plazo.
Engels escribió, en un pasaje célebre, que no debemos embriagarnos con las “victorias” sobre la naturaleza, porque “por cada una de esas victorias, la naturaleza se venga”. La frase no es fatalismo: es advertencia. Cuando la producción se organiza como dominación y extracción sin medida, la cuenta vuelve en forma de sequías, incendios y colapsos que ya no distinguen entre lo “natural” y lo “social”. En Chile, la venganza no cae del cielo: se construye históricamente con decisiones económicas, urbanas y ambientales que dejan territorios más inflamables y comunidades más desprotegidas.
En lo inmediato, el énfasis debe estar —sin ambigüedad— en proteger vidas: evacuaciones oportunas, cumplimiento de alertas, resguardo de rutas, acceso a información clara y recursos para quienes lo pierden todo. Pero, si el debate termina solo en el número de fallecidos y en la foto del incendio, se repite el ciclo más cruel: conmoción, promesas, olvido y nuevo desastre. La pregunta de fondo es si la catástrofe se leerá como “evento excepcional” o como síntoma de un modelo que convirtió el territorio en una máquina de riesgo.
Porque, al final, el incendio no solo quema bosques y casas: quema una certeza mínima de seguridad cotidiana. Y cuando esa certeza se rompe, la discusión no puede ser solo de emergencia; tiene que ser de justicia territorial, de planificación y de soberanía real sobre el modo en que se produce y se habita.