La demanda de reparo contra Virginia Reginato y exdirectivos de la Corporación Municipal de Viña del Mar se origina en años de cotizaciones previsionales y de salud pagadas fuera de plazo: intereses, reajustes y cobranzas cubiertos con recursos públicos tras usar esos fondos “para otros fines”. El caso vuelve a mostrar cómo, en la municipalidad neoliberal, el salario diferido se vuelve caja de financiamiento y la deuda termina socializándose.
Por Equipo El despertar
La Contraloría General de la República abrió un nuevo frente judicial en la larga crisis financiera de Viña del Mar: notificó una demanda de reparo (juicio de cuentas) para que la exalcaldesa Virginia Reginato y 11 exdirectivos de la Corporación Municipal restituyan $1.122.359.123, monto que el ente fiscalizador vincula a un perjuicio patrimonial causado por el pago tardío de cotizaciones previsionales y de salud entre 2020 y 2023. La controversia, que ahora será vista por el Tribunal/Juzgado de Cuentas, se sostiene en la tesis de “conductas negligentes” de quienes tenían el deber de enterar oportunamente esas cotizaciones.
El punto no es menor, porque el reparo no se basa en una deuda abstracta, sino en el sobrecosto del atraso: intereses, reajustes y gastos de cobranza que terminan saliendo desde una caja ya asfixiada y, por tanto, compiten con servicios esenciales. Un informe de Contraloría sobre la Corporación Municipal (citado por prensa) cuantificó que, entre 2020 y 2023, se desembolsaron $3.024.545.004 por intereses y reajustes y $571.544.716 por gastos de cobranza debido al pago extemporáneo de cotizaciones. En otras palabras: una parte relevante del “incendio financiero” no es gasto social, sino penalidades por haber usado el dinero de la seguridad social como si fuera un crédito barato.
Ahí aparece la dimensión política del caso. Contraloría sostiene que esos montos se cubrieron con recursos públicos luego de que las cotizaciones “se ocuparan para otros fines”, generando un daño directo al patrimonio corporativo. La lectura es explosiva porque desarma la coartada típica: no se trata solo de “mala gestión”, sino de un mecanismo material de sobrevivencia institucional basado en patear obligaciones laborales para financiar el día a día. La Tercera recordó, además, que Contraloría ya había advertido una deuda previsional nominal relevante y atrasos prolongados en algunos casos (incluso sobre los 600 días), reforzando la idea de un patrón y no de un accidente.
En ese marco, la reaparición del nombre de Javier Macaya no cambia el núcleo del juicio de cuentas —Macaya no es parte de la demanda actual—, pero sí funciona como recordatorio de cómo se han tejido redes de poder alrededor de la Corporación Municipal. El tema volvió a circular porque investigaciones periodísticas sostienen que el senador UDI trabajó como jefe del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal (mediados de los 2000) y recibió un finiquito relevante al término de su contrato. El Ciudadano afirma que el finiquito de 2009 ascendió a $13.398.340 (incluida una indemnización), y la reseña biográfica de la BCN confirma que Macaya dirigió el Departamento Jurídico de esa corporación en el período.
¿Por qué esto importa más allá del dato? Porque el juicio de cuentas por cotizaciones impagas expone un rasgo estructural de las corporaciones municipales: operan como “entes privados” que administran derechos sociales (salud y educación), y eso permite una zona gris donde la precariedad se normaliza y el costo se transfiere hacia abajo. Las cotizaciones no son un impuesto cualquiera: son salario diferido. Cuando se retienen y se usan para otros fines, el trabajador paga dos veces: primero, porque su derecho previsional y de salud queda en riesgo; segundo, porque el Estado/municipio termina cubriendo multas e intereses con recursos públicos, es decir, con el presupuesto que debería mejorar servicios para la misma comunidad.
Ese mecanismo encaja con una lógica conocida del capitalismo: socializar pérdidas y privatizar decisiones. Marx decía que el salario es la forma monetaria de la fuerza de trabajo; tocarlo por la vía de la cotización impaga es tocar la reproducción material de la vida. Y cuando los costos explotan, se busca que el conjunto —el municipio, el fisco, la población— absorba el daño. No es casual que, en crisis, el primer ajuste sea sobre aquello que no tiene lobby: la vida cotidiana de quienes sostienen el servicio.
El juicio de cuentas, por lo mismo, no debería leerse como un capítulo “administrativo” más. Es un indicador de cómo se financia en los hechos una parte del Estado local cuando se prioriza la obra visible, la máquina política o la contabilidad creativa: se patea la obligación laboral, se paga después con intereses, y la ciudad queda con menos capacidad para responder a la emergencia social. El desenlace judicial dirá quién responde patrimonialmente, pero el problema de fondo seguirá vigente mientras la gestión municipal funcione con este tipo de “créditos” tomados del salario de sus propios trabajadores.