Un reconocimiento de transferencias al entorno íntimo de una ministra de la Suprema, según fuentes citadas por Reportea, refuerza la hipótesis de sobornos y lavado en un litigio millonario con Codelco. La causa muestra cómo el poder económico busca convertir tribunales en un tramo más de la cadena de negocios, y cómo la “colaboración eficaz” puede volverse un campo de disputa cuando sube el costo político-penal.
Por Equipo El despertar
La investigación conocida como “trama bielorrusa” sumó un antecedente de alto impacto: el abogado Eduardo Lagos, imputado y hoy en prisión preventiva, habría admitido ante la fiscalía que se realizaron transferencias de dinero a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. La información, revelada por Reportea y atribuida a tres fuentes sin conexión entre sí, es relevante porque, de confirmarse en sede procesal y pericial, cierra una brecha que hasta ahora se mantenía abierta: la del “eslabón confesional” que conecta pagos con el círculo íntimo de una autoridad judicial. En casos de corrupción compleja, ese tipo de reconocimiento no sustituye la prueba, pero ordena el mapa: vuelve más plausible la hipótesis de cohecho y refuerza la ruta del dinero que el Ministerio Público dice haber reconstruido.
El núcleo de la causa, tal como se ha descrito públicamente, gira en torno a una premisa vieja y siempre eficaz: comprar decisiones. Según la Fiscalía, Lagos y su socio Mario Vargas, los mismos que iniciaron el caso contra el Ex Alcalde Jadue, representantes del consorcio Belaz Movitec (CBM), habrían pagado sobornos a través de Migueles para influir en fallos y resoluciones entre 2023 y 2024 en un litigio con Codelco, que terminó con pagos millonarios de la estatal al consorcio. El monto bajo sospecha superaría los $90 millones, aunque el expediente sigue creciendo. La lógica sería doble: por un lado, asegurar el resultado judicial; por otro, blanquear el origen del dinero mediante capas sucesivas, conservadores de bienes raíces, una casa de cambios, que permiten fragmentar, mover y “normalizar” transferencias que, de otro modo, serían visibles como coima directa.
En ese entramado, la eventual formalización de Ángela Vivanco asoma como el próximo umbral político. La declaración de Lagos sería clave para “la segunda parte” de la causa, que incluiría una probable formalización, mientras se espera una decisión institucional de la Corte Suprema. La situación se habría agravado con otra declaración ya difundida: la de Yamil Najle, conservador formalizado, quien habría afirmado que Vivanco redactó uno de los contratos usados para justificar pagos, contradiciendo la tesis de desconocimiento que su defensa habría sostenido. En estas causas, los contratos “de papel” cumplen una función conocida: transformar sobornos en “honorarios” o “asesorías” para que el dinero parezca parte de una relación económica lícita.
Lo llamativo, y políticamente revelador, es que la cooperación de Lagos con el Ministerio Público habría durado poco. El reportaje describe que el acuerdo de colaboración se firmó a cambio de beneficios procesales, y que, como primer gesto, Lagos permitió el peritaje de su teléfono (un iPhone incautado, pero inaccesible por negativa a entregar claves). Ese tipo de evidencia digital es crucial: mensajes, correos, calendarios, ubicaciones y transferencias suelen entregar la “gramática” del pacto ilícito. Sin embargo, al día siguiente, la cooperación se habría quebrado en medio de discusiones, gritos y la negativa a firmar el acta que resumía lo declarado, abriendo un flanco de confrontación directa con el fiscal Marco Muñoz y con su propia defensa. La secuencia posterior, recurso de amparo, querella por supuestos apremios ilegítimos, exposición mediática y renuncia de abogados, sugiere un giro táctico: pasar de colaborar a disputar la legitimidad del procedimiento.
Ese giro no es anecdótico: muestra cómo funcionan los incentivos y los límites de la “colaboración eficaz” cuando el caso escala hacia el corazón de una institución como la Corte Suprema. Mientras el imputado coopera, el proceso se presenta como una vía de “objetividad” y eficacia; cuando se retira la cooperación, el conflicto se desplaza hacia el terreno de las formas (trato, grilletes, condiciones), buscando debilitar al persecutor y sembrar dudas sobre el método. En términos simples: cuando la evidencia amenaza con volverse irreversible, la defensa cambia el campo de batalla.
La dimensión estructural del caso está en lo que pone en juego: no es solo un delito económico, es una disputa por captura institucional. Cuando un consorcio empresarial se enfrenta a una empresa estatal estratégica como Codelco, el litigio no es únicamente jurídico; es parte del conflicto por renta y poder. Si la hipótesis fiscal es correcta, el tribunal deja de ser árbitro y pasa a ser un tramo del negocio, un “costo” más dentro de la contabilidad corporativa. Marx lo dijo en una fórmula brutalmente vigente: el Estado moderno tiende a operar como “un comité que administra los asuntos comunes” de la clase dominante. No significa que todo juez sea corruptible; significa que, bajo presión, el capital intenta convertir instituciones públicas en instrumentos de su interés, ya sea por lobby, por puertas giratorias o, en su forma más cruda, por soborno.
Aquí aparece también el fetichismo de la “técnica”: se suele decir que la justicia es neutral y que los fallos son solo derecho. Pero cuando irrumpen transferencias, conservadores, contratos “ideológicamente falsos” y casas de cambio, se hace visible lo que normalmente se oculta: que la neutralidad institucional depende de condiciones materiales (controles, trazabilidad, sanción real) y que, sin ellas, el poder económico encuentra caminos para torcer el resultado. Por eso estas causas no son solo penales: son un espejo de cómo circula el poder en una sociedad desigual.
En lo inmediato, conviene mantener dos planos claros. Primero, el plano judicial: lo descrito sigue siendo, en parte, información de prensa y alegaciones en desarrollo; corresponde que se pruebe en juicio con debido proceso y contradicción, preservando la presunción de inocencia. Segundo, el plano político: incluso antes de una condena, el solo hecho de que se investigue una compra de fallos en la Suprema golpea la legitimidad del sistema, porque instala la sospecha de “justicia por capacidad de pago” en un país donde la desigualdad ya erosiona confianza en el Estado.
La “trama bielorrusa”, por tanto, no es un escándalo aislado: es una ventana a una pregunta incómoda para la democracia chilena. ¿Qué tan blindadas están las instituciones cuando se cruzan litigios millonarios, redes de abogados de alto perfil, operadores de dinero y relaciones íntimas con autoridades? La respuesta no se juega solo en esta formalización o en este imputado: se juega en si el Estado es capaz de cortar la cadena completa —dinero, intermediarios, favores, retornos— o si, como tantas veces, la estructura sobrevive y solo se sanciona un eslabón para salvar la máquina.