A horas del anuncio en la “Moneda chica”, la lista que circula en prensa sugiere un gabinete con predominio de independientes —récord desde 1990— y fuerte presencia de perfiles empresariales y técnicos. La apuesta busca “orden y credibilidad” de arranque, pero tensiona la mediación partidaria y anticipa un gobierno más anclado en el mercado que en coaliciones orgánicas.
Por Equipo El Despertar
En medio de los incendios que han golpeado a Ñuble y Biobío, José Antonio Kast mantuvo su decisión de presentar el martes 20 de enero a su primer gabinete, con un acto más sobrio de lo previsto, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) en La Gloria 88, Las Condes, cerca de las 21:00 horas. La emergencia obligó a ajustar formato y tono, se evaluó incluso postergar, pero finalmente el equipo optó por no mover la fecha.
La expectativa no se explica solo por los nombres, sino por el diseño político que dejan entrever. Distintos reportes coinciden en que Kast llegaría con un gabinete de 25 ministerios donde 17 serían independientes, una cifra que, de confirmarse, convertiría a su administración en la que más “sin militancia” incorpora desde el retorno a la democracia. En el mismo análisis, se compara con el récord previo atribuido a Sebastián Piñera, que habría tenido nueve independientes.
Según las nóminas que han circulado en prensa, Interior quedaría en manos de Claudio Alvarado (UDI) y la Segpres en José García Ruminot (RN), mientras que otras carteras claves quedarían en perfiles sin partido: Jorge Quiroz en Hacienda, Daniel Mas en Economía y Mara Sedini en Vocería. En Relaciones Exteriores aparece como carta consolidada Francisco Pérez Mackenna, actual gerente general de Quiñenco (grupo Luksic), quien, según Pulso, debería dejar una veintena de cargos y asientos en empresas ligadas al holding para asumir en Cancillería.
Dos carteras que hasta último minuto se presentaban “en vilo”, Seguridad Pública y Minería, comenzaron a aclararse con el correr de la mañana. En Seguridad se instaló como opción fuerte la exfiscal Trinidad Steinert, quien renunció al Ministerio Público y fue mencionada en medios como la carta para encabezar la nueva cartera; y para Minería se reportó el nombre de Santiago Montt Oyarzún, abogado con trayectoria en la industria minera.
En el bloque de ministros con militancia, además de Alvarado y García Ruminot, figuran —según esos listados— María Jesús Wulf (Partido Republicano) en Desarrollo Social, Francisco Undurraga (Evópoli) en Cultura, Judith Marín (Partido Social Cristiano) en Mujer, y Ximena Rincón (Demócratas) en Energía. La composición muestra, por tanto, una fórmula mixta: el “núcleo duro” partidario aparece, pero el volumen de la estructura descansa en perfiles técnicos y de redes empresariales.
La pregunta de fondo no es si habrá independientes, sino qué significa gobernar con tantos independientes. The Clinic recoge un diagnóstico extendido en analistas: un gabinete con mayoría de técnicos puede dar “orden y credibilidad inicial”, pero no reemplaza la intermediación política; sin puentes con partidos, la gobernabilidad se vuelve más frágil, transaccional y dependiente del conflicto. Dicho de forma simple: sin coalición orgánica, el gobierno depende de acuerdos caso a caso y del control que logre sobre su propia bancada y aliados.
Ese diseño tiene, además, un subtexto de clase. En la práctica, “independiente” muchas veces significa independiente de los partidos, pero no necesariamente independiente de los mercados. Que Hacienda, Economía, Minería y Cancillería queden en manos de figuras con trayectoria empresarial o vínculos estrechos con el mundo corporativo sugiere un gobierno que busca anclarse en la confianza del capital: inversión, permisos, estabilidad y negocios como ejes.
Es aquí donde conviene leer el gabinete no como un álbum de rostros, sino como un mapa de prioridades. Marx describía al Estado moderno como un “comité que administra los asuntos comunes” del orden dominante. En contextos de incertidumbre, ese comité tiende a reforzar la promesa de estabilidad para quienes controlan inversión y crédito. El resultado suele ser una política pública orientada a destrabar proyectos, reducir fricciones regulatorias y asegurar condiciones de acumulación, aun cuando eso choque con demandas y derechos sociales de salario, vivienda, servicios o protección ambiental.
En América Latina, esa forma de gobernar suele venir acompañada de un segundo movimiento: despolitizar las decisiones presentándolas como técnica inevitable. Dussel advierte que el poder se “fetichiza” cuando se separa del pueblo y se presenta como autoridad que decide por encima, sin escuchar ni obedecer. Un gabinete “tecnócrata”, si no está anclado en organización social y deliberación real, corre el riesgo de administrar el país como planilla y no como conflicto vivo.
Al mismo tiempo, la apuesta de Kast tiene lógica táctica: al llenar carteras con figuras de confianza personal —y no con parlamentarios en ejercicio— reduce la pelea por cupos, evita mover piezas del Congreso y manda una señal de “profesionalización”. Pero esa ventaja puede volverse boomerang cuando se abran los primeros conflictos: incendios, reconstrucción, seguridad, migración, huelgas, crisis de servicios. En esos momentos, los ministros “de paso” suelen quedar expuestos como fusibles, mientras los partidos —si no se sienten parte del timón— administran costos desde afuera.
En resumen, el gabinete que asoma no es solo el elenco de un gobierno: es la forma en que un proyecto busca gobernar. Con más independientes que militantes, Kast parece apostar a una conducción desde el “orden técnico” y la credibilidad empresarial. La incógnita es si esa fórmula basta para sostener mayoría social y disciplina política cuando la realidad —incendios, inflación, seguridad, desigualdad— empuje el conflicto de vuelta a la puerta del Estado.