En una declaración pública fechada el 20 de enero, la Central Unitaria de Trabajadores sostuvo que la incorporación “masiva” de altos ejecutivos y directores provenientes de grupos que —afirma— controlan el 85% de la economía nacional no es neutral: instala un conflicto de interés estructural y pone en riesgo la imparcialidad del gobierno en materias laborales y de distribución de la riqueza.
Por Equipo El Despertar
La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) emitió una declaración pública en la que fija posición frente a la conformación del gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast, advirtiendo que la composición del futuro Ejecutivo representa, a su juicio, un salto cualitativo en la influencia directa de los grupos económicos sobre las instituciones del Estado.
El texto, difundido desde Santiago con fecha 20 de enero de 2026, sostiene que la presencia de altos ejecutivos y directores ligados a conglomerados no puede tratarse como un hecho meramente administrativo. “No es un hecho administrativo neutral”, plantea la CUT, sino la “formalización de una captura corporativa de las instituciones públicas”, al trasladar “la lógica de los directorios privados al corazón del Estado”. Bajo esa lectura, la central sindical afirma que se configura un conflicto de interés estructural que tensiona el deber del gobierno de velar por el bienestar de las mayorías por sobre la rentabilidad de una minoría.
En su declaración, la CUT señala que la nueva configuración del poder Ejecutivo obliga a distinguir entre el “interés del país” y el “interés del gran capital”. Para el mundo del trabajo —agrega—, un gabinete compuesto por representantes directos de la concentración económica difícilmente podrá operar como “árbitro justo” en ámbitos sensibles como la distribución de la riqueza o la protección de los derechos laborales. La señal, advierte, sería la de una administración que pretende gestionar lo público bajo criterios de “eficiencia corporativa”, priorizando balances financieros por sobre la seguridad social de las familias.
En ese marco, la central sindical introduce un mensaje de organización: afirma que, ante este escenario, la organización sindical se vuelve una herramienta de equilibrio democrático “más indispensable que nunca”. Y añade una autodefinición política-institucional: en su rol de “contraparte del Estado” y como la única central sindical que —según el propio texto— cuenta con la representación y legitimidad que establece la ley, la CUT dice erigirse como “muro de contención institucional” frente a cualquier intento de subordinar la vida de las personas a los intereses del mercado.
El comunicado insiste en que su prioridad será defender el derecho de quienes producen la riqueza a recibir una retribución justa, contraponiendo dos realidades: por un lado, ministros provenientes de sectores que administran grandes capitales; por otro, la situación de millones de hogares que —según el documento— solo aspiran a llegar a fin de mes. En esa línea, la CUT sostiene que no permitirá que la conducción del país se convierta en una extensión de la gestión privada ni que se posterguen las urgencias de quienes viven de su trabajo en favor de los beneficios de unos pocos.
Aunque el texto no menciona nombres específicos del gabinete, su foco está puesto en el perfil social de la conducción estatal y en la dirección que —según la CUT— eso anticipa: reformas pro-mercado, debilitamiento del rol arbitral del Estado y un reordenamiento de prioridades donde el ajuste recaería sobre los sectores asalariados.
En términos de economía política, la declaración de la CUT pone en el centro un debate que suele quedar escondido tras el lenguaje técnico: quién gobierna realmente cuando el Ejecutivo se puebla de “expertos” formados en el directorio empresarial. La lectura sindical enlaza esa presencia con la concentración del poder económico y con el riesgo de que la política pública sea diseñada desde la lógica de la rentabilidad. En una frase clásica, Marx describía al poder ejecutivo como administración de “los asuntos comunes” del orden dominante; la CUT traduce esa idea a lenguaje contemporáneo al hablar de “captura corporativa” y conflicto de interés estructural.
El comunicado se suma así a un clima de creciente vigilancia y tensión política ante el inicio del próximo ciclo gubernamental. Desde el sindicalismo, la señal es que la disputa no será solo parlamentaria o comunicacional: se jugará en el terreno concreto de salarios, estabilidad laboral, negociación colectiva, derechos sociales y prioridades presupuestarias, con la CUT buscando posicionarse como actor de contrapoder organizado frente a un gabinete que, a su juicio, representa la formalización del gran capital dentro del Estado.